El gran ausente en el transporte

La reunión de los referentes del transporte en el ciclo “Panorama Tucumano” de LA GACETA fue casi perfecta: sólo faltaba el representante del gobierno tucumano para el debate sobre la crisis que ha tenido paralizada a la provincia por el paro de colectiveros. Fue precisamente el gran ausente quien recibió la paliza por no haber puesto el dinero que debía para que se paguen los salarios de los choferes. Ayer salieron a dar explicaciones el Gobernador, el vice y el ministro de Economía y para la semana que viene -luego de la protesta nacional de ayer y de anteayer- las cosas se van a calmar. Pero no se han normalizado; la brasa arde y volverá a encenderse el fuego.

Lo impactante de ese encuentro en el estudio de LA GACETA fue la operatividad del debate. Se pusieron las cartas sobre la mesa, públicamente, y aunque en las pausas del programa los protagonistas casi se querían sacar los ojos, se analizaron varias aristas de un sistema envenenado y conflictivo; y salieron a luz los nudos gordianos y las verdades a medias, que desnudan las incoherencias y los intereses que mezclan política y economía en el funcionamiento del sistema.

Cuentas sin rendir

La gran pelea surgía por el cambio de entrega de subsidios de la Nación a las provincias para el transporte. Por la Addenda fiscal de agosto pasado, la Nación entrega el 70% del dinero de los subsidios ($ 130 millones) a la provincia en forma de coparticipación y le entrega un 30% en forma directa ($ 54 millones). De este último ítem no se habían entregado tres meses por falta de rendición de cuentas. Y aunque la provincia y los empresarios de transporte (que son los que recibían los fondos para distribuirlos entre las empresas) decían que las rendiciones estaban hechas, lo cierto es que el miércoles el secretario de Transporte provincial, Benjamín Nieva, fue a rendir cuentas a Buenos Aires y destrabó la transferencia de dinero. El mensaje oficial fue que la Provincia había adelantado subsidios a las empresas. Una verdad a medias. Por eso Nieva no estuvo en el programa de LA GACETA.

De la Addenda o Consenso fiscal, firmada hace casi un año, quedan varias cuestiones. Por caso, ¿hay discriminación entre lo que se reparte a Buenos Aires y al resto de las provincias? ¿O se han acomodado las cargas en lo que hace a la forma de entregar recursos coparticipables? La Nación dice que crecen los recursos para las provincias. “Recibir más recursos requiere mayor transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades locales, que deben también practicar federalismo hacia el interior provincial, a los municipios que no se enteraron de estos aumentos de coparticipación”, sentenció el subsecretario nacional de Infraestructura del Plan Belgrano, José Ricardo Ascárate. Pero un informe de la consultora Economía & Regiones dice que habría una caída real del 5,1% en los ingresos coparticipables para Tucumán si se tiene en cuenta la inflación estimada para julio.

Cada vez que hay conflictos con el transporte (cada tres meses) vuelve el tema de la inequidad en la entrega de subsidios. Ascárate defendió lo que le compete a la Nación y dijo que la Provincia no se hace cargo de su responsabilidad en la distribución de los fondos de los subsidios. En el ciclo de LA GACETA de la semana pasada había puesto el dedo en la llaga al decir que Tucumán, en lugar de recibir y hacer las transferencias directamente, usaba el sistema de cheques, que dificulta el control y que genera retenciones bancarias. Y dijo que estaban sin justificar tres millones de pesos. Pasó una semana y nadie aclaró eso. El miércoles, otra vez en el ciclo de LA GACETA, Ascárate dijo que además Tucumán ponía fondos coparticipables enviados por la Nación en plazos fijos en lugar de hacer las transferencias.

Las respuestas provinciales mostraron otras puntas de este nudo gordiano. Por ejemplo, el gobernador, Juan Manzur, hizo hincapié en el brutal proceso inflacionario que trastoca las previsiones de todo el mundo. Y en eso queda como responsable la Nación: suena descabellado pensar que no pueda manejar la economía, sacudida por el dólar, las tarifas y el costo de la vida, y al mismo tiempo pueda ser brillante y transparente en el acuerdo de coparticipación. El vicegobernador Osvaldo Jaldo retrucó que la Nación aún adeuda a Tucumán de la Addenda entre $ 1.000 y $ 1.500 millones. Y el ministro de Economía, Eduardo Garvich, aunque reconoció que había dinero guardado, dijo que se destinó a pagar una planilla salarial y media en junio.

No mencionaron si era cierto que la demora de tres meses en la entrega de subsidios nacionales (que fue la que derivó en la protesta que tuvo paralizada a la provincia hace una semana) se vinculó con este manejo de los fondos obligado por las complicaciones financieras y la inflación. Lo que se sabe es que el sistema va a cambiarse en parte: el control de los fondos nacionales va a depender de la Provincia y no de los empresarios, según informaron de la cartera de Transporte de la Nación. Ahora bien, el problema de falta de rendición de cuentas venía desde abril, es decir muy poco después del paro de tres días de marzo. Se sabía que el infierno iba a estallar otra vez porque las mañas seguían y solamente el hecho de que en junio hubo elecciones opacó la procesión que iba por dentro. Demoró mucho en estallar y lo hizo fuerte.

Otra verdad a medias fue el uso de la tarjeta ciudadana/metropolitana. Ascárate dijo que acá está hecha para favorecer a los empresarios, que tienen el control de los números de ventas de pasajes y de movimiento de colectivos. En Buenos Aires el control está en manos del Estado y los subsidios se destinan a favorecer a los pasajeros, no a las empresas, dijo. La respuesta fue que la tarjeta Ciudadana es controlada por la Municipalidad y que la Metropolitana está en manos de una empresa formada por 14 empresas de transporte, según dijo el empresario Jorge Berretta. “Entonces esto era una verdad a medias”, dijo el periodista Federico van Mameren. ¿Está bien que las cosas sean así? Al menos quedan dudas y lo planteado por Ascárate muestra, como mínimo, que en Tucumán no se ha estudiado a fondo la problemática del transporte desde las necesidades del usuario. Precisamente, Alfonso Canuto, el representante de los colectiveros (han sido muy criticados por hacer paro en reclamo de sus haberes) remarcó que en Tucumán (y en la reunión en LA GACETA) no había un representante de los usuarios.

Del tema del uso de la tarjeta se derivó otra verdad a medias sobre el control. Cada vez que hay conflictos para subir el precio del pasaje, el Concejo Deliberante capitalino dice que piden que se haga un estudio de costos. Lo dijo el presidente del Concejo, Armando Cortalezzi, y Berreta respondió que junto al pedido entregaron un estudio de costos solicitado a profesionales de la Universidad. ¿Está bien? ¿Está mal? El asunto es manejado en medio de penumbras politicas y empresarias. Esas penumbras son tan grandes como las de los legisladores, que ahora promueven una reunión de comisión para el martes en busca de un “análisis global de la situación”, como dijo Luis Morghenstein. El viernes se recordó que hay una resolución legislativa sancionada en diciembre que pide a la Dirección de Estadísticas de la provincia informes sobre las líneas de transporte de pasajeros. La respuesta de esa dirección, en marzo, fue que “no tiene recursos físicos y humanos para hacer frente a la tarea”. O sea, la resolución legislativa de diciembre quedó descartada por falta de plata tres meses después (cuando ya había estallado otro conflicto de colectiveros) y no se volvió a tratar el tema en la Legislatura. Ya estábamos en tiempo electoral.

El aumento que se viene

En conclusión: esta semana se ha destrabado el cuello de botella de los subsidios adeudados -que fue la causa del paro de cinco días de colectiveros-, pero está vigente el problema del aumento salarial otorgado por la paritaria nacional. Ni la Provincia ni la Municipalidad fueron a la paritaria. Esta se estaba discutiendo desde marzo, o sea que se sabía que el aumento otorgado iba a tener que pagarse cuando concluyera la negociación. Eso ocurrió la semana pasada y se hicieron cargo del problema jurisdicciones como Capital Federal, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Salta.

En Tucumán nadie dice nada, pero es la causa de la protesta de este jueves y viernes. Los empresarios dicen que no saben de dónde sacarán la plata: antes de 2017, explican, la Nación ayudaba a cubrir los aumentos de salarios con los subsidios, pero desde 2018 eso ya no ocurre. Y desde enero pasado tampoco cubre el costo de combustible. De un litro de gasoil subsidiado a $ 11 pasaron a otro de $ 44. Además, el valor de los subsidios está congelado desde enero, agregan, y del acuerdo de la Addenda fiscal no surge que el Gobierno provincial tenga la obligación de aumentar esos fondos por inflación. ¿Quién se hará cargo? ¿El usuario, por medio del aumento de las tarifas? Cortalezzi dice que no. Hasta ahora todos le han esquivado al bulto. Tampoco una ley que declare servicio esencial el sistema de transporte (como la que se pretende discutir) impedirá que la provincia vuelva a paralizarse. El debate debe ser amplio. ¿Se llegará al fondo del asunto? Como señaló un lector en el programa del miércoles, la mayoría de los que estaban debatiendo no parecían usuarios de ómnibus urbanos.