El rector en su laberinto

“Queremos que la voz de la UNT sea escuchada en YMAD a través de un mandato expreso del Consejo Superior”, dijo José García en mayo de 2018, un día antes de que su fórmula con Sergio Pagani ganara los comicios de la Universidad Nacional de Tucumán. Ha pasado un año y medio desde entonces y la frescura de su discurso se ha perdido. Ahora parece hundido en la oscuridad de las negociaciones por el nuevo acuerdo minero, que la decana de Derecho, Adela Seguí, calificó como un saqueo a YMAD en la sesión del martes pasado. García, enmudecido como todo el colmado salón de sesiones del Consejo Superior, sólo respondió que el 30 hará su descargo “porque hay algunas acusaciones, y mucho más porque usted a mí me acusa de falta de transparencia”. Quedó tapado por el lodo de la minería.

Lo cierto es que mucha transparencia no ha habido nunca en la relación opaca que ha tenido la Universidad con el tema minero. La casa de estudios es coheredera del yacimiento de Farallón Negro, por decisión de su descubridor, Abel Peirano, que cedió los derechos también a Catamarca y la Nación. En el caso de la UNT, lo central de esos derechos era el destino de las regalías: el 40% debía ser destinado exclusivamente a erigir la Ciudad Universitaria.

Infraestructura poderosa

La empresa interestadual Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), constituida por los tres dueños mediante la Ley 14.771, subsistió sin pena ni gloria durante muchos años, sacando pizcas de mineral, hasta que se firmó el contrato con la minera Alumbrera en 1997 y comenzaron las tareas para explotar el yacimiento Bajo La Alumbrera, para el cual se construyó una poderosa infraestructura (incluye un mineraloducto desde Andalgalá hasta El Bracho), que costó, según reveló Adela Seguí el martes, 1.800 millones de dólares. A YMAD le correspondía el 20% de las utilidades y de ese porcentaje le comenzaron a llegar regalías, a mitad de la primera década de este siglo. No está claro si fue el 40% (eso está en discusión, de acuerdo con el estudio que hizo el fiscal Carlos Brito para la acusación contra el ex rector Juan Alberto Cerisola y tres de sus ex funcionarios por presuntas irregularidades con esos fondos); pero sí fue una cantidad enorme de dinero. Hasta tal punto que Cerisola mandó a hacer obras (varias cuestionadas por presuntos sobreprecios) y en 2008 dio por concluida la Ciudad Universitaria. Con esto disminuía el porcentaje de regalías -bajaba del 40% al 20%-, pero el dinero que entraba pasaba a ser de libre disponibilidad. El acta acuerdo de ese cambio, firmada el 2 de enero de 2008 en YMAD por los delegados de la UNT (delegados de Cerisola) ante la empresa, ha sido anulada por el Consejo Superior en 2014, porque se dispuso de bienes de la UNT sin autorización del propio Consejo. Pero no ha sido anulada legalmente, sino que hay un planteo judicial para cambiar las cosas. Mientras tanto, para YMAD sigue siendo válida.

A partir de 2014 dejó de entrar dinero de regalías mineras y el yacimiento Bajo La Alumbrera entró en decadencia y en 2016 en proceso de cierre. Fue en ese año 14 cuando el ex delegado de la UNT Florencio Aceñolaza hizo conocer que la Universidad había dejado de ganar 500 millones de pesos a raíz del cambio de porcentajes por el acta de 2008. A partir de entonces comenzó la anagnórisis en el Concejo, que fue reconociéndose poco a poco como un convidado de piedra en los negocios mineros, hechos en lo alto de las montañas, en el profundo y enorme pozo del yacimiento o en las oficinas de YMAD en Capital Federal.

Fue en ese 2014 (año en que la vicerrectora de Cerisola, Alicia Bardón, asumió como rectora, acompañada como vice por García, hoy rector) cuando se firmó un convenio para cambiar el contrato de la UTE que había firmado YMAD con La Alumbrera. En este nuevo acuerdo se acordó operar otro yacimiento dentro del área de YMAD, Bajo el Durazno, y para ello se cedió a la Alumbrera los derechos de exploración y de explotación del yacimiento y la posibilidad de que los ceda en garantía para solicitar un crédito internacional.

Así como en el año 14 se descubrió que había un acta decisoria de 2008, que modificaba las cosas, este año el Consejo descubrió que la infraestructura -que en teoría es de YMAD- había sido objeto de negociación en la empresa para entrar al nuevo negocio minero de Agua Rica, que comenzará a operar en 2025 y por 20 años.

En marzo comenzó el acuerdo, con un memorándum de entendimiento con las empresas mineras, que poco después se reunieron con el presidente Mauricio Macri para contarle del nuevo yacimiento a explotar. Los delegados tucumanos, el rector y el vicerrector hicieron varias reuniones informales con los decanos para plantear algunos de los desafíos que surgían con este nuevo acuerdo, así como problemas que tenía YMAD, empresa deficitaria y sobredimensionada, sometida, según se dijo, a la empleomanía de las administraciones de Catamarca. Pero las reuniones con los decanos fueron siempre dispersas e informales, según contó Adela Seguí. Hace dos semanas se informó que el 3 de octubre había tenido lugar en Buenos Aires la firma del acuerdo en YMAD para aceptar la propuesta de las mineras. Los delegados de la UNT en YMAD, Alfredo Grau y Domingo Marchese, enviaron una nota para decir que con autorización del rector no se habían presentado a la reunión decisoria porque no habían tenido tiempo de contar con el mandato necesario (del Consejo Superior) para emitir una opinión sobre los puntos de la reunión del directorio.

El acuerdo salió como un balazo con la firma del presidente de YMAD, Luis de Miguel, y los delegados por Catamarca, Justo Daniel Barros y Ángel de Jesús Mercado, este último esposo de la gobernadora Lucía Corpacci. Firmaron y en el acta reclamaron por la falta de compromiso de los delegados de la UNT, a los que acusaron de huir a hurtadillas del campo de las decisiones, frente una propuesta que, según ellos, era la única que se podía hacer y que resultará beneficiosa para YMAD.

“Absolutamente doblegados”

No se puede saber si están en lo cierto. En la UNT es otro el problema. Hay un asunto ambiental por el que la casa de estudios se siente responsable. No se sabe qué efectos tiene la minería y, aunque desde hace 20 años la UNT está vinculada a esa actividad, nunca fue a conocer “oficialmente” el pueblo de Andalgalá, tal como pidió el martes la vecina Griselda Margarita Igne, que trazó un panorama de mucho temor por los efectos que puede tener la presunta contaminación ambiental futura.

En la UNT hay un asunto de organización y de administración que quedó expuesto con el manejo que hizo Cerisola con los fondos y que derivó en el juicio oral por presunta defraudación millonaria que se le seguirá al ex rector en pocos meses más.

El martes pasado, el Consejo Superior volvió a descubrir que las negociaciones a sus espaldas se siguen dando y la decana Seguí lo expuso con total crudeza: “ha ocurrido algo muy grave, que quizás nos impacte tanto porque no estamos acostumbrados a vivir esto y ver en carne propia cuando un poderoso, cuando empresas poderosas y la gente que se apropia de las empresas con poder doblegan al contratante. Hemos sido absolutamente doblegados”.

¿Quiénes son responsables? El rector y el vicerrector quedaron en la mira. Seguí dijo que ellos habían prometido transparencia en el tema YMAD. “Tengo que decir que me siento burlada”, les dijo. Puso en duda que este acuerdo minero vaya a dar frutos para la UNT, temió por el compromiso de la infraestructura por muchos años y objetó que nunca se haya citado al Consejo Superior para debatir permanentemente este asunto tan espinoso. ¿Negligencia? ¿estulticia? Acaso la Universidad, que se presume es el think thank de la sociedad, se enfrenta a un asunto por encima de sus capacidades. Ahora García está en su laberinto, buscando una salida quizá inexistente, pues la suerte ya está echada.