¿Cómo van a perseguir a los narcocriminales?

Por segunda vez en cinco años, Tucumán sancionó una ley contra el narcomenudeo, con la idea de que la Policía y la Justicia tucumanas van a encargarse de la lucha antidrogas. La primera ley, de 2014, recibió un mazazo antes de estrenarse, con un planteo judicial del ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, que dijo que no había estructura adecuada ni personal para combatir a los narcos barriales. La nueva ley, que prevé específicamente que se creen tres juzgados, tres fiscalías y una comisión de control, pretende superar esa traba, aunque los problemas de 2014 siguen más o menos igual. Ahora se dispone que se reasignen partidas y se espera que la Nación dé una ayudita dineraria, algo casi imposible en el actual contexto de abismo económico.

Es muy poco probable que esta norma sea efectiva, por cinco motivos:

1) Respuesta populista

La proliferación de los “quiosquitos” de venta de drogas en los barrios vulnerables –hay más de 220 barriadas pobrísimas- ha derivado en el aumento, nunca medido, de adictos y de la formación de estructuras de compraventa. Estas se sustentan en “soldaditos” que, al servicio de los transas, se ocupan del trasiego de droga y de dinero. Esos grupos –también llamados “clanes” y que la Policía y la Justicia Federal han identificado (el año pasado decían que había unos 22) son estructuras familiares violentas que han encontrado en el negocio del narcomenudeo una forma de vida más redituable que los robos y asaltos. Los cambios notorios detectados por la Policía y la Justicia (nunca bien mensurados) en la compraventa de drogas han derivado en los reclamos vecinales de que se haga algo contra esa actividad que, según esta lógica, es la verdadera responsable de la violencia. Lo cual habría que probarlo. A esto han contribuido las apreciaciones de algunos fiscales que en los últimos años señalaban que un alto porcentaje de los detenidos eran consumidores de drogas. Y en tiempos recientes, el Ministerio Público Fiscal advirtió que en diferentes allanamientos por diversos delitos se encontraba casi siempre droga. Con esto se llegó a la presunción de que la droga es la raíz de todos los males. De ahí la frase del legislador Javier Pucharras (PJ) de que “los que trafican muerte se van a tener que preocupar” y la aseveración del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, de que ahora van a “patear puertas” de los narcos.

2) Los “casos controvertidos”

El ministro Fiscal planteó hace unos días sus dudas: “es difícil dividir un delito”, dijo. Esto es, determinar cuándo se trata de tráfico menudo de sustancias y cuándo es de gran escala. ¿Hasta un kilo? ¿Hasta 10? Eso va a determinar que los policías tucumanos –o los nuevos fiscales y jueces- tengan que definir la competencia en el momento. La experiencia en los 14 años de vigencia de la ley nacional que propone la provincialización del narcomenudeo muestra que esto no se ha resuelto. El fiscal federal Pablo Camuña señaló que el principal punto ciego de este asunto son las “zonas grises” entre una organización narcocriminal internacional y un quiosco que vende dosis para consumo. Ese problema de dividir un delito es lo que motivó que pocas provincias adhirieran a la ley nacional: Buenos Aires (desde 2005), Córdoba (desde 2012), Salta, Chaco, Formosa y Entre Ríos. Tucumán insiste con su propuesta de 2014. “ Yo creo que es lo mismo que en 2014. No puedo hacer objeción porque la ley no está promulgada”, dice Jiménez. “Es una situación complicada desde lo legal porque hay una resolución de la Corte tucumana por la cual se suspendía la aplicación de la ley contra el narcomenudeo y ahora hay una insistencia legislativa. Hay que mirar bien”, agrega.

3) Legislar a contramano

En Tucumán la inseguridad ha generado tanto miedo que desde hace cuatro años está declarada la emergencia en seguridad. Hay una comisión legislativa interpoderes dedicada a estudiar y analizar esta problemática; sin embargo nada se ha investigado en estos años. El Poder Ejecutivo –que suscribe al discurso punitivo del gobierno nacional- ha creado el año pasado la Secretaría de Lucha contra el narcotráfico, y desde entonces puso en funcionamiento cinco Ceplas para ayudar a jóvenes en riesgo y a adictos (va a crear otro Cepla). También montó un Observatorio de drogas. Pero estas organizaciones están en pañales. Muy poco se sabe de consumo; ni siquiera se tiene una estimación de la cantidad de consumidores para saber cuántos Ceplas hacen falta. Los que sí deben tener estimaciones son los grandes narcos, porque la venta de drogas se rige básicamente por la oferta y la demanda.

No obstante, es tan grande el reclamo de que se ataque a los transas en los barrios, que la sola idea de mandar grandes operativos a las villas seduce. Lo que sugieren Jaldo y los legisladores, que aprobaron la ley (el único que se opuso es el radical Fernando Valdez), es que se va a detener a los traficantes. La experiencia en Córdoba es que se ha llenado la cárcel de “quiosqueros” y narcoadictos. “Primero se detuvo al quiosquero, a la semana siguiente a la mujer del quiosquero, y después al hijo. Pero la droga siguió llegando a los barrios”, cuenta Juan Federico, periodista de “La Voz”. El fenómeno que se dio fue que se sobresaturó la cárcel con “narquitos” y con mujeres.

Tucumán, que ya tiene saturadas las cárceles y las comisarías, va a explotar con esta nueva política punitiva, y no tiene estructura penitenciaria para enfrentar el fenómeno.

4) Los huidizos “peces gordos”

Aunque en Tucumán Policía y Justicia federal de la provincia se enorgullecen de haber desbaratado al menos una docena de organizaciones narcocriminales en los últimos tiempos, nadie puede explicar por qué Tucumán cada vez se inunda más de droga. Una razón podría ser que la organización judicial federal es insuficiente. Sólo dos juzgados y dos fiscales, desde hace dos décadas. No obstante, en las provincias donde se provincializó la lucha contra el narcomenudeo no hubo mejora en la tarea de la Justicia Federal. En Córdoba, que antes de 2012 acumulaba el 10% de las grandes causas contra narcocriminales en el país, en 2015 sólo tenía el 1%, según el informe de la Procunar, que señala que la lucha contra los grandes narcos cayó en esas provincias, excepto en Salta, donde los resultados son más o menos iguales que antes de la adhesión. El periodista Juan Federico dice que en los dos primeros años de aplicación de la ley en Córdoba los grandes narcos se hicieron más fuertes.

Otra razón podría ser que la política punitiva, tal como se ha organizado, no ha dado resultados. Así se lo sugiere desde hace muchos años pero las estructuras no cambian. En este sentido, señala Camuña que la respuesta que puede dar la Justicia penal, con cualquier sistema, siempre será residual. “Las políticas punitivas no tienen mayor incidencia sobre el consumo y los problemas para la paz social”, dice.

El problema de las jurisdicciones es sustancial en la lucha antidrogas. En Córdoba se creó una agencia especial para combatir el narcomenudeo pero empezaron a chocar las investigaciones de las fuerzas provinciales con las de las federales. Los de la agencia provincial allanaban un “quiosquito” y detenían al “quiosquero” y los de Gendarmería veían que el “pez gordo” se les escapaba.

5) Siempre caen los consumidores

Finalmente, el informe de la Procunar es lapidario. Dice que se persigue, como siempre, a consumidores y a pequeños vendedores, lo cual pone en duda el grado de eficacia y de eficiencia de la persecución penal. “Hay que considerar que las causas por tenencia para consumo personal que ingresan al sistema de justicia –tanto federal como provincial– rara vez prosiguen su trámite... (...)... Y, aunque no se cuenta con datos precisos, es posible afirmar que la gran mayoría de estas causas son archivadas inmediatamente después de su ingreso al sistema de Justicia”.

Es decir que los policías podrán patear muchas puertas y detener a mucha gente. “O hacemos esto o no hacemos nada”, dijo el legislador radical Rubén Chebaia, a modo de justificación. Lo que no pueden afirmar que van a parar la inundación de droga y difícilmente llegarán al gran narco.