Yerba Buena se niega a autorizar nuevos countries al pie del cerro

A fines de 2015, el municipio suspendió las autorizaciones para construir barrios privados.

22 Oct 2019 Por Soledad Nucci
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EL PIE DEL CERRO SAN JAVIER. Desde el Municipio y el Concejo Deliberante se muestran decididos a proteger esta zona del municipio. LA GACETA / INÉS QUINTEROS ORIO

“Hay presiones. Sí, las hay. Algunas personas que tienen terrenos en el pedemonte vienen y te dicen: ‘¿qué pasa?’. Yo les informo cuáles son las condiciones... les digo que pueden proponer un emprendimiento de turismo rural, por ejemplo. Pero no les interesa. Aunque no blanquean sus intenciones, lo que quieren es hacer un country”. Las declaraciones del concejal José Macome se producen luego de que entre los gobernantes de la ciudad de Yerba Buena se barajara una probable alternativa con respecto a la ordenanza que prohibe, desde fines de 2015, la construcción de barrios cerrados en ese sector.

Macome preside la comisión de Obras Públicas del Concejo. Por ello, por su despacho pasan las inquietudes de los dueños de las tierras. Y fue él quien recibió, además, un borrador elaborado por los profesionales de la secretaría de Obras Públicas y Planeamiento Urbano del municipio, donde se plantean opciones de urbanización. No obstante, el texto no prosperó. “No queremos ni hablar del tema. No vamos a abrir ninguna discusión. Hasta ahora, no hemos escuchado ningún argumento amigable con el medio ambiente”, añade.

Pese a que el borrador salió del seno de su equipo, el intendente yerbabuenense, Mariano Campero, también se declara reacio a conceder alguna línea de esa proscripción. Y esa decisión se asienta -según sus dichos- en las conclusiones de una comisión de estudio del pedemonte, conformada en 2016. “No estamos sosteniendo un capricho: todos los informes científicos han sido rigurosos. Los expertos han dicho que si se avanza sobre la montaña, hay riesgo de inundaciones y hasta de un alud. Apostamos a conservar el cerro”, afirma.

Luego reconoce que la medida ha generado “mucho enojo” entre quienes poseen propiedades (”ciertos actores quieren conformar un fideicomiso para lotear”). No obstante, asegura que el municipio promueve una estrategia de crecimiento controlado. “Entiendo el reclamo. Pero debe primar el bien común”, expone. Incluso, plantea que una ordenanza municipal no es suficiente: lo ideal sería -dice- que esa norma se convierta en una ley nacional y que se avance con una expropiación de los bosques que todavía no han sido urbanizados. “Indudablemente, la Nación debería expropiar lo que queda del pedemonte”.

Además de la protección de la selva, al vecino Ramiro Juliá le pesa otro argumento: la falta de agua. En El Corte -un paraje a ambos lados de la ruta 338, que sube al cerro San Javier- el agua es un recurso escaso. “Creo que no se tiene que construir más. Tenemos la misma infraestructura de hace 70 años. Recibimos agua de un arroyo en medio del cerro. Necesitamos que algún gobierno se ocupe, en serio, de este tema”, consigna. Enseguida, Juliá le planta otras dos aristas a la cuestión. Si bien aplaude que se hayan frenado los barrios cerrados, destaca que no hay controles para evitar que los asentamientos informales, en cambio, se expandan por el cerro, como ocurre atrás de la comisaría, ejemplifica. Y en segundo lugar, se pregunta cómo piensa resolver la Municipalidad los planteos de los dueños de la tierra, en el caso de que prosperen. Porque aunque coincide en que se debe preservar la montaña, observa un problema legal: ‘si no querés que construya, pagame. Tengo un terreno al vicio’, razona que podría objetar algún propietario.

Algo de eso considera el arquitecto Franco Marigliano, el subsecretario de Planificación Urbana, cuando menciona una alternativa a la ordenanza vigente. Desde su punto de vista, podría replantearse la prohibición total. Y tratar de mantener las restricciones pero liberar algunos usos, como emprendimientos de ecoturismo; casas de té con desbordes hacia la vegetación; centros de salud, deporte, bienestar y educativos, y hoteles rurales. “Es una cuestión complicada porque la gente quiere vivir cerca de la montaña”, observa la arquitecta Marcela Medina, de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. Profesora de Urbanismo en la Universidad Nacional de Tucumán y de Ordenamiento Territorial en la Unsta opina que la regulación del uso del suelo debería involucrar a otros municipios y comunas del pedemonte, como Tafí Viejo, San Pablo, Lules y San Javier: “Hace falta una mirada territorial, que trascienda las jurisdicciones. Se necesita un instrumento superior, como una ley provincial”.

De aquellos 180 días

El veto fue una de las primeras medidas de Campero, tras su asunción en 2015. Entró en vigencia en diciembre de ese año y suspendía por 180 días los desarrollos inmobiliarios. La decisión alcanzaba a countries, barrios cerrados, clubes de campo, parcelamientos comerciales y cualquier emprendimiento similar. Desde aquel tiempo, han pasado unos 1.400 días. Sigue vigente, pese a que en 2018 el propio Campero vetó su idea con el temor de que sea considerada inconstitucional. Pero los concejales se molestaron con la vuelta atrás. En mayo la dejaron firme, a través de la sanción de una ordenanza.

El Corte: el amparo colectivo de los vecinos

En agosto de 2015, siete vecinos de El Corte habían solicitado un recurso de amparo colectivo ante la Justicia, al que luego se sumaron más personas y hasta una ONG. Querían que la Municipalidad de Yerba Buena no avalara más loteos de menos de 800 metros cuadrados en esa zona, y -como medida de fondo- que se declare la inconstitucionalidad de una ordenanza decretada por el ex intendente, Daniel Toledo, a través de la cual aprobaron esas excepciones al Código de Ordenamiento Urbano. En El Corte, los terrenos tienen que medir 20 metros de frente por 40 metros de fondo, con una superficie no menor de 800 metros cuadrados como mínimo. Toledo había habilitado varias parcelas de dimensiones menores, con el argumento de colaborar con el plan habitacional Procrear.

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