Está ganando el narcomenudeo

Cada vez son menos los tucumanos que miran de reojo un tema que sólo trajo malas noticias en la provincia en los últimos tiempos. El hallazgo de drogas en una escuela de la capital y el aberrante crimen de un niño de cuatro años en El Colmenar son argumentos sólidos para pensar que la situación es grave y será peor si no se toman las medidas necesarias para acabar con el flagelo del narcomenudeo. Se trata de una actividad ilícita que está destruyendo paulatinamente a una sociedad que no reacciona porque pareciera no terminar de entender lo que está sucediendo.

María Elena Arruñada es la directora de la escuela Presidente Perón que está ubicada en Jujuy al 4.000. Se enojó con todos los medios luego de que difundieran que una adolescente había llevado 25 dosis de cocaína al establecimiento. A las pocas horas, mucho más calmada, dijo que por ese caso recibió en su oficina a otros alumnos pidiéndole ayuda porque tenían problemas de adicción. La docente dijo que ahora se encargaría de ayudarlos y que estaba haciendo todas las gestiones necesarias para conseguir asistencia. Ese pedido, que por momentos suena a súplica, antes lo habían hecho los profesores de la zona del Mercofrut, de Alderetes, de La Costanera y de Villa 9 de Julio, entre otros lugares. Hace más de dos años, por una iniciativa del legislador oficialista Javier Pucharras, en la cámara se aprobó por mayoría una Ley donde se establecía el dictado obligatorio de materias para prevenir las adicciones y para frenar el consumo, pero nunca se promulgó. Duerme en algún cajón del Poder Ejecutivo.

El narcomenudeo desde hace mucho tiempo está imponiéndose en los barrios de la provincia y no sólo en los de la periferia. El transa, que vende dosis de muerte en papel glasé, es el principal generador de trabajo en los hogares destruidos por la crisis social y económica, pagando para que venda, le escondan la sustancia y contratando gente para custodiar sus quioscos, entre otras aberrantes alternativas. Se transformó en el principal benefactor, ya que entrega comida, útiles y hasta los ataúdes de los chicos que se quitaron la vida por no haber podido salir del infierno del consumo. Ningún puntero u organización puede militar en su territorio sin su autorización. Entonces, ¿cómo puede sorprender que la droga que vende termine llegando a las escuelas (de todos los niveles) si los establecimientos educativos son el corazón de esa comunidad?

Horrendo caso

El jueves por la tarde, niños encontraron a Ulises Benjamín Amaya colgando de un cable de un puente de El Colmenar. Los tucumanos, espantados, reaccionaron elaborando diferentes hipótesis. Víctima de un crimen intrafamiliar, una venganza narco con ribetes a las ejecuciones mexicanas, un ajuste de cuenta y hasta un trágico final de un rito satánico. Pero nadie, nadie, analizó la vulnerabilidad del niño de cuatro años. “Benja” vivía en una casa de dos habitaciones junto a otras 11 personas; comía salteado y en el merendero del barrio Jesús de Nazareth; en su hogar no había una cocina, sino que todo se calentaba y cocinaba con leña; y los ingresos más importantes eran los $9.000 de un plan que cobraba la abuela y una que otra changuita que hacía su abuelastro en un municipio donde hay centenares de personas como él. El día que desapareció el pequeño, su madre de 20 años dejó el hogar para ir a la sede de la Agrupación El Colmenar para repartir votos con la esperanza de que le restituyeran la ayuda social de $4.500 que percibió hasta junio.

El homicidio de Benjamín caló tan hondo en la sociedad que hasta el intendente de Las Talitas tuvo que salir a poner paños fríos. En interminables entrevistas habló de un hecho desgraciado; se puso el traje de investigador y hasta despotricó contra la puerta giratoria de la Justicia. Su reacción fue lógica y entendible, pero cero autocrítica. No dijo ni una palabra sobre por qué no obliga a los propietarios de ese predio a mantenerlo limpio; por qué los caminos que llegan y salen de ese barrio están en pésimo estado; por qué casi no hay alumbrado público y, lo que es más grave; qué se puede hacer para que no haya más “Benjas” en Las Talitas. De esa vulnerabilidad es la que aprovechan los transas para crecer a pasos agigantados.

Pero este no sólo es un problema del municipio que administra Najar. Es un drama que se extiende a lo largo y a lo ancho de la provincia. La División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal volvió a desarticular un centro de comercialización en Manantial Sur, el barrio que los vecinos denunciaron la presencia de los narcos.

Entre el 3 de agosto y el sábado, la Policía secuestró 540 dosis de marihuana y 631 de cocaína en ocho operativos. Ninguno de esos procedimientos fueron por causas vinculadas a la comercialización de drogas. Tres de ellos fue por olfato de los uniformados que observaron movimientos sospechosos (en uno de ellos cayeron tres miembros del clan Carrión, grupo sospechado de tener una red en Villa 9 de Julio) y en los cinco restantes los investigadores allanaron domicilios por expedientes vinculados a robo y terminaron encontrándose con “quioscos”. Aquí no hay secretos y no hacen falta bocas de urna y encuestas: gana el narcomenudeo.