Un preso lavaba el auto del juez Guyot, según auditores de la Corte

La última auditoría practicada en el Juzgado de Ejecución Penal de esta capital constató que habían surtido poco o ningún efecto las recomendaciones y advertencias formuladas en forma previa al juez Roberto Guyot. Esta fiscalización desarrollada por orden de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán incluso detectó nuevas irregularidades, como el hecho de que uno de los presos sometidos a la jurisdicción de Guyot lavaba el auto del magistrado en el estacionamiento del despacho. La auditoría fue perfeccionada entre mayo y junio, y sus resultados ingresaron a la Corte el 27 de agosto. El juez no respondió a la consulta que LA GACETA le planteó ayer, pero, en una entrevista concedida el mes pasado, había relativizado los corolarios de los auditores Mariana Tasquer, Agustín Ladetto y Luis Lezana Flores (se informa por separado).

El informe al que tuvo acceso este diario describe que Guyot continuaba con una presencia insuficiente en su oficina y en la cárcel, y que su personal estaba desgastado por la situación. Otro capítulo del mismo reproche ocurrió el jueves, cuando Antonio Estofán, vocal decano de la Corte, intimó al juez a ir en forma urgente a su Juzgado para resolver los asuntos pendientes (se informa por separado).

A las objeciones relativas al déficit de involucramiento en las causas se suma la anomalía que los auditores de la Corte detectaron mientras controlaban el despacho situado en la calle México al 1.200, al frente del penal de Villa Urquiza. “En dos oportunidades, al momento de ingresar al Juzgado, observamos a una persona mientras lavaba un vehículo en la playa de estacionamiento destinada a los miembros de la unidad. Ante esta situación, entrevistamos a quien realizaba dicha tarea, que manifestó ser un interno del penal que gozaba de un beneficio de salidas transitorias y que dijo que el único vehículo que lavaba era el del juez”, consigna el documento rubricado por Lezana Flores, jefe de los auditores penales de la Corte. La auditoría incluye imágenes de la escena descrita.

Aunque la fiscalización destaca cuestiones positivas generales (el orden, la limpieza, el mobiliario, el uso del sistema informático, la distribución de tareas y el funcionamiento del equipo técnico), los aspectos negativos atañen con exclusividad al desenvolvimiento de Guyot. Este juez afronta cuestionamientos intensos en distintos ámbitos: en septiembre, Fabián Fradejas, el camarista penal e instructor de un sumario administrativo abierto por el alto tribunal con motivo del homicidio del preso Sebastián Medina, atribuyó “un servicio deficiente de justicia” a Guyot (se informa por separado).

“Consternación”

Tanto el sumario administrativo como una actuación de la Corte referida al abandono injustificado del despacho por parte de Guyot estaban en marcha cuando los auditores regresaron al Juzgado de Ejecución Penal. Al momento de la fiscalización, esta unidad tramitaba 1.189 procesos y de ella dependían 549 ciudadanos privados de la libertad. La función del juez, que accedió al cargo en 2016 después de haber dirigido el Servicio Penitenciario durante las gestiones de José Alperovich y del mandatario Juan Manzur, es controlar la ejecución de las penas y bregar por la rehabilitación de los condenados.

La auditoría comprendió visitas y entrevistas en el Juzgado y en la cárcel. En Villa Urquiza, Lezana Flores y su equipo observaron que la población carcelaria reconocía y tenía contacto con la secretaria Nazareth Rodríguez Ponce de León. Un preso de apellido Leal corroboró que trataba a la funcionaria y que sólo había visto una vez al juez. Los auditores dejaron constancia, además, de las malas condiciones de los sectores 1 y 2 de Villa Urquiza: “las instalaciones están en un estado calamitoso. Esto vale tanto para las celdas como para los baños, que carecen de agua caliente y de la higiene mínima básica para el ser humano. La visita detectó instalaciones eléctricas precarias y barandas de contención al borde del colapso”.

Los auditores reflejaron que el clima laboral del Juzgado estaba muy deteriorado por la tragedia de Medina. “Advertimos un estado de consternación evidente. Los funcionarios manifestaron que se sentían angustiados y desbordados, y que querían ser trasladados”, dijeron (luego la Corte dispuso que el Juzgado funcionara con la modalidad del nuevo Código Procesal Penal, y Guyot perdió el control sobre los empleados y funcionarios). Y añadieron que este cuadro involucraba “a la totalidad del personal”. En particular, la auditoría refiere el descontento del equipo técnico con el juez porque este lo colocaba ante los presos como “responsable absoluto” de la concesión o la denegación de los beneficios solicitados.

El juez de Ejecución no pudo ser ubicado ayer

Roberto Guyot, único juez de Ejecución Penal de esta capital, no contestó los mensajes que LA GACETA le remitió con motivo de la auditoría que constató la persistencia de déficits en su despacho (se informa por separado). En una entrevista concedida en octubre, Guyot se había referido al tema en estos términos: “mi unidad empezó a funcionar conmigo. Me enviaron la primera auditoría a meses de asumir y determinaron que el equipo no estaba trabajando bien. Prácticamente intervinieron el Juzgado y no pude manejar a una persona de mi confianza en la secretaría. Una nueva auditoría llegó a la misma conclusión de que mi oficina seguía siendo un desastre”.

Actuaciones y cuestionamientos

LA MUERTE DEL INTERNO.- El preso Alejandro “Pichi” Mendoza atacó al interno Sebastián Medina el miércoles 22 de noviembre de 2017 en el patio de recreo del Anexo 1 de la cárcel de Villa Urquiza, luego de que la víctima y su compañero José Alejandro Torres Sosa denunciaran la venta de droga en el penal. El homicidio de Medina impactó en el Servicio Penitenciario que depende del Gobierno. Guillermo Snaider renunció a la Dirección de Institutos Penales inmediatamente. Y en enero de 2018 se entregaron a la Justicia el jefe del Departamento de Personal, Walter Patto, y Fernando Cisterna, responsables de las unidades 1 y 2 del penal de Villa Urquiza. Ellos y otros agentes e internos están involucrados en la causa penal abierta por la fiscala Adriana Giannoni para esclarecer el homicidio. En octubre, fuentes de la Fiscalía dijeron que era inminente el requerimiento del juicio.

UN SUMARIO INTERNO.- El 21 de diciembre de 2017 y con los votos de sus entonces cinco vocales (Daniel Posse, René Goane, Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar), la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dispuso la apertura de un sumario administrativo en el Juzgado de Ejecución Penal de la capital encabezado por el juez Roberto Guyot. En septiembre de este año, el marista instructor Fabián Fradejas expuso que el juez había prestado un “servicio deficiente de justicia” durante las 48 horas previas al asesinato del preso Medina. La pesquisa interna inscribió la muerte violenta del interno en un contexto general de deterioro del Juzgado y, si bien atribuyó incumplimientos a colaboradores de Guyot, consideró que esas conductas objetadas fueron una consecuencia directa de las órdenes que había impartido Guyot. Fradejas también formuló cargos a los funcionarios María Nazaret Rodríguez Ponce de León, Fernando Valladares, Rafael José Domingo Molina y Germán Ricardo Aiquel. La Corte tiene pendiente resolver el sumario.

RESPIRO PARA EL JUEZ.-En mayo de 2018, la comisión de Juicio Político de la Legislatura descartó la solicitud de expulsión de Guyot. Esta decisión fue adoptada con el apoyo de los legisladores del oficialismo: los entonces opositores Eudoro Aráoz y Alberto Colombres Garmendia votaron en disidencia. El comité a cargo del justicialista Zacarías Khoder desechó la presentación del Observatorio Internacional de Prisiones de Argentina (OIPA) a propósito del homicidio de Medina. Al contestar la denuncia, Guyot, por medio de su abogado Julio Rougés, dijo que sus órdenes habían sido desobedecidas. El letrado recordó que el 8 de septiembre de 2017, Guyot dispuso el traslado del penado desde la cárcel hasta la Comisaría N°7.

OTRO ALIVIO.- Carolina Ballesteros, titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal N°5 de la capital, archivó en agosto el pedido de investigación jurisdiccional contra Guyot que había formulado la fiscala Giannoni. Ballesteros consideró que no había elementos que sustentaran la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido a Guyot por el homicidio de Medina en Villa Urquiza. Giannoni apeló y la sentencia debe ser revisada por Enrique Pedicone, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.

LA INVESTIGACIÓN DE LA DENUNCIA DEL PRESO.- La Justicia Federal de Tucumán lleva adelante la pesquisa relativa a la presunta venta de drogas en la cárcel que denunciaron Medina y Torres Sosa. El proceso está radicado en el Juzgado Federal N°1 a cargo de Daniel Bejas y su instrucción corresponde al fiscal federal N°2, Pablo Camuña.

UNA DENUNCIA EN LOS TRIBUNALES DE COMODORO PY.- Unos meses atrás, el abogado tucumano Gustavo Morales presentó a la jueza federal porteña María Servini de Cubría una denuncia contra el juez Guyot en la que lo acusa de formar parte de una banda de narcotráfico con presos de la provincia cuyos negocios llegarían hasta el conurbano bonaerense.