Rocchia Ferro: “no podemos depender del dedo de un empresario o de un funcionario”

El empresario quiere hacer hasta 20.000 lotes en San Pablo. Qué opinan los intendentes de Tafí Viejo y de Yerba Buena.

17 Nov 2019 Por Soledad Nucci
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CAMINO DE SIRGA. Separa Yerba Buena y El Manantial, donde prohibieron ciertos desarrollos inmobiliarios.

“La presión que estamos sufriendo los municipios y las comunas pedemontanas es enorme. Es enorme”, repite Javier Noguera, a fin de transmitir la dimensión de lo que se vive en esas localidades debido a la expansión demográfica e inmobiliaria. “En los últimos años, la migración interna ha desplazado a la población hacia la montaña. Cualquier urbanista recomendaría que se implementen estrategias para que la gente se monte sobre el este, en vez del oeste”, prosigue el intendente de Tafí Viejo.

La aseveración de Noguera se produce luego de que el delegado comunal de El Manantial, Juan Carlos Bernard, decidiera, esta semana que pasó, suspender todos los desarrollos urbanos en esa jurisdicción. Lo hizo con dos argumentos centrales: que el crecimiento sin planificación ha causado un alto impacto en el medio ambiente y en la provisión de servicios, y que se ha llegado a esa situación porque los inversores hacen countries y barrios cerrados sin tener las autorizaciones de las dependencias del Estado que deberían controlarlos.

“Esto ha generado un conflicto con las áreas naturales. Los bosques del pedemonte están siendo degradados”, añade Noguera. En el caso de Tafí Viejo, afirma que en los últimos cuatro años no se han autorizado loteos en pendientes.

Colapsan los accesos

El empresario Jorge Rocchia Ferro -propietario de la Compañía Azucarera Los Balcanes SA y de proyectos habitacionales- se muestra de acuerdo con lo resuelto por Bernard, pero advierte: “así como no podemos depender del dedo de un empresario que haga lo que quiera, tampoco podemos depender del dedo de un funcionario”. Para eso, le pide al Gobierno provincial que conforme una mesa multisectorial (”donde me dejen participar”, dijo) con el objetivo de diseñar políticas de planificación.

“En nuestro caso, hemos proyectado entre 20.000 y 15.000 lotes en San Pablo. Queremos invertir bajo la tutela de reglas claras y previsibles en el tiempo. Ya se han hecho muchísimos countries en esa zona. Y eso ha empezado a provocar el colapso de los accesos”, ejemplifica. Luego menciona la necesidad de que se corrija la “deriva expansiva e incontrolable de las grandes concentraciones urbanas”, con incentivos para quienes efectúen viviendas en otras localidades, como Burruyacu, Alderetes, Los Ralos o Cruz Alta. “No es justo que todo sea para Yerba Buena y sus alrededores”, razona.

Y aunque el intendente yerbabuenense, Mariano Campero, suele definirse a sí mismo como dialoguista con el sector empresarial, a fines de 2015 hizo uso de sus facultades para prohibir, mediante un decreto, la radicación de countries y emprendimientos similares al oeste del río Muerto. Al tiempo, los concejales de ese municipio convirtieron aquel dictamen en una ordenanza. “Nosotros no podemos subirnos al colectivo que plantean algunos inversores, que quieren la mayor ganancia en desmedro del medio ambiente. Eso es una locura. El crecimiento sin un ordenamiento del uso suelo aumenta la vulnerabilidad de las ciudades antes eventos naturales, como las inundaciones”, reflexiona. Campero cree que la meta debería ser un plan territorial integral para los distritos localizados al pie del cerro.

Mientras tanto, Bernard no se amilana. Al contrario: asegura, al menos ante los requerimientos periodísticos, que su objetivo es, de a poco, suspender todas las urbanizaciones especiales. “Hoy, los empresarios top de Tucumán vienen aquí, compran tierras y se ponen a lotear sin autorización de nadie. ¡Basta! Desde ahora, será la comuna la que decida si permite o no un loteo. No queremos más countries; nos causan perjuicios”, dice.

No obstante, el empresario Germán Schilman entiende que los emprendimientos cerrados son la tendencia en Yerba Buena, Tafí Viejo, El Manantial y San Pablo. “Hay muchas ganas en el sector inmobiliario de invertir en countries, torres de baja altura y locales comerciales. Si existiese una decisión de los gobernantes de que haya una planificación para esos nuevos desarrollos, sería acertada”, piensa. “Hay que planificar para abrir escuelas, centro de salud y oficinas. La gente quiere tener su trabajo cerca”, observa.

Ayer, en este diario se publicó la postura de los nuevos conductores de la Dirección Provincial del Agua (DPA), Mario Parrado y Martín Iturre. Ambos habían coincidido en que se debe avanzar hacia la conformación de una normativa provincial que limite las construcciones al pie del cerro.

Está previsto que en unas semanas se realice la tercera de una tanda de reuniones concertadas por la Secretaría de Obras Públicas, con el objetivo de coordinar instrumentos de desarrollo urbano y territorial piedemontano. Hasta ahora, de esos encuentros han participado representantes de la DPA, Vialidad y de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), entre otros.

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