Por Gustavo Rodríguez
06 Noviembre 2019
En un operativo que duró más de 16 horas, la Justicia logró desarticular una organización que se habría dedicado a cometer estafas con la compra y venta de vehículos. El grupo, según explicaron fuentes policiales y judiciales, se habría especializado en engañar a personas de otras provincias.
Hasta el momento se detectaron unos 60 casos, todos ellos por presuntos delitos perpetrados en poco más de un año. No se descartan que con el correr de los días se presenten otros damnificados.
1.- El modus operandi
A.B., de 27 años, se autodefinió como “un chacarero que recién comienza” en una localidad cercana a Rafaela, provincia de Santa Fe. “Descubrí en las redes sociales que había una ‘chata’ que la estaban vendiendo a un muy buen precio, entre un 25% y un 30% más barata que en el mercado. Como quería invertir la ganancia que había obtenido, la oferta me pareció muy buena. Además me pedían un anticipo del 50% del valor y al resto lo financiaría a una tasa de interés bajísima”, comentó.
El productor se trasladó a la provincia, se contactó en un bar con los vendedores y, después de acordar las condiciones, extrajo casi $ 500.000 de un banco para cerrar la operación. “Fui hasta un campamento de gitanos que no estaba cerca de la capital, me hicieron probar la camioneta y después me invitaron a comer un asado para celebrar el trato porque, según me explicaron, era una costumbre gitana. Mientras tanto, un abogado y un gestor me aseguraron que no habría ningún tipo de problemas y que a los papeles los sacarían en cuestión de horas”, agregó.
“Después de comer el postre, se presentó el supuesto gestor explicando que había un problema y que resolverlo tardaría un par de días. Me dijeron que podía quedarme en Tucumán y ellos se harían cargo del alojamiento, o que podía regresar a Rafaela porque ellos me pagarían los pasajes. Como no quería atrasarme en el trabajo del campo, volví. A los dos días regresé asustado porque no me contestaban los llamados. Ahí comenzó la pesadilla”, indicó.
A.B describe que, en cuestión de días, desapareció la amabilidad de los vendedores y de los anfitriones. “Fui hasta el campamento de los gitanos y allí me negaron que se hubiera celebrado operación alguna. Me dijeron que no conocían a la persona con la que supuestamente había negociado. Después de advertirles que los denunciaría por estafa, salió otro hombre con una escopeta y me dijo que me mataría. Salí corriendo, pero a la comisaría y después ratifiqué la denuncia en la Justicia. Nunca pensé que resolverían el caso en menos de cuatro meses”, reconoce el damnificado.
2.- El perfil de las víctimas
A.B. acaba de enterarse que hubo al menos otras 60 personas que sufrieron la misma estafa que él. En realidad, nunca sospechó que había sido víctima de una organización se dedicaba a cometer este tipo de delitos.
“Tenemos entendido que la mayoría de los damnificados son personas de otras provincias. En principio no trabajaban con autos mellizos o robados, sino que ofrecían los vehículos a bajo costo y con una muy baja financiación para poder captarlos”, destacó Eugenio Agüero Gamboa, coordinador del Equipo Científico de Investigación Fiscales (ECIF).
Según trascendió, la mayoría de las víctimas residen en las provincias de Salta, San Luis, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, quienes eran engañadas con publicaciones a través de diferentes redes sociales. También recibían otros vehículos y dinero a cambio de los rodados que, finalmente, no entregaban. “A los bienes que (los presuntos estafadores) tomaban como permuta tampoco los devolvían y, como (a los legítimos titulares) les hacían firmar la transferencia, los vendían rápidamente”, describió una fuente judicial.
3.- La investigación
Las causas terminaron en manos de la fiscala Mariana Rivadeneira. Ella dispuso que el personal de la división de Delitos Telemáticos se hiciera cargo de las primeras actuaciones. “Comenzamos con el trabajo en mayo. Entrevistamos a las víctimas, chequeamos información y establecimos cómo podrían haberse dado las maniobras. Fue una causa compleja: todo se realizaba en diferentes puntos de Tucumán y las víctimas eran de otras provincias”, narró el comisario Héctor Marín, jefe de ese cuerpo de la fuerza.
Según fuentes judiciales, los gitanos, aprovechando sus vínculos familiares, podrían haber intercambiado los vehículos. “Creemos que después de cometer los delitos llevaban los vehículos a otras localidades y así seguir con el modus operandi sin levantar sospechas”, agregó el investigador.
Tras la pesquisa, el expediente pasó al ECIF. “Teníamos la teoría, pero nos faltaban probarla. De eso se encargó el trabajo de nuestros especialistas. Se lo presentamos a la fiscala. Luego el juez Facundo Maggio aceptó el pedido de medidas”, describió Agüero Gamboa.
4.- El operativo
En total, Maggio autorizó que se realizaran más de 40 allanamientos en San Miguel de Tucumán, Alderetes, Famaillá, Río Seco y Monteros. También dispuso la detención de 23 personas, sospechosas de integrar la organización.
“Durante semanas trabajamos en la coordinación de este trabajo. No era fácil por la cantidad de medidas que debíamos realizar y, por sobre todas las cosas, porque todo se debía manejar en el mayor de los secretos para que no se filtre ningún tipo de información. Una vez que diagramamos el plan, se concretaron los allanamientos”, puntualizó el jefe de la Dirección General de Investigaciones, Jorge Dib.
El lunes por la noche se informó a los policías que saldrían a cumplir con una orden judicial, pero no conocían los detalles. Recién pasada las 3 de la madrugada de ayer, cuando se reunieron en el parque 9 de Julio, les informaron cuál sería el trabajo que deberían cumplir. Según se informó, se movilizaron más de 400 policías.
Durante los allanamientos se habían secuestrado unos 80 vehículos (autos de media y alta gama, camionetas, utilitarios, cuatriciclos y camiones), más de $ 500.000 en efectivo; más de U$S 20.000; más de 30 armas de fuego, escopetas, pistolones, pistolas y revólveres. También quitaron joyas, documentación, celulares y computadoras que serán peritadas. Además, concretaron la detención de 14 personas, en su mayoría, integrantes de la comunidad gitana. Simultáneamente, quedaron detenidos dos abogados y dos gestores. Anoche, al cierre de esta edición, se entregaron otras dos personas vinculadas con la causa.
“Los resultados fueron muy positivos. En este procedimiento utilizamos a los hombres de todas las secciones de la Brigada. También contamos con la colaboración de efectivos del 911, del Grupo Cero y del GOMT para evitar cualquier tipo de incidentes. Afortunadamente no tuvimos problemas porque se actuó rápido y coordinadamente”, sostuvo Daniel Robles, jefe de la Brigada Capital que participó en la coordinación del operativo.
5- Los roles
Hasta el momento no están determinados los roles que tenían en la organización cada uno de los detenidos. Todo parece indicar que integrantes de la comunidad gitana habrían sido los encargados de realizar las transacciones. Los dos gestores, cuyas identidades no trascendieron, podrían tener algún tipo de vinculación en la confección de documentación a la hora de realizar las operaciones. Sin embargo, hasta ahora no se conocieron las razones por las que también se detuvo a los abogados Guillermo Albino Socolic y César Augusto Avellaneda.
Tal como indican las normas, los allanamientos a los estudios de los dos profesionales fueron supervisados por representantes del Colegio de Abogados. Carlos César Casal, vicepresidente de la entidad, y Flaviana Yubrín vigilaron el accionar de los efectivos.
Según fuentes judiciales, Socolic es el defensor de miembros de la comunidad gitana que tienen causas en la Justicia, especialmente por irregularidades en la compra y venta de vehículos. En tanto que Avellaneda es un joven profesional que asiste a varios de los imputados en esta causa.
6- Próximos pasos
Los detenidos deberán declarar a partir de hoy ante la fiscala Rivadeneira y con este paso se definirá la situación procesal de los detenidos, ya que se determinará si se los imputa por presuntas estafas reiteradas o por la supuesta integración de una asociación ilícita que cometía ilícitos con la compra y venta de vehículos.
Por otra parte, los policías terminarán de analizar la procedencia de los vehículos que fueron incautados. Hasta ahora se confirmó que sólo tres tenían pedido de secuestro por distintos motivos.
Agüero Gamboa explicó que la investigación está lejos de terminar. “Como normalmente ocurre en estos casos, cuando los miembros de la organización son detenidos, se presentan nuevas denuncias porque las víctimas se animan a comparecer. También hay casos en que otros damnificados terminan de darse cuenta que fueron engañados y se presentan ante la Justicia”, comentó.
70
camionetas, la mayoría de ellas con pocos kilómetros, fueron secuestradas.
14
sospechosos fueron detenidos. La Policía ahora busca a otras nueve personas.
$ 1,5
millón fue encontrado por los policías durante los operativos ordenados por el Poder Judicial.
5
meses fue el tiempo que les llevó a los investigadores pedir las medidas.
30%
menos cotizaban los vehículos en las redes sociales para tentar a las víctimas.
12
armas de fuego terminaron en poder de la Justicia luego de los procedimientos.
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