De manera explícita, la convención de 1795 encargó a los ciudadanos la custodia del sistema republicano (por oposición al Antiguo Régimen) alumbrado por la Revolución Francesa seis años antes. “El pueblo francés encomienda la presente Constitución a la lealtad de los poderes públicos y a la vigilancia de los padres de familia, las esposas y las madres, al afecto de los jóvenes ciudadanos, al coraje de todos los franceses”, dice la Constitución Francesa del año III.
Medio siglo después, la alberdiana Constitución Argentina abandonaba toda desiderata: planteó que la ciudadanía, además de derechos, tiene deberes. El primero, pautó el texto de 1853, era la defensa del Estado nacional, por oposición al régimen virreinal. “Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional…”, reclama el artículo 21. Léase, sumarse a las Fuerzas Armadas normadas por la Carta Magna, reguladas por las leyes de la democracia y, en última instancia, por el Presidente; para defender la Ley Fundamental, los poderes que ella crea y la patria toda, no una fracción. No una facción.
A las puertas del siglo XXI, durante la reforma de 1994, los argentinos contemporáneos introdujeron una norma que plantea la defensa del sistema de gobierno vigente (este que garantiza la libertad y la regula con la responsabilidad), con un derecho que también es un deber. “Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio…”, puntualiza el artículo 37.
Votar es también, y fundamentalmente, defender la patria, la Constitución y, por medio de la democracia más plena, nuestro sistema de gobierno representativo, republicano y federal.
La república
Aunque no sea evidente, los conceptos y las implicancias de “democracia” y de “constitución” están en tensión. Si no se nota es debido a que la vigencia de la Carta Magna sólo se da en la Argentina durante la vigencia de la democracia. Pero, como advierte el constitucionalista Roberto Gargarella en Constitucionalismo vs. Democracia, ambas ideas no se llevan bien.
“Nuestros compromisos democráticos apelan a un principio que a primera vista no reconoce límites y según el cual no hay ninguna autoridad superior a la nuestra, actuando colectivamente. Por otro lado, ideas como las de Constitución o derechos humanos nos llevan a pensar en límites infranqueables, capaces de resistir la presión de cualquier grupo y, especialmente, las presiones de un grupo mayoritario”. Es decir, la democracia enfoca su atención en los derechos de las mayorías, mientras que el constitucionalismo blinda las garantías de las minorías. Los derechos humanos son hijos de esa conciencia constitucional.
¿Hay manera de resolver el enfrentamiento entre democracia y constitucionalismo? Cuanto menos, Gargarella ofrece principios para moderar esa inquietante tensión.
El primero de ellos es que preocuparse por la democracia, necesariamente, implica reconocer la primacía del constitucionalismo: del sistema de relaciones y contrapesos entre las instituciones. Ese entramado permite a la Constitución establecer las condiciones para que la democracia funcione. Un poder legisla, otro ejecuta la ley y un tercero la interpreta. Y ninguno puede usurpar las funciones de los otros. Los límites que fija la república mediante la Carta Magna no son para maniatar al pueblo, sino para potenciar la libertad como comunidad.
Pero Gargarella no sólo repara en las diferencias. También explora los acuerdos entre Constitucionalismo y Democracia. Ninguno tan trascendente como la igualdad: “conlleva una preocupación por asegurar que la vida de cada individuo depende de las elecciones que realiza y no de las meras circunstancias en las que le tocó nacer”. El origen no es el destino.
Ello habilita un tercer principio: Democracia y Constitucionalismo tienen en común la deliberación colectiva, mediante la cual se articula el derecho al igual respeto. Nadie tiene el derecho de arrogarse el poder de tomar decisiones sobre todos los demás miembros de la sociedad.
Nada como ir a votar para ejercer la democracia viva, para articular los poderes de la república que la hagan funcionar, para ejercer la igualdad en acto (una persona, un voto), y para deliberar colectivamente y arribar a una decisión de todos los ciudadanos.
La representación
En Historia de las elecciones en la Argentina – 1810 - 2011, Hilda Sabato y Marcela Ternavasio demuestran que en Hispanoamérica no rigieron, tras la descolonización del siglo XIX, las restricciones al voto que habían campeado en Europa. Inclusive, aquí eran las clases populares las que más se activaban electoralmente, en contraste con la apatía de las élites. Aun así, en la primera década del siglo XX, de las elecciones en Buenos Aires participaba sólo el 4% de la población. Y cuando Hipólito Yrigoyen le arranca al orden conservador la reforma electoral de 1912, la “Ley Sáenz peña”, el porcentaje se duplicó, pero trepó apenas hasta el 9%.
Más adelante, escribe Luciano de Privitellio, en las elecciones de 1928 (segunda presidencia de Yrigoyen), la participación da otro salto y alcanza al 15% del total de los habitantes.
La condición de ciudadanía, anota Natalio Botana, era todavía minoritaria. La Argentina era, más bien, una sociedad de habitantes. Una en la cual, además, no votaban las mujeres.
La democracia de plena inclusión electoral alcanzó fisonomía definitiva en la década de 1940, anota el politólogo. Fue con la promulgación, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, de la ley de sufragio femenino. Generacionalmente, además, se dio entonces la incorporación de los hijos y de los nietos de los inmigrantes llegados entre fines del siglo XIX y principios de siglo XX. Con todo ello, la participación en las elecciones fue del 47% de la población en 1951, para la reelección de Perón. Y llegó al 50% en 1958, con el peronismo proscripto tras el golpe de 1955. “Desde entonces, este promedio no ha variado significativamente”, sintetiza Botana.
Los últimos comicios nacionales confirman esa tendencia. En 2017 votaron 25,7 millones de ciudadanos, en un país con una población es 44 millones de personas. Es decir, el 58,3% de los habitantes. Tucumán no es la excepción. El 9 de junio sufragaron 1.000.393 ciudadanos. Es el 82,2% del padrón. Pero, considerando que la proyección de la población para este año ronda el 1,7 millón de habitantes, la participación equivale al 58,8% de los habitantes de la provincia. En ambos casos, la base electoral se amplió con el voto de los argentinos de entre 16 y 17 años.
En estos contextos, ejercer el derecho al voto es cumplir también con el deber de sostener el sistema representativo. Porque aunque sólo vota una parte de la población, lo que se decide en las urnas (y lo que resuelven los electos cuando asumen) se aplica para todos. Entonces, cuanto mayor sea el porcentaje de votantes, más legitimidad obtendrán los gobernantes. Y la legitimidad no sólo es necesaria para los gobernantes, sino que es fundamental para los gobernados. Dicho con un ejemplo: el tratado que da origen a la ciencia política, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, contiene vastas recomendaciones desprovistas de toda moral, y sin otra lógica más que la del puro poder, porque el florentino escribe en el siglo XV y, por entonces, la legitimidad es una abstracción: el gobernante asume por reglas de linaje hereditario y por “mandato divino”. No tiene que someterse a la voluntad del pueblo en elecciones periódicas.
Cada vez que se vota, entonces, se elige conjurar una estirpe de Maquiavelos en el poder.
El federalismo
El déficit de federalismo en las presidencias de los últimos 25 años es una falencia derivada de la estructura demográfica y territorial del país. Para decirlo en dos palabras: Buenos Aires.
El crecimiento de esa provincia durante los últimos cien años provoca vértigo. Pasó de 2 millones de habitantes en 1914 a 11 millones en 1980. Cuando el último censo, en 2010, los bonaerenses ya sumaban 15,6 millones. Es decir, sólo esta provincia tiene la población de Ecuador (16,3 millones), un 50% más que Bolivia (10,9 millones), más del doble que Paraguay (6,9 millones) y casi cinco veces más que Uruguay (3,3 millones). Y todo ello en una superficie (308.000 km²) equiparable a la de Alemania (357.000 km²). Mantener una federación con semejante distrito desequilibrante es, verdaderamente, un desafío mayor.
Cuando el enfoque es con la lente electoral, la situación es abrumadora. Buenos Aires representa el 37% del listado total de electores nacionales (32 millones de sufragantes). Semejante porcentaje ni siquiera es empatado sumando el volumen de seis distritos electorales más importantes que le siguen: Córdoba (8,7%), Santa Fe (8,4%), Ciudad de Buenos Aires (8%), Mendoza (4,3%), Tucumán (3,6%) y Entre Ríos (3,2%).
Antes de la reforma constitucional de 1994, ese desfase era morigerado por el Colegio Electoral. El voto era indirecto porque cada provincia elegía electores a presidente y vice. A cada distrito le correspondía el doble de sus legisladores nacionales (diputados y senadores). Y en el Congreso, Buenos Aires, aunque reúne el 37% del padrón, sólo tiene el 27% de los diputados (hoy, 70 de 257) y apenas el 4% de los senadores (hoy, tres de 72). Pero a partir de la enmienda menemista, el voto directo generó una ineludible “conurbanización” electoral. Y, a la par, una “conurbanización” de las políticas públicas, por oposición al federalismo.
Si a la hora de la distribución de recursos, cada circunscripción es valorada por su peso electoral, ir a votar es, también, contribuir a apreciar a Tucumán en el contexto nacional. De hecho, gracias a la alta afluencia electoral de junio pasado, la provincia ingresó al exclusivo club de los distritos donde acude a votar, efectivamente, más de 1 millón de personas. Entre Ríos aún no consigue su membresía.
Tanto es así que estamos al mismo nivel que Mendoza (en 2017 fueron a votar 1.054.000 electores), a pesar de que la provincia cuyana tiene (como se indicó) un padrón bastante más importante que el de Tucumán y, demográficamente, 200.000 habitantes más.
Ir a votar, entonces, es hacer patria a lo grande. Y es, también, engrandecer patria chica.
