Vence la Ley de Emergencia de Seguridad y aún no la prorrogan

Vence la Ley de Emergencia de Seguridad y aún no la prorrogan

La norma, considerada como una herramienta clave, estará en vigencia hasta hoy.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El ministro de Seguridad Claudio Maley brinda detalles del último informe que presentó ante la Comisión de Seguimiento de la Ley en la Legislatura. credito EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El ministro de Seguridad Claudio Maley brinda detalles del último informe que presentó ante la Comisión de Seguimiento de la Ley en la Legislatura. credito

La Provincia estará en emergencia en materia de seguridad hasta el último minuto de hoy. Luego, habrá que esperar que el Poder Ejecutivo presente un pedido de prórroga y que la Legislatura lo apruebe. Por segunda vez consecutiva, ese trámite no se cumplimentó en tiempo y forma para que la norma, considerada clave en la lucha contra la inseguridad, se mantenga vigente.

En septiembre de 2016, el gobernador, Juan Manzur, firmó un DNU para declarar la emergencia en seguridad en Tucumán. La Legislatura, sin embargo, rechazó ese instrumento y sancionó una ley que declaró el estado de emergencia en seguridad, adicciones y políticas carcelarias para todo el territorio provincial. La legislación también incluía la creación de una comisión especial de seguimiento de la emergencia, integrada por representantes de los tres poderes del Estado provincial y por magistrados la sede local de la Justicia Federal. En octubre de 2017, días después en la cámara subsanaron el error de no haberla prorrogado y declararon por dos años más la emergencia. La historia se repitió dos años después.

“Ya están iniciados los trámites para que se las dicte nuevamente. Es una Ley muy útil para nosotros”, explicó el ministro de Seguridad, Claudio Maley. En la Legislatura esperan en silencio novedades. Según confirmaron fuentes de la Casa de Gobierno, se redactará un DNU para que sea refrendado en la Cámara. Sin embargo, no se sabe cuándo habrá sesión. “La norma es importante, pero si no hay voluntad política de aplicarla, no tiene sentido sancionarla”, explicó el legislador alperovichista Julio Silman que presidió la Comisión de Seguimiento de la Ley.

Ese cuerpo, integrado por representantes de los tres poderes del Estado, fue creado para que analizaran cuatrimestralmente el cuadro de situación con los informes que presentaban los funcionarios del PE. Una vez analizados, discutían y proponían algunas sugerencias. Fueron más de 50, pero menos de cinco fueron llevadas a la práctica. Tampoco se transformaron en proyectos de leyes para ser sancionados. Esa fue una de las razones por las que el camarista federal Ricardo Sanjuán dejó de participar.

“Fue positiva porque surgieron muchas iniciativas analizadas por representantes de los tres poderes. El área de Seguridad tomó algunas y descartó otras, pero colaboramos siempre”, añadió la legisladora oficialista Sandra Mendoza. “Hay que definir cuál es el futuro de esta Comisión antes que nada. Si lo que surja de allí no es tenido en cuenta por el PE, seguiremos siendo actores de una farsa mientras los tucumanos sufren la inseguridad”, opinó el radical José Canelada.

En la Comisión sí se tocaron temas que luego fueron transformados en leyes. Tres de las cuatro leyes aprobadas fueron iniciativas del PE: la millonaria compra de armas que todavía no terminaron de llegar; se puso en marcha la Ley contra motochorros, “rompevidrios” y “escruchantes” que no tuvo los resultados esperados por haber sido considerada inconstitucional; y se sancionó una ley para regularizar a los vigías o guardias urbanos municipales que aún no fue reglamentada. La cuarta fue la ley para luchar contra el narcomenudeo que se pondría en marcha el 1 de enero.

Números

El ex legislador Fernando Valdez, que fue el vicepresidente del cuerpo, señaló que declarar una Ley de Emergencia es importante porque se reconoce que hay un problema grave que debe tratarse. “Pero no fue suficiente porque no se lograron los objetivos que se habían planteado y tampoco se mejoraron los índices de la seguridad pública”, explicó.

Los homicidios son números irrefutables cuando se confeccionan estadísticas. Como diría un especialista, “los muertos no se pueden ocultar. Tarde o temprano salen a la luz”. Y desde que Tucumán está en estado de Emergencia, los índices no dejaron de crecer. En 2016 se informó sobre 92; en 2017 se registraron 118; en 2018 se contabilizaron 135 y, en lo que va del año, ya hubo 115, por lo que se estima que volverá a superar los casos del año pasado.

Para Valdez, la emergencia de seguridad fue importante porque llevó a la Legislatura el problema de la inseguridad e instaló en la opinión pública las estadísticas que daban a conocer los funcionarios provinciales. “Fue una buena iniciativa mal llevada a la práctica. Y eso se debió a la falta de voluntad política en profundizar las reformas necesarias para cambiar el modelo policial, penitenciario y de Justicia”, concluyó.

Leyes aprobadas

1. Contra los motochorros

En marzo de 2018 la Legislatura aprobaba por unanimidad lo que se conoció como la Ley Motochorros. Una norma, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, con la que se pretendía reducir los ataques de estos asaltantes, “rompevidrios” y escruchantes. A más de un año de su implementación, no sólo no se redujeron esos delitos, sino que la ley prácticamente no se cumple. Según las estimaciones de los operadores judiciales, de 10 requerimientos solicitados por los fiscales, cinco eran aceptados por los jueces de instrucción, aunque en 60 días hábiles podían recuperar la libertad antes de ser enjuiciados porque la Cámara de Apelaciones argumentaba que anticonstitucional. Tampoco hay datos estadísticos para determinar cuántos de los liberados fueron reincidentes.

2. Compra de armas

Tal como se lo permitía la Ley de Emergencia, el PE a través del ministerio de Seguridad y con la aprobación de la Legislatura, realizó una compra directa de chalecos, pistolas, armas de asalto y equipos especiales a Israel para la Policía por U$S 9 millones. Los legisladores opositores cuestionaron que al equipamiento de lo haya adquirido en el exterior en la moneda norteamericana y no en el país que ofrecían un producto similar a menor precio. Hasta setiembre, por el encarecimiento del dólar el Estado debería pagar $ 150 millones más del presupuesto fijado en diciembre de 2018. Con la última devaluación, esa cima se incrementaría al menos un 5% más. El ministro Claudio Maley aclaró que, pese al incremento de las armas, la provincia se ahorró más de $ 200 millones puesto que firmaron un acuerdo con una firma que le ofreció una financiación sin intereses. Hasta el momento, a la provincia llegaron los chalecos antibalas y a partir de la próxima semana, según se anunció, será el turno de las armas.

3. Regular a los vigías

Por iniciativa del PE que presentó un proyecto, la Legislatura aprobó una norma para unificar a los vigías o guardias urbanos que trabajaban en distintos municipios. La Ley en cuestión no sólo establecía quiénes podrían ocupar estos cargos, sino que además disponía que la capacitación estaría a cargo de los especialistas de la Policía. “Si es necesario, estos vigías, una vez formados y capacitados, no sólo van a trabajar en la persuasión, sino también en la defensa. Y, si es necesario, van a ser habilitados por ley para usar armas de fuego para cuidar a su gente”, aseguró el gobernador Juan Manzur cuando presentó la idea en un multitudinario acto realizado en el teatro Mercedes Sosa. La norma fue promulgada, pero al no estar reglamentada aún, no entró en vigencia.

4. Contra el narcomenudeo

En la última sesión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia, todos sus miembros pidieron que la justicia ordinaria se hiciera cargo del narcomenudeo o microtráfico de drogas en los barrios de la provincia. El vicegobernador Osvaldo Jaldo impulsó una nueva norma para que entrara en vigencia a partir del 1 de enero. Así se solucionó la traba legal que introdujo el Ministerio Público Fiscal que impidió durante cuatro años la aplicación de una ley similar aprobada en 2015 y que nunca se puso en práctica.

Las propuestas que se archivaron

- Informatización de las comisarías.

- Traslados de empleados a las comisarías para que realicen tareas administrativas.

- Relanzamiento de la aplicación Transporte Seguro que permitía a los usuarios seguir el recorrido de una unidad.

- Alquilar o adquirir inmuebles para descomprimir la crisis carcelaria.

- Enviar un informe sobre los policías que tienen causas abiertas y que no fueron resueltas.

- Capacitación de los guardias urbanos de los diferentes municipios.

- Formación de foros vecinales para la detección del delito en los barrios.

- Restricciones en el uso de motocicletas para lograr disminuir los ataques de motochorros.

- Creación de refugios y lanzamientos de programas de asistencias para víctima de violencia de género.

- La construcción de unidad carcelaria en la localidad de Benjamín Paz.

- Solicitar la presencia de fuerzas nacionales para colaborar con la lucha del delito en la provincia.

- Pedir a la autoridades de la Nación que envíe tropas del Ejército y que colabore con la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

- Lanzar un plan de bienestar físico y psíquico del personal policial que incluía tratamiento con nutricionistas y psicólogos.

Sugerencias que fueron aceptadas

- Creación del mapa del delito.

- Intercambio con efectivos del Departamento de Policía de Los Ángeles, Estados Unidos.

- Activar talleres de producción de las diferentes unidades carcelarias.

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