Le dieron arresto en casa a Sabrina Pasarín, pero debe usar pulsera electrónica

Sabrina Pasarín recibió dos noticias en cuatro días. El lunes 12, la fiscala Adriana Giannoni pidió que sea enjuiciada por homicidio simple con dolo eventual por haber provocado la muerte de un joven en un accidente. El viernes, el juez Facundo Maggio aceptó el planteo hecho por la defensa y le otorgó el beneficio del arresto domiciliario para que se encargue del cuidado de su hija de cuatro años.

El jueves 20 de junio, la joven de 21 años se movilizaba en una camioneta Chevrolet S10 por calle San Martín y, al llegar a la esquina con José Colombres embistió a un auto Chevrolet Corsa que era conducido por Rodrigo Carrizo, quien, por la fuerza del impacto, salió despedido y murió en el acto.

Mientras la fiscala Giannoni investigaba el caso, se conoció que la joven, cuando tenía 14 años, había protagonizado otro accidente fatal. En septiembre de 2011 se cayó de la moto de alta cilindrada que conducía y en el percance murió Lucía Nieto, también de 14, quien la acompañaba en el vehículo.

La familia Nieto, al enterarse del nuevo siniestro que había protagonizado Pasarín, se animó a denunciar que habían sido amenazados por el padre, Mario Pasarín (quien actualmente espera ser enjuiciado por un caso de drogas) para que la causa no avanzara; y denunció varias irregularidades como que las pericias no se hicieron en tiempo y forma; además, dudas sobre el dosaje alcohólico que le debían haber practicado; y también que nunca fueron notificados de que la causa había sido archivada.

En la investigación se comprobó que Pasarín tenía 0,69 de alcohol en sangre; que circulaba a alta velocidad y que los semáforos de la esquina funcionaban normalmente, desmintiendo así la versión que había dado la joven de que estaban en precaución. La fiscala la acusó entonces por homicidio simple, por lo que solicitó que se le dicte la prisión preventiva.

El juez Francisco Pisa le dio la razón y al mismo tiempo confirmó que había peligro de que la acusada entorpezca la investigación si quedaba en libertad. Tuvo en cuenta el presunto soborno que habría pagado para que se modificara el dosaje alcohólico y que tenía los medios y contactos para fugarse.

Resuelta la situación procesal, el defensor de la imputada, Luis María Rizo, insistió con el pedido de que se le otorgara el arresto domiciliario. Argumentó que la joven había perdido el contacto con su hija desde el día del accidente y que, a pese que estaba al cuidado de sus abuelos, estaba sufriendo por la falta de contacto.

Maggio, según consta en el expediente, pidió opinión a todas las partes. La fiscala y la familia, a través de su abogado, Jorge Lobo Aragón, rechazaron el pedido. Sin embargo, una psicóloga, una trabajadora social y un defensor de Menores coincidieron en que se le debía otorgar el beneficio hasta que se cumpla el plazo de la prisión preventiva que se le dictó. El magistrado decidió otorgarle el beneficio y ordenó que se la incorporara en el programa de Personas Bajo Asistente Electrónica, es decir, que se le coloque una pulsera electrónica para que no salga del domicilio donde deberá permanecer.

“La víctima jamás debe ser silenciada y no se le puede conceder un derecho a una mujer que hizo caso omiso al cuidado de su hijo menor el día del accidente”, sostuvo Lobo Aragón. ”La imputada está acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual que por su naturaleza no procede la ejecución condicional. Además de entorpecer el accionar de la Justicia con intento de soborno y declaraciones incomprensibles”, agregó.

“Además, no podemos olvidar que fue protagonista de dos accidentes con víctimas fatales por su indiferencia y desidia hacia la vida del prójimo. La resolución del juez es totalmente incoherente y más aún si se tiene en cuenta los fundamentos que tuvo un par a la hora de dictarle la prisión preventiva”, concluyó Lobo Aragón.