Por Federico Türpe
26 Octubre 2019
La política está más devaluada que el peso. Esta afirmación, aunque muy cierta, no deja de ser “políticamente incorrecta”, e incluso en Argentina puede ser catalogada de golpista. Y con toda razón.
En apenas 46 años hubo en el país ocho intentos de golpes de Estado, seis de ellos “exitosos”, es decir que alcanzaron a tomar el poder.
Entre 1930 y 1976, los militares, siempre con el respaldo de sectores de la sociedad civil, interrumpieron gobiernos democráticos.
Es por eso que se impuso la idea de que descalificar a la política como herramienta de administración y de cambio fue y es considerado como una posición que favorece a sediciosos, conspiradores y antidemocráticos.
“Yo no vengo de la política”, parece ser un activo para algunos candidatos, cuando en cualquier sociedad desarrollada le dirían “entonces, dedíquese a otra cosa”.
Es lo que ocurrió en Estados Unidos, donde los sectores más “pensantes” siguen espantados por la llegada a la Casa Blanca de un outsider como Donald Trump.
Lo subestimaron y cuando menos se dieron cuenta un irresponsable estaba conduciendo la primera potencia del mundo.
El repiqueteo constante del discurso de la antipolítica hizo que un hombre que no respeta las instituciones de su propia república llegara al poder.
Con argumentos chovinistas que aplauden los sectores menos educados y más fascistas, Trump les falta el respeto a las minorías, al resto de los países y cada mañana, cuando se levanta, pone en jaque la paz del planeta.
Amanece, que no es poco
Hoy, con la claridad que otorga la perspectiva histórica, sabemos que la democracia argentina es de baja intensidad, inmadura, escasamente republicana y bastante incompetente para resolver los problemas estructurales de la sociedad, principalmente porque no la hemos dejado desarrollarse.
Como ese clásico filme español de los 80, “Amanece, que no es poco”, donde la ansiedad que genera la excitación hacía que se “coseche” a la gente antes de tiempo, nosotros le exigimos a nuestra democracia estándares que no ha podido alcanzar en su corta vida, en gran parte porque nosotros mismos no la hemos dejado madurar.
El 10 de diciembre ocurrirá un hecho histórico, sobre todo por escaso, que quizás pase desapercibido para las generaciones más jóvenes: se producirá el décimo traspaso, en tiempo y forma, entre un gobierno democrático y otro, en más de un siglo.
Desde que se aprobó la Ley Sáenz Peña en 1912, que impuso el sufragio secreto y obligatorio, y marcó el comienzo de la verdadera democracia argentina, se sucedieron 37 gestiones presidenciales, en algunos casos repetidas, como Juan Perón, Carlos Menem y Cristina Fernández.
Sin embargo, en apenas nueve oportunidades un presidente democrático, que culminó su mandato en tiempo y forma, le entregó el bastón de mando a otro presidente elegido por el voto popular, contando las tres mencionadas antes, que se sucedieron así mismos.
Los otros seis casos fueron Yrigoyen a Alvear, Alvear de nuevo a Yrigoyen, Justo a Ortiz, Alfonsín a Menem, Menem a De la Rúa, Kirchner a Cristina, y finalmente Cristina a Macri. Aunque en este último caso no se concretó el acto simbólico de la entrega del bastón, en otro de los tantos caprichos inmaduros y autoritarios de la ex presidenta.
Diez cesiones de mando “normales” en 107 años es poquísimo. Cuando deberían haber sido unas 26. Números fríos que confirman la adolescencia de nuestra democracia.
Ya sea que el presidente Macri se suceda así mismo o le toque colocarle la banda presidencial a Alberto Fernández, ocurrirá un hecho pocas veces visto en el país.
Antes del último retorno a la democracia, en el 83, estos traspasos presidenciales “normales” sólo habían ocurrido cuatro veces en la Argentina.
Entre el 52, cuando Perón fue reelecto, y el 89, cuando Menem sucedió a Alfonsín, no ocurrió jamás. Varias generaciones no lo vivieron nunca.
Caídos del mapa
La flaca institucionalidad nacional es aún más famélica en Tucumán. Es sin lugar a dudas una de las provincias con menor calidad republicana de la Argentina, con estándares semifeudales, principalmente porque no existe la división de poderes.
En Tucumán el poder es uno solo, y esto impide cualquier intento o forma de evolución republicana.
Los tres poderes del Estado provincial no se fiscalizan entre sí, sino que se protegen, se apañan, en una componenda, de hecho, que bordea la asociación ilícita.
Tucumán es una de las pocas provincias, junto con Santa Cruz, Formosa, La Rioja, La Pampa y San Juan, que no cuenta con una ley de información pública.
La administración de los fondos oficiales es un secreto obstinado y estricto y por eso decimos que ese oscurantismo pavoroso nos acerca bastante a un régimen feudal.
Tucumán tiene, además, un sistema electoral fraudulento, sostenido principalmente por dos bases espurias: una red de acoples rentados que funcionan como PyMEs clientelares, y una masa crítica de votos cautivos, producto de la obscena estructura de la política y del empleo público.
Hay comunas y municipios donde el trabajo estatal representa el 90% del total, y donde la mano de obra privada se reduce a una panadería, un almacén o una farmacia.
Gente subyugada a un patrón de estancia político y sin libertad mental para elegir otra cosa que no sea el señor feudal que le da empleo a toda su familia.
Estas PyMEs rentadas con dineros públicos, que se desvían de los fondos para aguas y cloacas, por ejemplo, son las que chocaron el jueves en plaza Independencia, dejando un saldo de varios heridos y un nuevo papelón nacional, como ya se hizo una costumbre de los tucumanos.
En un acto donde el gobernador Juan Manzur repitió 21 veces “vamos a volver” en nueve minutos y medio, la retórica política dominante se reduce a eso: nada. Para qué van a volver, qué piensan hacer, cómo, es algo que no importa comunicar. “Vamos a poner a la Argentina de pie” es un lindo deseo pero no un plan.
Y es lógico. Para qué intentar seducir a un electorado que ya está cautivo. Nadie intenta persuadir a un esclavo acerca de las ventajas de su condición. Alcanza y sobra con la arenga futbolera, básica y tribal.
La “indivisión” de poderes permite todo este tipo de excesos. Como tener la Legislatura más costosa del país, con 30.000 empleados. Con un presupuesto de $ 5.300 millones se aproxima al de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es de $ 6.800 millones, pero es bicameral, con diputados y senadores, y representa a una población de 17 millones de personas.
Tucumán es un escándalo institucional y a nadie se le mueve un pelo. Sobre todo porque es un territorio que acusa graves deficiencias estructurales, entre ellas que se está al borde de un desastre ambiental por el derrame permanente de líquidos cloacales. Y también, por ejemplo, que es la provincia más pequeña del país con la peor red vial. Un arquetipo de la inmoralidad.
Sólo en un sistema feudal, con patrones en vez de administradores, sin democracia ni república, es posible este nivel de indecencia.
Los tucumanos estamos sujetos a que esta democracia argentina incipiente y precaria siga desarrollándose sin pausas ni interrupciones violentas, y que de a poco, por contagio, derroche o vergüenza, nos vaya devolviendo la institucionalidad, la transparencia y la honestidad que nos robaron.
Dicen que lo último que se pierde es la esperanza, entonces mañana es un buen día para depositarla en las urnas.
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