Se extiende la agonía minera de la UNT

Se alarga sine die el inicio del proceso oral por la causa de supuesta corrupción más grande de los últimos años contra funcionarios públicos. Tras haber sido enviado a juicio en diciembre pasado el caso contra el ex rector de la UNT Juan Alberto Cerisola y tres de sus ex funcionarios por presuntas irregularidades  en el uso de los dineros provenientes  de las regalías mineras, una “superpericia” pedida por las defensas de los imputados debe ser resuelta por la Corte Suprema de la Nación y podría implicar una demora de unos dos años, según los temores del fiscal federal Pablo Camuña, que debe llevar a cabo la acusación en el proceso.

El ex rector Juan Alberto Cerisola está acusado de administración fraudulenta contra la administración pública; incumplimiento de deberes de funcionario público por la realización y/o refacción de 13 obras públicas; de las colocaciones financieras de los fondos provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), y de la disminución del porcentaje que debe recibir la UNT respecto del dinero de la minería. La ex directora de Construcciones, Olga Graciela Cudmani, está acusada administración fraudulenta contra la administración pública de la realización y/o refacción de 13 obras. El ex director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, está acusado de administración fraudulenta contra la administración pública en una obra; y el ex subsecretario Administrativo, Luis Fernando Sacca, está acusado de administración fraudulenta contra la administración pública, respecto de las colocaciones financieras del dinero proveniente de YMAD.

El proceso trata sobre el uso del dinero (unos $ 330 millones) proveniente de regalías mineras entre 2006 y 2008. Mediante acta firmada EL 2/1/08 con el directorio de YMAD (que integraban, como representantes de la UNT, los ex rectores Mario Marigliano y Rodolfo Campero) Cerisola declaró cumplida la obligación legal de usar específicamente los fondos mineros para la construcción dela Ciudad Universitaria; con ello se bajó el porcentaje de regalías para la UNT del 40% al 20%. Este 20% quedó de libre disponibilidad para uso discrecional y ya no para la Ciudad Universitaria. Años después, ya estallado el escándalo, el acta de 2008 fue declarada nula por el Consejo Superior.

En el juicio se van a analizar las denuncias por irregularidades y sobreprecios en las obras realizadas en esos años (hay otra denuncia por otras obras que aún está analizando el fiscal Carlos Brito) y por las colocaciones financieras de ese dinero. También hay otra pesquisa encargada al fiscal Brito por orden de la Cámara de Apelaciones, que pide investigar la ruta del dinero, es decir qué funcionarios y estamentos de la UNT tuvieron que ver con estas maniobras, más allá de los que ya están acusados.

En la preparación del juicio oral, el fiscal Camuña ha pedido  muchos informes de la Universidad; actas de distintas reuniones del Consejo Superior; resoluciones; “mucha documentación de parte de la Universidad -dice- de egreso e ingreso de determinadas cuentas y también las pruebas de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac)”. En marzo se cerró el ofrecimiento de pruebas y hasta el mes pasado hubo procesos de impugnaciones y presentaciones.  “AGN, Sigen (Sindicatura General de la Nación), Procelac y Gendarmería nacional son los cuatro organismos nacionales que hicieron ya informes técnicos contables y sobre los cuales el cuerpo de peritos de la Corte Suprema haría una nueva pericia”, dice Camuña. Esta es la “superpericia sobre todos los puntos que están en la imputación” -en palabras del fiscal- pedida por las defensas, que llevaría el juicio lejos en el tiempo. “Nosotros respetamos el informe en sí mismo”, explica.

Camuña pidió que la Procelac estudie tiempo y costos que demandaría responder esa “superpericia”: entre las 123 preguntas de la defensa de Cerisola y las 125 de la de Sacca, estimando que investigar, relevar y responder cada interrogante llevaría cuatro horas, eso implicaría 992 horas, es decir 165,33 días laborales. Y en cuanto al posible costo para el Estado, considerando que por lo menos debe haber un perito oficial y uno del Ministerio Fiscal, entre sueldos y aportes por todo ese tiempo, insumiría 2,8 millones de pesos. Eso debe resolver la Corte nacional.

Mientras tanto, la UNT no termina de acomodarse del cimbronazo que fue para su estructura el escándalo de los fondos de YMAD, que dejó al descubierto la lenidad de los controles. Una nueva auditoría de la AGN, entregada al rectorado en abril pasado, reclama que hay deuda sobre recomendaciones realizadas en la auditoría de 2013 sobre el uso dado a los fondos provenientes de utilidades de YMAD aplicados a la construcción de obras públicas. Señala que el Consejo Superior dejó sin efecto  en abril del año 2010 las Resoluciones del ex rector Cerisola del año 2008, por las cuales la universidad se apartaba irregularmente del régimen establecido por la Ley de Obras Públicas de la Nación, estableciendo un mecanismo ilegal y perjudicial al patrimonio de la universidad y por ende del Estado Nacional. Pese a ello, durante el año 2011, la UNT contrató 2 obras con el régimen ilegal anterior. Dichas obras corresponden a los Registros N°595 “Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento- Reformulación Proyecto Complejo Aulas y Salón de Usos Múltiples”, ejecutada por Contratación Directa Nro. 04/11; y N°598 “Nuevo Complejo Anfiteatros- Facultad de Filosofía”, Licitación Privada Nro. 3/11. La explicación fue que las obras habían sido aprobadas antes de la decisión de cambiar el régimen de contratación.

Más adelante la AGN dice del proceso de construcción de obras con dineros provenientes de utilidades de YMAD queda pendiente de rendición un monto de $34.7 millones, lo cual surge de una auditoría realizada por la misma UNT. Al no saber qué ocurrió con ese dinero, la UNT hizo una denuncia penal.  Pero lo que ocurrió -resalta la AGN- fue facilitado por la inexistencia de manuales de procedimiento y organización. La Universidad respondió que se está confeccionando el manual de procedimiento, pero no se sabe que haya realizado investigación administrativa interna de todos los intervinientes en los ilícitos denunciados.

Es decir, si hubiera maniobras como las que llevaron a este juicio que nunca llega, los funcionarios serían responsables por  “dolo, culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones”. Pero como ni siquiera la AGN, más allá de hacer recomendaciones, los apura para que respondan por lo que se está haciendo incorrectamente, acaso jamás se llegue a un cambio en los procedimientos. Además, la cuestión minera sigue dando dolores de cabeza a la Universidad. ¿Hasta cuándo durará la agonía?