Legisladores requieren explicaciones a tres jueces denunciados

La comisión de Juicio Político de la Legislatura corrió traslado de los pedidos de destitución al vocal de la Corte, René Goane; a la camarista Ebe López Piossek y al juez de Paz, Lídoro A. Macedo. Estos tienen 15 días hábiles para enviar su respuesta.

31 Jul 2019

Goane

El vocal decano fue objetado por su salud y por irregularidades con una denuncia

La comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió por mayoría que René Goane, vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, se exprese sobre dos pedidos de destitución que presentó el abogado Gustavo Morales. El primero se basa en el estado de salud delicado del juez supremo, que se acogió al régimen de licencia con goce de sueldo por enfermedad de largo tratamiento y, por ello, no trabajó en todo el año. La semana pasada, el letrado Morales denunció la presunta desaparición del sistema de una actuación policial sin víctima por supuesto abuso sexual articulada contra Goane en 2011. El denunciante involucró en la eliminación de las constancias a los funcionarios judiciales Carlos Castellano y Diego Martín Berretta. En función de estos hechos, Morales afirmó que Goane es inhábil física y moralmente para continuar en el cargo en el alto tribunal.

La decisión de la comisión de Juicio Político de dar trámite a estas objeciones es inédita en la historia reciente de ese cuerpo por la jerarquía del magistrado y por el hecho de que si el procedimiento siguiese adelante, Goane debería ser sometido al método reservado para el juzgamiento político de las altas autoridades del Estado. Todo podría caer si el vocal presenta su renuncia y el gobernador Juan Manzur la acepta: fuentes de la familia y  de la Corte Suprema calcularon que ese será el desenlace y que su producción es inminente dado que Goane tramita desde el semestre pasado el acceso a la jubilación con el beneficio del 82% móvil.

La decisión de trasladar las denuncias prosperó con el aval de los legisladores oficialistas Zacarías Khoder (presidente), Nancy Bulacio, Christian Rodríguez, Sara Assán, Enrique Bethencourt, Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, José Gutiérrez y Norma Reyes (el justicialista Reneé Ramírez y el macrista Alberto Colombres Garmendia faltaron a la reunión de la comisión). El radical Eudoro Aráoz se opuso: según explicó luego, la licencia por enfermedad no puede configurar mal desempeño y las anomalías relativas a la denuncia del presunto abuso sexual primero debían ser investigadas en un sumario administrativo.


López Piossek

López Piossek

El legislador Bourlé cuestionó a la camarista en lo Contencioso Administrativo

La comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió por mayoría que Ebe López Piossek, vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, se expida sobre el pedido de destitución que presentó en su contra el legislador oficialista y dirigente de La Bancaria, Eduardo Bourlé. Este funcionario adujo que la magistrada incurrió en parcialidad manifiesta al dictar una medida cautelar a favor de agentes de quiniela representados por dos hijos de sus primas, los abogados Agustín Ponce de León y Francisco José De Rosa. La resolución precautoria en cuestión consta en un juicio contra la Caja Popular de Ahorros.

Bourlé manifestó que los profesionales esperaron a que López Piossek, que comparte el estrado con el camarista Sergio Gandur, estuviese de turno para interponer las demandas contra la Caja. El legislador afirmó que la jueza debió haberse excusado. Y añadió que las decisiones provisorias de López Piossek perjudicaron patrimonialmente al Estado, ya que la Caja Popular no pudo disponer de los fondos provenientes de la quiniela que luego son destinados al Sistema Provincial de Salud.

La comisión de Juicio Político de la Legislatura dio trámite a la acusación contra López Piossek con los votos de los oficialistas Zacarías Khoder (presidente), Nancy Bulacio, Christian Rodríguez, Sara Assán, Enrique Bethencourt, Elena Cortalezzi, Graciela Gutiérrez, José Gutiérrez y Norma Reyes (el justicialista Reneé Ramírez y el macrista Alberto Colombres Garmendia faltaron a la reunión de la comisión).

El radical Eudoro Aráoz se pronunció en disidencia. En su voto por separado, el opositor expresó que ninguna de las conductas reprochadas constituía mal desempeño a la luz de la doctrina y de la jurisprudencia.

Aráoz expresó que el pedido de expulsión de López Piossek estaba fundado en un proceso en trámite y en una medida cautelar que podía ser dejada sin efecto en cualquier momento.

“En reiteradas ocasiones esta integración de la comisión de Juicio Político archivó denuncias contra jueces con el argumento acertado de que los legisladores no debemos convertirnos en una instancia más de resolución de conflictos”, expresó Aráoz.  


Macedo

Macedo

Dos pedidos de destitución asignan múltiples anomalías al juez de Paz

Lídoro Alberto Macedo, juez de Paz de San Pablo trasladado a Tacanas (Leales), deberá manifestarse sobre las múltiples faltas y anomalías que le atribuyen las denuncias de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y del abogado Gustavo Morales y Mario Vitar, agente de la Junta Electoral Provincial. A diferencia de los casos de René Goane y de Ebe López Piossek, la comisión de Juicio Político de la Legislatura tomó por unanimidad la decisión de dar trámite a las solicitudes de destitución de Macedo.

La presentación de Morales y de Vitar, que ingresó primero al comité, indica que el juez de Paz había incurrido en moras excesivas y en irregularidades en amparos a la simple tenencia, y que su conducta había dado lugar a la promoción de numerosas denuncias penales y de juicios civiles, además de a la iniciación de diversos sumarios administrativos y a la aplicación de distintas sanciones. 

La acusación de la Corte se apoya en la investigación interna abierta hace dos años. Daniel Posse (presidente) y Claudia Sbdar, vocales de la Corte, y el camarista civil Alberto Acosta manifestaron que Macedo había recibido varias denuncias penales por supuestos actos de violencia de género, y que incluso pesaba sobre él una restricción de acercamiento. El alto tribunal además relató que Raúl Aguilar, el juez de Paz suplente de San Pablo que asumió tras el traslado de Macedo a Tacanas, practicó una auditoría que constató numerosas anomalías en la confección de actas de nacimiento, matrimonio y fallecimiento, y en el cuidado de los libros del Registro Civil.

Macedo es el cuarto juez de Paz denunciado en la comisión de Juicio Político entre mayo y junio. Previamente, los integrantes de ese cuerpo dieron trámite a las presentaciones contra José Luis Guerra (El Manantial), Josefina Penna (Yerba Buena) y Juan Cipriani (Gonzalo, Trancas) por haber intervenido en matrimonios fuera de la provincia. Los legisladores resolverán la semana próxima si promueven o no la destitución de aquellos ante el Jurado de Enjuiciamiento que preside Daniel Leiva, vocal de la Corte Suprema.

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