08 Noviembre 2019
NUEVA VIDA. Los beneficiarios ponderaron el beneficio del hábitat propio.
El fantasma de una actuación incorrecta en la obra pública vuelve a sobrevolar sobre la administración del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu). Una vez más, se usaron recursos del Estado para beneficio político. Otra vez, el organismo encargado en Tucumán de construir viviendas sociales está en el ojo de la tormenta. Y en esta ocasión, aparece postergada quizá la única posibilidad que tienen los sectores más vulnerables de cubrir su esencial necesidad de un hábitat.
Esto es lo que surge después de evaluar el destino que se dio a la mayoría de las viviendas construidas con casi $ 500 millones que eran para mejorar la situación de decenas de familias que viven en villas y asentamientos precarios.
Según diversos documentos del Ipvdu -entre los que destaca la rendición de cuentas de los fondos que recibió de la Nación desde octubre de 2013- en la construcción de las 2.500 viviendas en Manantial Sur se usaron $ 495 millones del Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Según la Resolución 1012/09, dictada por el entonces Ministerio de Planificación Federal en 2009, el objetivo específico de ese programa -y por lo tanto de sus fondos- era -y es- “mejorar la calidad de vida de la población asentada en villas y asentamientos precarios con carencia de infraestructura básica de servicios, problemas ambientales y de regularización dominial”.
En la norma se aclara que es responsabilidad de cada ente ejecutor, en este caso, del Ipvdu, adjudicar las viviendas de acuerdo con los lineamientos del Programa, y de encargarse de que los beneficiarios hayan sido censados como “residentes de la villa o asentamiento objeto del Proyecto”.
Sin embargo, de las 1.052 viviendas entregadas en Manantial Sur, sólo 232 habrían sido adjudicadas a familias de villas y asentamientos damnificadas por las inundaciones de 2015.
No hay prioridades
En cuanto al resto de las unidades habitacionales, 385 fueron entregadas a través de convenios a personas de distintos sindicatos y organismos estatales, mientras que 435 se adjudicaron por el sistema habitual de inscripción y sorteo del Ipvdu. Así se lo especifica en una nota del área de Recupero y Regularización Dominial del propio instituto.
En general, se trata de familias de clase media que tienen un trabajo estable y pueden pagar una cuota mensual. Un sector al que le es difícil acceder a una vivienda propia, pero que tiene resueltas sus necesidades básicas.
Otro los datos recopilados es que las casi 1.500 casas que restan entregar todavía no tendrían beneficiarios designados de manera firme, pero parte de ellas también estaría afectada a convenios con sindicatos y entidades estatales.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder LA GACETA Play, en la adjudicación de las otras casas también se habría seguido el procedimiento habitual del Ipvdu de inscripción y sorteo, sin dar prioridad a las casi 35.000 familias tucumanas que, de acuerdo con un relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares, aún viven en villas o en asentamientos.
En tanto, realidad marca que las familias que fueron relocalizados están agradecidas por el beneficio. Afirman que su calidad de vida mejoró. Norma Peralta es una de esas personas. “Sería bueno que la otra gente tenga la oportunidad que nosotros hemos tenido”, resaltó en la puerta de acceso a su casita pintada de blanco en el barrio Manantial Sur.
Lo desigual y lo indebido
Las críticas de una investigadora
“De alguna manera no se ha cumplido con lo que estaba previsto”, sostuvo la arquitecta e investigadora del Conicet Paula Boldrini, al criticar el proyecto original de reunir miles de familias carenciadas en una misma área, alejada del centro metropolitano, y que en este caso se haya relocalizado a sólo un 232 familias en un barrio construido para 2.500. “Las políticas públicas para erradicar asentamientos informales son clave en una sociedad fragmentada y desigual como la que tenemos”, analizó. Por su lado, la senadora radical Silvia Elías de Pérez dijo que hay diversas irregularidades en torno a Manantial Sur, entre ellas la cesión de obras entre empresas constructoras, difundidas por este diario en 2017.
1- El objetivo del programa original es beneficiar a la población que vive en villas o asentamientos precarios, y que no son propietarios.
2- De las 1.052 casas que se entregaron en Manantial Sur, para el sector vulnerable se destinaron 232, que es apenas el 22%.
3- De las 1.052 casas entregadas, 385 (37%) fueron para sindicatos y 435 (41%) unidades para los sorteos habituales del IPVDU.
4- En Manantial Sur faltan entregar 1.448 casas. No hay confirmación sobre si se repetirá el procedimiento aplicado anteriormente.
5- De acuerdo con las planillas del IPVDU, la construcción de las 2.500 casas para desterrar las villa fue de $ 495 millones.
6- Una de las quejas de inscriptos en el Ipvdu es que en la entrega no se priorizó el hecho de que estén en la lista desde hace varios años.
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