Transparencia, dos... uno... cero

Macri aún tiene chances teóricas de pelear por la reelección en la elección definitiva del 27. Sin embargo, frente a la contundencia de los números de las PASO de agosto, algunos se atreven no sólo a dar por perdida la posibilidad de un segundo mandato para el líder del PRO, sino que ya están haciendo balances anticipados y especulando sobre cómo será valorada la gestión nacional de Cambiemos. Manzur, por ejemplo, sugirió que sólo será un mal recuerdo, mientras que otros aluden a una gran oportunidad perdida. Demasiadas promesas incumplidas, muchas expectativas y pocos resultados positivos en materia de índices sociales y económicos como para que sean optimistas en cuanto a la nueva votación.

Pero, si hay que empezar a rescatar desde ya hechos valorables del paso del macrismo por la Nación, no puede dejar de mencionarse la ley 27.275 promulgada en 2016, que alude al Derecho de Acceso a la Información Pública. A una necesidad la convirtió en un derecho. Una normativa que implicó una apuesta seria a la transparencia de los actos en la función pública y, por ende, a poner a la gestión y a la labor de todos los funcionarios bajo la lupa y el escrutinio ciudadano. Toda la información en poder del Estado se presume pública, apunta el artículo 1 de la ley, abriendo las puertas de las oficinas estatales para que cualquier vecino pueda solicitar precisiones sobre los manejos de los dineros públicos. En forma gratuita.

Este columnista supo aprovechar la ley y realizar solicitudes sobre la deuda pública, la coparticipación y los sueldos de los presidentes, las que fueron respondidas en los términos y plazos fijados en el texto: toda solicitud de información pública requerida debe ser satisfecha en un plazo no mayor de 15 días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros 15 días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada.

Cabría esperar que, por más que pueda llegar a cambiar el color político del Gobierno, los que vengan sigan respetando y haciendo cumplir la 27.275 para que cualquier ciudadano pueda reclamarle todo tipo de información al Estado, y para que no haya ningún tipo de cepo informativo. Es un buen remedio, no el único, para evitar los “deslices” de aquellos que llegan a la función pública y se tientan con las cuentas estatales. A mayor transparencia, más garantías de que la honestidad se convierta en una constante en la gestión. O que haya menos corrupción.

Así como hay que aplaudir a la Nación por el impulso a esta ley que hace a la transparencia del Estado, habría que chiflar cuestionando lo poco o nada que se hizo en Tucumán en la materia; especialmente desde el oficialismo. Hubo numerosos proyectos para adherir a la norma nacional el mismo año en que fue promulgada por Macri. En 2016 hubo seis proyectos, entre oficialistas y opositores, que promovían la adhesión al texto y que proponían la creación de una agencia local de acceso a la información pública. Todos esas iniciativas fueron archivadas, pues caducaron.

Sin embargo, según la página legislativa, en 2017 se presentaron dos nuevos proyectos al respecto; en 2018 sólo uno ingresó, y en lo que va de este año: ninguno. Cero. Como si la transparencia de la gestión y poner el manejo de las cuentas públicas frente a los ojos de la ciudadanía no fuera un valor central en la vida democrática. Los números decrecientes marcan el desinterés creciente por un tema tan fundamental para el sistema. Hasta puede ser una clasificación para la escasa voluntad política expuesta.

El Gobierno provincial está en deuda con los tucumanos. ¿Qué se quiere ocultar? Puede reivindicarse. En el próximo mandato podría apostar a mejorar la calidad institucional en Tucumán, y una buena manera de empezar sería considerando estas iniciativas, o presentando una propia, porque no hay ninguna que haya sido salido últimamente desde las filas de los oficialistas.

De hecho, las tres propuestas que actualmente tienen trámite parlamentario son todas de opositores. La primera, de agosto de 2017, es de Valdez, García y Albarracín; la segunda data de octubre de ese año, y pertenece a Viña, y la tercera, de mayo de 2018, lleva las firmas de Canelada, Colombres Garmendia, Rodríguez, Toscano, Estofán de Terraf, González, Aráoz, Bellomio y Brodersen. Todas adhieren a la ley 27.275 y contemplan, por ejemplo, que también sean sujetos obligados a brindar información pública el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, además de todos los poderes del Estado. Hay que animarse y arriesgarse por la transparencia. Es una materia pendiente.