En la oficina que controlan a las agencias, hablan de una “lucha desigual”

04 Ago 2019
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“En toda la provincia y en todos los barrios hay personas que ofrecen seguridad privada de modo clandestino. En algunos casos, ni siquiera llegan a configurar una empresa, sino que simplemente van por cuadras y ofertan su servicio. A veces, un jefe aglutina a dos o tres serenos. Otras, los mismos rondines salen a captar clientes”. El que habla es el titular de la Oficina de Control de las Agencias de Seguridad Privada, que depende del Ministerio de Seguridad de Tucumán, el abogado Mariano Delgado.

Actualmente, la Ley N° 7.715 rige a los servicios de vigilancia; de investigaciones; de custodia y de seguridad en establecimientos comerciales e industriales, edificios públicos y privados y espectáculos, entre otros. Delgado explica que la presencia de rondines y la instalación de garitas no se encuentra contemplada dentro de las disposiciones legales, por lo que se ingresa en una zona de grises. “No tenemos ni registro de los serenos. Por ello, es necesario que los legisladores avancen en el debate de un proyecto normativo. Ese texto que actualiza nuestra normativa ya ha sido elaborado y presentado”, recuerda.

“Luchamos todo el tiempo contra estas agrupaciones. Tratamos de erradicarlas de la actividad. Pero combatirlas se hace cada vez más difícil. La gente accede a esos servicios debido a que los costos son menores que los de una empresa en regla. A veces, les iniciamos un sumario administrativo, les fijamos una multa y las desactivamos. Pero a la semana, aparecen en otro lugar y con otro nombre. La pelea es desigual”, añade el funcionario.

Luego, apunta a generar conciencia entre la ciudadanía, para que contraten únicamente a las agencias que se encuentran habilitadas. “Obviamente, estar en regla implica tener empleados en blanco, pagar impuestos y montar una estructura. Y esos gastos se trasladan al cliente”, razona.

El costo de un servicio de seguridad vecinal legal podría arrancar desde los $ 2.800 mensuales por casa, aproximadamente. Un vecino con el mismo servicio contratado de manera ilegal puede llegar a pagar alrededor de $ 1.800. Esto explica, de algún modo, por qué abundan las garitas ilegales.

“El viejo paradigma de que la seguridad está en manos del Estado se ha modificado. Los ciudadanos se agrupan en todas partes para garantizar su seguridad. Se han multiplicado este tipo de organizaciones barriales. Por eso, es urgente contar con una regulación acorde a la situación”, prosigue Delgado. Y cuando habla de regulación, se refiere a, por ejemplo, un registro de serenos, y cuyos requisitos sean similares a los vigentes para los miembros de las empresas de seguridad privada, como constancia de aptos físicos y psicológicos o constancia de antecedentes policiales.

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