Declaración jurada: tres de los 10 candidatos a diputado incumplidores se pusieron al día

Bellomio y dos de sus compañeras de Consenso Federal, Zelaya de Nader y Barros, regularizaron su situación en la Oficina Anticorrupción

09 Oct 2019 Por Irene Benito
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Bellomio presentó su declaración jurada. ARCHIVO

Tres candidatos titulares a diputado nacional por Tucumán salieron de la lista de 10 incumplidores de la obligación de presentar la declaración jurada correspondiente a 2018. Se trata de Silvio Bellomio, Honoria “Baby” Zelaya de Nader y Milsa Barros, todos integrantes de la boleta de Consenso Federal (ver por separado el detalle de los bienes declarados). Aún adeudan la exposición de los patrimonios los cinco postulantes del Frente de Todos oficialista, Mario Leito, Mabel Carrizo, Carlos Cisneros, Graciela Gutiérrez y Agustín Fernández; la bussista Lucía Delia Fazio Critto y Ana Salas (Consenso Federal). Esta información surge de una consulta de seguimiento practicada ayer en la base de datos de la Oficina Anticorrupción de la Nación (OA).

El formulario atinente a Bellomio, cabeza de la boleta aliada a la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, indica que este se puso al día con la publicidad de su patrimonio el 30 de septiembre mientras que Zelaya de Nader hizo la presentación el 7 de octubre. El caso de Barros es distinto: esta postulante en quinto término de la lista de Consenso Federal estaba en regla, pero su titularidad recién fue confirmada a finales del mes pasado por parte del organismo judicial de control de los comicios del 27 de octubre. La resolución produjo un desplazamiento y Barros sustituyó a la candidata Florencia Katz, quien tampoco había entregado la declaración jurada.

El plazo para presentar las manifestaciones de bienes venció el 20 de septiembre. Un informe publicado nueve días más tarde en este diario reveló que casi la mitad de los 25 candidatos titulares de la provincia había incumplido la disposición vigente desde 2013. En esa oportunidad, Bellomio había manifestado que le parecía “raro” que no estuviera su formulario en la Oficina Anticorrupción porque él había hecho la presentación el 13 de septiembre. “Voy a verificar qué pasó”, había agregado el legislador provincial saliente. Zelaya de Nader había admitido el incumplimiento y anunciado su decisión de subsanarlo. Katz (luego desplazada por Barros) había explicado que desconocía si iba a quedar finalmente en la lista afín a Lavagna.

Dos con patrimonio $ 0

La exigencia de exhibir los bienes, deudas, ingresos y gastos (del ejercicio que cerró en diciembre, en este caso) está vigente para todos los postulantes a cargos públicos nacionales -incluidos los suplentes- en virtud de la Ley 25.188. El objetivo de esta regulación es ofrecer información relevante para los votantes así como transparentar posibles conflictos de intereses. Los datos disponibles permiten establecer, con las limitaciones que exhiben los formularios (por ejemplo, las valuaciones fiscales de los inmuebles, y la imposibilidad de acceder a la información sobre cónyuges e hijos), el estado patrimonial del candidato antes de acceder al puesto que pretende.

En Tucumán encabeza el ranking provisorio de patrimonios declarados el funcionario nacional Domingo Amaya (Juntos por el Cambio), con $ 11,4 millones (ver el “Ranking provisorio...” actualizado con los datos de Bellomio, Zelaya de Nader y Barros). En el otro extremo de esa tabla se ubica Cristian Ariel Luna, candidato en tercer término del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que indicó que tiene más deudas que bienes: su patrimonio negativo asciende a - $ 725.000. En el conjunto de las 18 declaraciones juradas analizadas se destacan las de Alejandra Arreguez (FIT) y Barros (Consenso Federal): ambas informaron que tienen $ 0, y que carecen de ingresos, gastos y deudas.

La lista oficialista y ganadora de las primarias de agosto sobresale en el tercio de los candidatos titulares a representar a los tucumanos en la Cámara Baja que todavía no se ajustó a la Ley 25.188. El incumplimiento en ese caso es total: los datos patrimoniales de ninguno de los cinco aspirantes a diputado aliados a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner constan en la Oficina Anticorrupción. Aunque las explicaciones difieren de postulante en postulante, todos ellos habían reconocido hace dos semanas que el asunto los había tomado por sorpresa y prometido llenar la omisión. Lo mismo había dicho Salas, candidata de Consenso Federal. Fazio Critto, aspirante en cuarto término de la nómina de Fuerza Republicana, había comentado que inició el trámite, pero que esste había quedado pendiente por dificultades severas de salud de sus familiares.

El incumplimiento de la Ley 25.188 acarrea, en esta instancia, únicamente una deuda simbólica en materia de ética pública. Las autoridades de la OA han de intimar y exponer a los incumplidores, y eventualmente solicitar sanciones administrativas y promover investigaciones penales. El deber de presentar el patrimonio al ingresar y al dejar la función, y anualmente durante su desempeño sólo está en vigor para los cargos nacionales. La Ley 3.981 sancionada hace 46 años establece el secretismo para los bienes de los funcionarios públicos provinciales.

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