A los tiros con la estadística criminal

31 Ago 2019 Por Roberto Delgado
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El informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) ofrece un inquietante perfil sobre Tucumán. Los habitantes de esta provincia vivimos amenazándonos (es el delito que más se denuncia), tenemos serios problemas por la cantidad de heridos en robos violentos y estamos en segundo lugar en cuanto a la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Con 135 asesinatos cometidos en 2018 en una población de 1,6 millón de personas, la tasa es de 8,2, es decir un nivel casi epidémico. Sólo nos supera Santa Fe, que tiene en la violenta ciudad de Rosario el núcleo más preocupante del país.

Las señas de identidad criminal de la provincia marcan una figura inquietante que, a primera vista, parece reflejar la realidad: si nos detenemos solamente en observar lo ocurrido en el conflictivo mes de agosto, con 13 asesinatos, esta radiografía de la violencia criminal parece sencillamente explicar lo que se percibe en hechos aislados (pero repetidos) a lo largo de la geografía provincial. El informe nacional dice, además, que Tucumán es una isla de violencia en medio de una región mucho más pacífica: Jujuy tuvo 19 homicidios en 2018; Salta, 73; Santiago del Estero, 37, La Rioja, 10 y Catamarca, 6. No obstante, se informa que en nuestra provincia bajaron los índices de robos en relación con el año anterior y estamos terceros en el ranking de robos a nivel regional. También Tucumán queda atrás en comparación con provincias más grandes como Córdoba, que con 3,5 millones de habitantes tuvo 108 homicidios (muy pacífica, una tasa de 2,9) o Mendoza, que con 1,9 millón tuvo 106 asesinatos (tasa de 5,6), y hasta la gigantesca Buenos Aires, que con 16,7 millones de personas tuvo 992 homicidios (tasa: 5,8).

Estigmas tucumanos

Tucumán se diferencia del país en que acá lo que más se denuncia son las amenazas, delito seguido por los robos y por las lesiones dolosas.  En cambio, en las otras provincias (excepto San Luis y Tierra del Fuego) lo que más se denuncia son robos. Lo cual marca un poco el perfil tucumano: se roba menos (en proporción) que en el resto del país, se amenaza más y se asalta con más violencia. Además del índice alto de homicidios que nos estigmatiza.

La comparación con Córdoba es inexplicable. En esa provincia hay un Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana (creado por el Gobierno hace cuatro años). El diario La Voz, que lleva a cabo un registro propio de homicidios, chequea los datos con el observatorio, con comisarías y fiscalías. Desde 2010 tiene una baja sostenida el nivel de homicidios (el diario contabilizó 109, uno más que el informe nacional), no así el de robos. “Te van a robar más, pero te van a matar menos”, ironiza el periodista Juan Federico, cuyo informe del 7/1/19 da una mirada sobre la realidad de la capital cordobesa y de la provincia. Eso sí, Tucumán se vincula con Córdoba en cuanto a que en ambas provincias aumentaron los homicidios en ocasión de robo. En cambio, en San Luis, Formosa y Santa Cruz no hubo asesinatos cometidos durante asaltos.

Otras cifras del informe dan que pensar:  altos niveles de suicidios (116 en Tucumán, 16 en Salta, 118 en Santiago, 198 en Mendoza, 44 en Catamarca, 28 en Jujuy , 47 en La Rioja, 255 en Córdoba), que en varios casos superan los niveles de homicidios, obligarían a atender la advertencia de Unicef de que en tres décadas se triplicó la tasa de suicidio adolescente en el país. De esto prácticamente no se habla en la sociedad. Pero alarma.

Del mismo modo, aumenta el nivel de denuncia de abusos sexuales. En Tucumán, 206 denuncias, contra los 171 de 2017 y los 129 de 2016.

Podría pensarse que esta radiografía efectivamente da el perfil de Tucumán y el país. Pero no es exacta. A poco de que se empiece a escarbar se puede dudar de los datos. El ministro de Seguridad tucumano, Claudio Maley, contrariado porque se publicó que los informes de la Provincia a la Legislatura dan cuenta de 15.000 robos menos que los que registró la Nación para Tucumán, dijo que “hay una intención política en armar esos registros”. Luego, defendió a los informes tucumanos. En todo caso, dijo que posiblemente se estén teniendo en cuenta las “cifras negras” de delitos que finalmente no quedan plasmados en las denuncias.

Demasiadas limitaciones

Cuando se ve la historia de cómo la actual administración nacional reorganizó el sistema estadístico que había sido ignorado por el kirchnerismo desde 2008, se entiende que también el macrismo ha trabajado con precariedad. En 2017 se cambió la metodología y se advirtió que faltaban sistemas automatizados e integrados para recolectar datos; que había problemas de infraestructura y de conectividad, así como limitado control sistematizado de los datos. También se mencionaron entonces “las limitaciones que tienen usualmente los datos policiales (por ejemplo, la no contabilización de la “cifra negra” del delito)”. En el informe de 2018 se dijo que se estaba trabajando en mejorar los datos anteriores. Cuando se publicó la estadística, en junio del año pasado, la levantaron de la web y hubo un vacío durante varios días debido a que se habían dado erróneamente datos de Capital Federal. Este año, el informe se publicó muy tarde (antes se difundía en junio), y aunque se aclara que ya se han corregido defectos y datos erróneos de los años anteriores, no hay ninguna información acerca de cómo se repararon los problemas de las provincias. Sólo se dice que una oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (Onnud) perita las estadísticas y ha calificado con una “A” el trabajo del Ministerio de Seguridad argentino. A partir de ahí, la ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dicho que a este nivel en 10 años Argentina tendrá las tasas de seguridad europeas.

¿Cómo dudar de eso? ¿Sugiriendo, como Maley, que hay intencionalidad política? Los ciudadanos estamos en una encrucijada y vale la pregunta: ¿de dónde saca los datos la Nación, si no es de los informes de la Policía tucumana, que depende de Maley? ¿Los han manipulado? Tampoco se entiende cómo es la recolección de datos de Tucumán, que aún se sigue haciendo manual, sin un procedimiento riguroso ni mucho menos controlado. Basta recordar que hace tres años el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, habló de la saturación del sistema penal y dijo que había casi 100.000 denuncias por año. En 2018, según el informe nacional, hubo 56.296 hechos delictivios en Tucumán. Una sensible disminución, ciertamente inexplicable.

El Ministerio de seguridad tucumano aún espera que prospere el proyecto de informatización de las comisarías. La Nación, por otra parte, no ha montado en la provincia una oficina para control de la recolección de informaciones criminales. De hecho, en la provincia no hay una unificación de criterios entre la Policía y la Justicia. Por ello, hasta en homicidios (que es el único delito en el que no hay cifra negra) los datos no coinciden. Tucumán dejó caer el equipo de la Corte Suprema que recolectaba y analizaba desde 2013 los homicidios, en el Plan de Monitoreo Preventivo de Criminalidad Violenta. En los últimos dos años, los datos de homicidios del informe nacional eran diferentes a los obtenidos y publicados por LA GACETA. Este año son superiores.

Más allá de las suspicacias, queda claro que no se ha invertido con precisión en el análisis de datos. La publicación estadística, que ayuda a tener una mirada sobre lo que pasa, podría contribuir a responder algunas preguntas: ¿Se pueden prevenir los homicidios? ¿Se pueden prevenir los otros delitos? Habrá comisarios que dirán “no”, pero en cuanto se miran los problemas, como los de la violencia de género, se advierte que la falta de atención de denuncias (carencia de prevención) en muchos casos ha derivado en femicidios: hubo ocho en lo que va de este año en Tucumán. Lo mismo debería ocurrir con la violencia intravecinal.

Los datos, despojados el factor emocional, podrían ayudar a encarar tareas de pacificación de una provincia sacudida por la violencia. Pero las cifras por ahora son como un libro de arena, mientras la Nación dice una cosa y la Provincia afirma otra. Dos supuestas verdades en pugna pueden dar como resultado dos falsedades, y con eso no se puede construir un perfil. Y mucho menos, actuar.

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