Test de publicidad para las cifras rojas

La publicidad puede ser peligrosa para quienes abominan la rendición de cuentas. Ese riesgo emergió el miércoles, durante una sesión pública del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Los encargados de preseleccionar a los jueces, fiscales y defensores oficiales mediante la organización de concursos habían incluido un asunto financiero en el orden del día. “Resolución respecto de los fondos en la cuenta corriente”, decía el punto cinco. La intención de tratar ese enunciado sugestivo pereció sobre la marcha. Luego de entrevistar a cuatro concursantes, los consejeros pasaron a una reunión privada con el argumento de que debían colocar las calificaciones. Allí, fuera del alcance de los radares indiscretos, prevaleció la postura de postergar el debate del tema cinco, que atañe al destino de casi un presupuesto anual del CAM: $ 70 millones. Reanudada la sesión y al pasar, el presidente y vocal de la Corte, Antonio Estofán, leyó la proposición del temario y dijo: “hemos recibido una nota; la vamos a circularizar y la trataremos el martes próximo”.

Nadie vio la misiva en cuestión aquel día. Y hay quienes sospechan que su existencia es poco verosímil, por no decir completamente inverosímil si se tiene en cuenta que implicaría dar sustento físico -poner en papel y con letras de molde- a la realidad de agotamiento de las arcas estatales. En forma verbal trascendió un pedido atribuido al ministro de Economía, Samuel Garvich, para que el Consejo se abstenga de renovar el plazo fijo que constituyó a comienzos de año en el entonces Banco del Tucumán (hoy Banco Macro) con el dinero separado para la construcción de la sede de la calle Congreso. A puertas cerradas se explicó que el Gobierno necesitaba esa colocación para atender una coyuntura de descubierto y que había prometido reponerla con los intereses, que ascienden a alrededor de $ 2,6 millones mensuales.

La emergencia económica sería más que inquietante si se considera que los recursos presuntamente requeridos ($ 70 millones) son monedas para el nivel de erogaciones del Poder Ejecutivo. Al parecer, el apremio y la necesidad de hacer frente en la previa de las elecciones a una planilla salarial exigida por la “cláusula gatillo” insaciable -e insostenible, para algunos, en función de ingresos que no aumentan al compás de la inflación- habría obligado a pasar la gorra por otras instituciones públicas con capacidad de ahorro. Entre los consejeros circula la idea de que algunas autoridades habrían “metido la mano en los bolsillos” y cedido excedentes financieros, siempre con sigilo y como si se tratara de un préstamo particular, por supuesto.

Si aquellos manotazos fueran ciertos, confirmarían entonces lo que advirtieron, primero, el kirchnerista José Alperovich y, luego, la macrista Silvia Elías de Pérez. Estos dos senadores dejaron el desacuerdo para coincidir en que las cuentas de la Provincia están en rojo. Según esas proyecciones, sólo hay ecos retumbantes en el erario. Sería el fin para el ciclo de orden y disciplina adoptado durante la administración de 12 años del ex gobernador Alperovich, esquema que permitió al mandatario reelecto Juan Manzur capear la crisis general con el copete en alto, y mantener como política estratégica aumentos sostenidos de sueldos y de la planta de estatales. En septiembre, el senador había advertido que el Gobierno no iba a poder afrontar el medio aguinaldo y de inmediato Garvich lo desmintió: aseguró que las finanzas estaban ordenadas. El viernes, 48 horas después de la sesión del CAM y como si hubiese estado al tanto de su devenir, Elías de Pérez dijo que los números no cierran no sólo por el lado de lo que a esta altura ya no es novedoso (la previsión de fondos para obras que nunca son ejecutadas), sino para la atención del gasto público corriente.

De las observaciones de los senadores y de lo que dejaron entrever los consejeros surgen dudas razonables sobre las finanzas provinciales, que soportan un año y medio de recesión así como recibieron una inyección magnífica al comienzo del período de Manzur gracias al pase al modo federalista de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El problema es lógico, pero los gobernantes lo disimulan, si no lo esconden, y siguen gastando como si nada pasara, con la esperanza de que les “salga una virgencita”. La austeridad sería un pecado equivalente a admitir errores de administración imposibles de imputar al pasado.

Como se desconoce cuál es la gradación precisa del rojo, entonces todo se ve morado. En medio de tales suposiciones, sorprende cómo la disposición del dinero del contribuyente es tratada cual secreto de Estado. Y cómo todavía existen funcionarios empeñados en tapar los números incómodos -y las verdades que aquellos reflejan-. El pedido de un favorcito al CAM indicaría también la erosión total de la división de poderes, como si el Gobierno creyese que, llegado el momento, está facultado para echar mano a los fondos de organizaciones públicas dotadas de autonomía financiera. ¿Habría así una caja única correspondiente a un poder estatal único facilitada por el hecho de que cada vez cuesta más distinguir lo público de lo privado?

El avance de ciertos manejos de entrecasa respecto de los fondos de propiedad del CAM se topó con el temor de que todo acabe en una denuncia por malversación. Esta figura penal sanciona al funcionario que diere a los caudales que administrare una aplicación diferente de aquella a la que estuvieren destinados. Aterrorizados, algunos consejeros entienden que la trazabilidad del plazo fijo no admite confusiones: el organismo recibió el capital en virtud de la Acordada 124/2019 de la Corte, donde consta que los recursos deben ser usados para la obra de la sede institucional. Cualquier otro fin colocaría a los representantes de la abogacía, de la magistratura y de la Legislatura en una posición delicada. Un príncipe del foro sospecha que, por ello y para evitar los efectos de la exposición en la sesión pública, la decisión sobre los fondos será esquivada elegantemente. El desenlace servirá, en cualquier caso, para testear dónde está parado cada consejero respecto de las exigencias del poder político y de la transparencia.