Días finales y perspectivas en la Justicia

Empieza una semana decisiva en el Poder Judicial de Tucumán. Entre mañana y el lunes, los vocales de la Corte Suprema tendrán -sí o sí- que renovar la presidencia del cuerpo, y repartir las representaciones en el Consejo Asesor de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y la Junta Federal de Cortes. A ese lote hay que sumar el manejo del Centro de Especialización y Capacitación interno. Los mandatos actuales vencen el 25 de noviembre. Pero los vocales Daniel Posse, Antonio Daniel Estofán, Claudia Sbdar, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos disponen de sólo tres días hábiles para definir el nuevo esquema de poder porque, debido a las licencias médicas y comisiones, recién volverán a coincidir el jueves. El diferimiento hasta el plazo límite de unas elecciones tan anunciadas predica sobre su relevancia. La conflictividad “trucumana” en todos los órdenes depende, en cierta medida, de estos comicios.

Aunque no está descartada la continuidad del presidente Posse, este mandó señales de que pretende volver a la condición de “juez supremo raso”. En el segundo piso del Palacio de Justicia deslizan que el titular saliente se siente hastiado. Algunos de sus interlocutores dicen que lo saturó la lidia con los pedigüeños y que comienza a ver con agrado el acceso a la jubilación con el beneficio del 82% móvil. Hay quienes incluso imaginan al ex funcionario de José Alperovich en una salida a lo Alfredo Dato (2007), que implique cambiar la vocalía por un cargo electivo nacional. Son conjeturas, pero más de un oficialista se ilusiona con la idea de que el Gobierno de Juan Manzur consiga “su mayoría propia” en el alto tribunal a costa de reemplazar al senador Alperovich con uno de sus hombres más favorecidos. Para esa visión revanchista, sería un jaque mate.

El sufragio de Posse es determinante para el cónclave electoral en ciernes no sólo porque le toca abrir la votación. Hacia él miran los que, engolosinados con la trayectoria ascendente de Manzur, creen que Leiva dará el batacazo y romperá la tradición no escrita que impone una adaptación de al menos dos años en la Corte antes de presidirla. Posse dijo a quienes lo tantearon hace poco que él mantendrá su palabra y votará por Sbdar. Esta vocal, que aguarda su oportunidad desde 2008, también tendría el compromiso de Estofán. Los dos ya habían anunciado en 2017 que iban a apoyar a su compañera, pero en esa ocasión nadie la votó. Tales antecedentes hacen que las especulaciones vayan por el lado del desquite y, también, lo pongan en duda.

En la historia reciente de la Corte abundan las idas y las vueltas. Lo prueba el lazo de Sbdar y de Estofán, que cerca estuvo de una fractura sangrienta en 2015, y hoy exhibe una madurez más que digna para la convivencia siempre proclive a las fricciones en un órgano colegiado. “Se aceptaron como son”, concluyen algunos príncipes del foro. Esa sabiduría podría generar réditos enormes para ambos. Sucede que Estofán saldría muy fortalecido del proyecto “Sbdar, primera presidenta del alto tribunal”. El ex fiscal de Estado de Alperovich soportó con estoicismo las flechas que le lanzaron durante la gestión anterior de Manzur, donde no disimulan las ganas de “jubilarlo”. Pero en el oficialismo deberán arriar esa bandera porque Estofán tiene una cercanía cuasi familiar con Marcela Losardo, una de las lugartenientes del presidente electo Alberto Fernández. La ministrable es amiga íntima de la esposa del vocal, la camarista de San Martín (Buenos Aires), Silvina Pérez Cuervo. Así son las vueltas de la vida.

Los dados que determinarán la presidencia de la Corte por extensión determinarán el desarrollo de la agenda que la involucra, y que, para empezar, atañe al conjunto de la magistratura y al establishment en general. Un asunto desvela a unos y a otros: la reforma constitucional. Aunque el vicegobernador Osvaldo Jaldo se paró en contra de la habilitación de la reelección indefinida después de la victoria del 9 de junio, las espadas de Manzur recuerdan que el número dos es un campeón del cambio de opinión. Envalentonados por el aplastamiento de Alperovich, algunos se ilusionan incluso con avanzar sin el visto bueno de Jaldo. Cualquiera de las alternativas estresará a la Corte, cuyo titular ha de liderar la Junta Electoral implicada en la organización de los eventuales comicios de convencionales constituyentes. Los precedentes obligan a la cautela: la reforma constitucional alperovichista de 2006 fue el mayor desastre institucional de la provincia, pero hay que recordar que Manzur presidió esa Convención y que aquel trabajo catapultó su carrera. Las voces críticas con la adicción a las reelecciones también aconsejan dirigir la vista hacia Bolivia.

Si la enmienda a la Constitución es, a lo sumo, puro deseo o puro temor, la reforma procesal penal se presenta como una bomba activada a punto de estallar. El próximo jefe del máximo tribunal tendrá que vérselas con la aplicación total de esa transformación que empezó siendo una panacea y hoy genera un sinfín de dudas. La primera es qué pasará con las causas en trámite según las reglas de 1991. Por lo bajo se comenta que el precio de lo nuevo es la impunidad de buena parte de lo viejo -léase más descrédito-. A ello hay que añadir los interrogantes que plantean la transferencia de la persecución del narcomenudeo a la Justicia provincial, y el hecho de que, como consecuencia de esas modificaciones, habrá más presos en una jurisdicción en la que, por la desidia de los gobernantes y la ineficacia de los controles, las cárceles colapsaron hace años. Estos retos han de ser afrontados con una dotación escuálida de jueces, fiscales y defensores oficiales: está todo preparado para la avalancha de nombramientos precarios, modalidad que presiona sobre la ya vapuleada independencia judicial. Y aún queda por mencionar la camanchaca de la Justicia de Paz; la implementación de la oralidad de los fueros civiles; las restricciones económicas; las versiones insistentes de espionaje ilegal... Esa carga -¿yunque?- caerá sobre quien consiga al menos tres votos, incluido el propio, para encabezar la Corte en el período 2019-2021.