Tras los gritos, llegó la calma y se aplazaron los paros

Tras los gritos, llegó la calma y se aplazaron los paros

UTA y Aetat se dieron 10 días de plazo para buscar soluciones

ZOZOBRA. González (con anteojos), agradece el apoyo de los trabajadores despedidos en la audiencia de Trabajo. ZOZOBRA. González (con anteojos), agradece el apoyo de los trabajadores despedidos en la audiencia de Trabajo.

La sala de audiencias de la Secretaría de Trabajo fue la caja de resonancia del conflicto económico del transporte público. Empresarios y sindicalistas estuvieron a los gritos frente a la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado a partir de hoy. Sin embargo, la calma llegó a la siesta. Al encuentro llegó la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, y se definió otro compás de espera, hasta el 19 de este mes. Hasta entonces no habrá paros ni despidos de choferes.

Si bien el debate durante las tres horas de audiencia, con cuartos intermedios para salir a fumar a la vereda incluidos, era por los 150 despidos, la discusión de fondo era por la situación del transporte: los empresarios pedían medidas para sostener la actividad, afectada por la devaluación, la inflación, el cese de los subsidios al combustible (llevando el litro de gasoil Euro-5 de $ 10,30 a $ 58), el traslado de subsidios a las provincias y su congelamiento a valores anteriores a la escalada inflacionaria.

La reunión de ayer estuvo marcada por la zozobra: la de los empresarios, porque insisten que están endeudados al punto límite y que algunas firmas no pagan el seguro (los pasajeros están con cobertura sólo por las cláusulas de 60 o 90 días de “gracia” en algunas firmas); la de los 4.000 trabajadores del sector, porque además de los 150 despidos podría haber más personal echado; y la de los 600.000 usuarios diarios en la provincia, ante la amenaza de nuevas medidas de fuerza, ya que en el año, se suman 14 jornadas y media sin servicio.

La discusión, en un momento, se caldeó. Los representantes de ambos sectores comenzaron a discutir a gritos que retumbaron en el salón central de la sede de la Secretaría de Trabajo (Crisóstomo Álvarez 158). Parte de ese diálogo fue captado por los periodistas de la sala, aunque no se distinguía a sus interlocutores:  

- Esto no es política, es economía. Mañana tenemos que salir a brindar servicio y los números no dan

- Qué alternativa nos queda a nosotros si nos echan a 150

- No me reprochés a mí

- La entendemos a la situación, estamos preocupados. Soportamos que nos paguen desdoblado los salarios pero no esperen que no paremos la actividad si nos echan más de 100 personas a la mierda

- No se puede sostener esto, ¿acaso no lo ven?

- ¿La solucionamos echando 100 personas a la calle? Ustedes hagan lo que tienen que hacer, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer...

- No te subás al escenario

- Los laburantes somos quienes pagamos las consecuencias...

-Y los empresarios, no me vengás con eso que debo 40 palos de impuestos y no los pagué para pagar sueldos, ¿no me importan los trabajadores a mí?

Los trabajadores despedidos se acodaron sobre los divisores de los boxes para escuchar la discusión  y comenzaron a aplaudir cuando intercedía un representante del gremio. Luego de dos intervalos para fumar, trasladaron la reunión al despacho de la Secretaría de Trabajo. Si bien Andrés Galván es el elegido para reemplazar al ex titular, Roberto Palina, como aún no se produjo la asunción fue el director de Trabajo, Ricardo Véliz, quien encabezó las negociaciones. Por la siesta, la ministra Vargas Aignasse acudió a la secretaría. “Vengo a interiorizarme porque es un conflicto de interés y porque Trabajo depende del ministerio que encabezo. Es un conflicto entre privados pero estamos buscando acercar posiciones”, expresó.

Quedan 10 días más para llegar a soluciones.

Compás de espera

“Nosotros pedimos que se retracten los despidos y los compañeros vuelvan a formar parte de la planta permanente de las empresas. Accedemos a este pedido de una conciliación voluntaria hasta el 19 de noviembre, y los compañeros siguen prestando el servicio de forma normal”, explicó el acuerdo César González, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Y agregó: “ojalá esta situación se solucione en el transcurso de estos días así los compañeros dejen de transitar sus días en la incertidumbre de no saber si tendrán o no trabajo. La ministra (de Gobierno Carolina Vargas Aignasse) vino a solicitar que extendamos el plazo para que no haya medidas de fuerza”.

Los empresarios, en tanto, abrigan la esperanza de que en los próximos días se concreten reuniones con autoridades nacionales, provinciales y municipales para sostener la actividad. “Entendemos que estos son tiempos políticos, con asunción de autoridades, por lo que hubo poco diálogo para analizar soluciones de fondo. En lo inmediato, se tiene que fondear el déficit que tiene la actividad, de $ 185 millones mensuales”, explicó Daniel Orell, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat).

El 4 de octubre, las empresas de colectivos habían enviado telegramas de despido a los trabajadores. La justificación de los empresarios fue que a raíz de la crisis redujeron los servicios y -por lo tanto- debían despedir a parte del personal. UTA  presentó el caso en la Secretaría de Trabajo y contabilizó 150 despidos. Tras amenazar con iniciar un paro por tiempo indeterminado, la cartera dictó de oficio la conciliación obligatoria: los despedidos vuelven a sus lugares de trabajo y el sindicato no puede realizar medidas de fuerza. Como ayer venció el plazo, y con la amenaza de un paro por tiempo indeterminado latente, las partes acordaron mantener el diálogo hasta el 19 de noviembre y conservando las condiciones de la conciliación obligatoria que terminó: sin paros ni despidos mientras dure el paréntesis.

Quedan 10 días para llegar a soluciones del sector.


Rosario evitó paros con aportes nacionales

El Ministerio de Transporte giró subsidios para que no se incrementen las tarifas

Mientras los empresarios de transporte tucumanos mantienen su reclamo por la inequidad en la distribución de los subsidios de la Nación al sector, el Ministerio de Transporte nacional transfirió a la intendencia de Rosario fondos para evitar subas de tarifa.

La intendenta de Rosario, Mónica Fein, confirmó la llegada de una partida de la cartera encabezada por Guillermo Dietrich que está destinada al subsidio del transporte público y permitirá mantener el precio del boleto al menos hasta la llegada de la administración del sucesor de la jefa vecinal, fijado desde septiembre en $ 32,50. “Equilibramos el transporte de pasajeros hasta fin de año”, sostuvo la mandataria saliente.

“De tres cuotas ya recibimos las dos primeras”, precisó Fein sobre los $ 65 millones que llegarán en total, en calidad de subsidios, destinados “al Fondo de Compensación , para que vaya a las empresas y poder soportar algunos incrementos que han tenidos en este tiempo”, precisó la mandataria saliente, quien en diciembre próximo le entregará el mandato a su par del Frente Progresista Cívico y Social, el radical, Pablo Javkin. “El 10 de diciembre hay un cambio de gobierno nacional y provincial y obviamente habrá un debate sobre los subsidios que corresponden al transporte”, dijo la intendenta, y estimó: “con estos recursos entendemos que equilibramos hasta llegar a fin de año el transporte de pasajeros, siempre y cuando no haya nada nuevo en los próximos días”.

Por su parte, la secretaria de Transporte y Movilidad Mónica Alvarado, indicó “que el pedido de recursos era un tema pendiente desde junio pasado”.

En Tucumán, tras el traslado de subsidios nacionales a las provincias, el Gobierno provincial distribuye por mes $ 130 millones entre las empresas de transporte. La Nación envía a las firmas locales $ 53 millones mensuales. El subsidio al combustible cesó: hasta diciembre de 2018 cada firma pagaba el litro de gasoil a $ 10,30. En agosto, con precio liberado, el litro se pagó a $ 54,30. (Télam-ElLitoral.com)

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