El feudalismo con las venas abiertas

El feudalismo con las venas abiertas

La sensación de impunidad puede llegar a convencer de que tener poder es estar al margen de la ley. Dicho en otros términos, que el abuso es un atributo de los poderosos. Esta truculencia ha encontrado un ámbito de expresión y de realización en el caso de Agustín Ruiz, el director municipal de Empleo e Intermediación Laboral, y concejal electo de Las Talitas, que comenzó a ser juzgado por pedir dinero a sus ex empleados. La primera jornada del debate corroboró por qué estos hechos en principio minúsculos y muy frecuentes de supuestas exacciones ilegales -casi- nunca llegan a juicio oral en Tucumán. Basta una pizca de publicidad sobre la conducta de un funcionario de segunda línea para exponer irregularidades a lo bestia, que salpican hacia arriba. Ese espectáculo de caudillismo explícito confiere sentido a la idea de que, como pregona un príncipe del foro, los imperios sucumben por los detalles.

El desenlace de Ruiz, hasta la semana pasada un apellido perdido entre los pliegues del peronismo, empieza a incomodar al establishment político. La parte más curiosa de esa inquietud es la sorpresa que ha causado la sola existencia de este juzgamiento y su sustanciación en medio de un ciclo electoral de sensibilidad altísima. Al parecer, fallaron las incontables formas de evitar que una denuncia de corrupción progrese hasta quedar al desnudo. Quizá tiene un límite la vocación de la Justicia y, en especial, la de los fiscales, por mirar hacia abajo mientras pasan “los aviones”: también el miedo de los denunciantes y testigos, por muy a expensas que estos estén de los presuntos victimarios. El acostumbramiento a la vaca atada impide advertir esas fronteras. Del relato del imputado y de la actitud de su superior, el intendente justicialista reelecto Carlos Najar, se desprende la subestimación del impacto del debate oral y público, como si nada pudiese alterar el orden impuesto en su territorio del cercano noreste.

Tal vez a los unos y a los otros los tranquilizara el hecho de que la investigación de Adriana Reinoso Cuello haya soslayado las alusiones repetidas de que, en marzo de 2016, Ruiz pedía $ 5.000 de un salario de casi $ 8.000 para Najar. El edil electo se esmeró por dejar al intendente fuera del entuerto y reiteró que la iniciativa de pasar la gorra había sido suya. El acusado narró que tenía una caja chica para repartir dinero a “quienes golpeaban su puerta”. En aras de dar verosimilitud a su versión, el jueves declaró ante la Sala II de la Cámara Penal que trabajaba a la par de los párrocos de Cristo Rey. La coartada se desplomó unas horas más tarde, cuando, tras atragantarse con un título de LA GACETA, dos sacerdotes de ese templo, Luis Michel y José “Pepe” Abuín, levantaron el teléfono para decir, con sus palabras, que Ruiz había mentido.

¿Podrá el funcionario mantener la posición y el discurso tras la exhibición de su pecado? Ruiz quedó en un punto de tanta debilidad que más de un observador de su derrotero barajó la posibilidad de una fuga. Hasta las 9.50 del 26 de septiembre pasado el imputado había logrado “seguir su vida” como si nada pasara. Aleccionado por el cuarto de los defensores que designó, Luis Monteagudo, el director de Empleo incluso relató cómo había incrementado su patrimonio gracias a la función pública. Esto ocurrió en el edificio de la calle España: no es una escena de Chaplin. La comedia llegó al apogeo cuando, mientras llovían los misiles para la gestión de Najar, Monteagudo recibió una llamada y a todo volumen sonó su ringtone de “Damas Gratis”, el estribillo de la cumbia “Me vas a extrañar”. Todo un desafío para la paciencia del tribunal.

A Ruiz le cambió la suerte cuando se cruzó con Najar por más de una razón. Pasó de tener un plan a comprarse su auto, como él mismo contó. En particular, su jefe “lo bancó” durante la investigación de la denuncia que articularon Dora Beatriz Cura y Víctor Hugo Heredia, y hasta lo premió apoyando su candidatura a concejal. El intendente ni siquiera se molestó en guardar las apariencias respecto del affaire que llevó a juicio a su colaborador. Aunque los denunciantes declararon que lo habían puesto al tanto del pedido anómalo del 60% del salario, pretensión que había sido grabada por Cura, Najar se abstuvo de abrir un sumario administrativo para deslindar las responsabilidades. Cura, por su parte, perdió el contrato y Heredia fue “contenido” por otro concejal “najarista”. Aturde el contraste de destinos. Días antes de que comenzara el juzgamiento, el alcalde dijo que a Ruiz lo amparaba “la presunción de inocencia” y que él no había recibido ninguna notificación oficial acerca de la causa.

La ajenidad de Najar quedó en duda en la propia largada del debate, cuando el imputado reconoció que Enrique Napoleón Pérez, asesor letrado de la Municipalidad, había recibido y contestado un oficio enviado por la fiscala en el primer semestre de 2016. Según un conocedor de estos vericuetos, esa comunicación desbarata fehacientemente la posibilidad de que en la Intendencia ignoraran que Ruiz era objeto de una investigación penal que atenía al propio desenvolvimiento de la gestión. Asombra la precariedad de los “misterios” de este caso. Más allá de las dudas sobre su desempeño como director de Empleo, el acusado no pudo, no supo o no quiso explicar a la Justicia cómo había obtenido un certificado de buena conducta para presentar este año en la Junta Electoral Provincial a los fines de candidatearse para el Concejo Deliberante de Las Talitas. Ese cabo suelto podría abrir otra canilla de irregularidades.

La contrapartida del blindaje del edil electo es el perjuicio que su historia está generando a la administración de Najar. Los testigos describieron que en ese ámbito direccionaron y destrozaron pruebas; presionaron y consumaron las amenazas de cortar las fuentes de trabajo, y firmaron recibos en blanco. Los testimonios dan cuenta de un caos administrativo que se ramifica hasta el Gobierno provincial. El feudalismo “trucumano” aparece retratado con las venas abiertas. Hay sitios donde el manejo de la cosa pública como un bien propio ya no se cuestiona. Ruiz lo insinuó cuando afirmó con orgullo ante el tribunal que tanto él como su jefe practicaban “la caridad cristiana”.

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