08 Octubre 2019
El “despertador” de los Tribunales también sonó para los empleados y funcionarios. Once días después de que los jueces recibieran el recordatorio de que debían trabajar como mínimo cinco horas diarias en la franja de 8 a 13, la Secretaría de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán remitió una circular con el mismo objeto al personal. La nota dirigida a los trabajadores refresca que el horario laboral diario comprende seis horas de asistencia obligatoria. En el turno matutino, el ingreso tiene lugar a las 7, 60 minutos antes que los magistrados, y el egreso a las 13 mientras que el servicio vespertino comienza a esa hora y concluye a las 19.
La Circular 1/19 recuerda que, además, el personal puede ser convocado a cumplir 10 horas adicionales por semana, cuando mediaren “razones de servicio y sin derecho a compensación alguna”. La misiva, que lleva la firma de Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia del alto tribunal, precisa a los funcionarios que su trabajo debe ajustarse al inciso 2 del artículo 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta norma establece que, además de los requisitos particulares exigidos para cada cargo, los funcionarios judiciales deberán “observar un especial espíritu de servicio y de dedicación funcional”.
El horario laboral de los tres estamentos del Poder Judicial surge de la Acordada 234 de 1991, que regula las licencias con goce de sueldo por enfermedad, estudio y trámites personales, y los permisos de salida. Amén de que están obligados a trabajar una hora más que la cantidad mínima prevista para sus superiores, los empleados y funcionarios registran la asistencia en un lector digital mediante la impresión de la huella digital. Sólo están eximidos de “poner el dedo”, como se dice, los relatores y colaboradores más cercanos de los vocales cimeros Daniel Posse (presidente), Antonio Estofán, Claudia Sbdar, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos.
El control de la concurrencia de los jueces depende de los fedatarios de cada unidad. En la práctica, la Corte da por hecho que los titulares de los despachos cumplen el horario reglamentario a menos que los secretarios informen lo contrario. Estos deben asentar las contigencias que afectan el presentismo (ausencias por razones de salud; con aviso; por fallecimiento de familiar, etcétera) en el Portal del Personal. La Corte estableció en agosto que esa herramienta digital es de “uso obligatorio” para los jueces, funcionarios y empleados. Las inasistencias injustificadas y llegadas tardes generan descuentos, y la reiteración de las faltas debería activar sanciones de intensidad creciente.
Aunque las jornadas laborales de la Acordada 234 rigen también en los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, esas instituciones son autónomas para definir los controles. Dos meses atrás, el jefe de los defensores oficiales, Washington Navarro Dávila, decidió extender el sistema de la huella dactilar a los titulares de las Defensorías. Esta generalización del registro de la asistencia fue dispuesta con la invocación de “razones de servicio”.
El recordatorio enviado a los jueces lleva la firma de Posse, Leiva y Rodríguez Campos, y esgrime razones de “oportunidad, mérito y conveniencia” (el instrumento consigna que Estofán y Sbdar estaban de licencia). Tras la publicación de la Acordada 1.132/19 del 23 de septiembre, el presidente de la Corte relativizó la importancia de aquel “primer despertador”. En una entrevista con Panorama Tucumano, ciclo televisivo de LA GACETA, Posse manifestó que la mayoría de los jueces trabajaba más que el horario mínimo exigido y que la Acordada 1.132 había sido un acto de rutina. “Es una comunicación que se repite cada tanto, y que recuerda a los jueces y a los empleados en general las normas de cumplimiento obligatorio. Hace falta porque en ocasiones los abogados nos dicen que en tal juzgado no fueron atendidos”, añadió el jefe del máximo tribunal provincial.
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