Escultores de perfiles y limadores de liderazgos

12 Jul 2019 Por Álvaro José Aurane
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Los complicados días (críticos, en no pocos casos) que vivieron los tucumanos a partir de la huelga de cinco jornadas en el transporte público y colectivo de pasajeros terminó de rasgar el velo proselitista. Ya pasaron los comicios provinciales, ya se eligió a las autoridades para los próximos cuatro años, y ahora hay que administrar el Estado. Es decir, llevar soluciones a los ciudadanos. Un paro de ómnibus no sólo complica a turistas que vinieron a pasar aquí el 9 de Julio, ni sólo afecta a los tucumanos que hacen patria todos los días yendo a trabajar, sino que también castigó hasta la desesperación a los comprovincianos del interior que, por ejemplo, tenían cirugías programadas en hospitales de Capital, Concepción o Banda del Río Salí.

Mientras duró la campaña, ese conflicto latente entre los trabajadores agremiados en UTA, que reclaman el pago de sus salarios al día, y los empresarios del transporte, que declaran que no pueden sostener la actividad si no aumenta la tarifa o no se incrementan los subsidios, se mantuvo en el plano de lo discursivo y lo electoral. Ahora, cuando la población se quedó de a pie por una semana, la urgencia reemplazó el concurso “quien tiene más razón que el otro”. El paro provincial se levantó ayer y habrá tregua local por unos días. La solución, aunque precaria, cristalizó perfiles dirigenciales y dinámicas políticas en los espacios centrales.

Tallando una jefatura

El manzurismo procede como si estuviera guiado por una convicción: en los comicios del 9 de junio, la ciudadanía escogió un gobernador y el peronismo consagró un nuevo jefe. Y esta última elección, fiel a la más inmemorial traidición del poder, se llevó a cabo en el momento en el que sepultaba electoralmente al jefe anterior: José Alperovich terminó cuarto en la grilla general, a 40 puntos de distancia de quien había sido su vicegobernador. Ya lo dice una antigua metáfora política: a rey muerto, rey puesto.

En esa línea, Manzur a quien primero recibe -públicamente- en el conflicto del transporte es a los sindicalistas. A los representantes de los trabajadores. Les pide entendimiento con la patronal, pero también les brinda la solución a ellos: a los miembros del movimiento obrero organizado. Porque Manzur, que el 29 de octubre asumirá su segundo mandato, se asume ya como el líder del peronismo. El que desde el PJ obtuvo la reelección con la mitad más uno de los votos. Por ello actúa en esa doble condición: tiene un pie en Tucumán y el otro en la campaña presidencial de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Léase, como gobernador y jefe del peronismo, le corresponde trabajar para derrotar a la fórmula Mauricio Macri – Miguel Pichetto, con quienes, el martes pasado, no cruzó la menor manifestación de afecto societatis.

En su triunfo por medio millón de sufragios se explica también el trato preferencial que le prodiga Alberto Fernández: lo recibió en el sanatorio donde estaba internado días antes de los comicios tucumanos; lo visitó en la provincia en la primera actividad de campaña después de la presentación de las precandidaturas para las PASO; y lo ubicó como uno de los dos voceros de la reunión con una docena de gobernadores en Buenos Aires. El otro interlocutor fue Gerardo Zamora: el jefe del peronismo de Santiago del Estero.

La proyección nacional es una de las líneas del perfil que Manzur esculpe para su figura política. Junto con la de mandatario que busca la promoción internacional de la provincia en lo comercial y en lo académico. Y con la de un político que trabaja acodado con las universidades, con los empresarios y con los industriales para la inserción de la provincia en el país y en el mundo. Es decir, la receta del Tucumán del Centenario para el Bicentenario.

Apostando a la autoridad

En ese contexto, Manzur dibuja de sí el retrato de un amigable componedor. Por eso nada ha dicho de la idea, impulsada por un grupo de legisladores oficialistas, de reformar la Constitución y habilitar la reelección indefinida. En campaña, en una entrevista en el ciclo televisivo “Panorama Tucumano”, planteó que dados los reveses judiciales de la Carta Magna de 2006 (él presidió la convención constituyente), le parecía procedente una nueva reforma, aunque la consideró, entonces, inoportuna. Este mes, el vicegobernador Osvaldo Jaldo se pronunció en contra de la reelección indefinida. Y el asuntó quedó ahí.

Si Manzur baraja una reforma, o no, es materia difícil de desentrañar porque, otra vez, ya asumió como jefe del peronismo. Y el que ocupa ese cargo, luego de ser validado por las urnas, considera que no tiene necesidad de pronunciarse sobre asuntos de esa envergadura. Para decirlo en términos justicialistas, al que lidera el peronismo no le hace falta hablar de una enmienda de la Carta Magna porque si él la quiere o la necesita, se la van a pedir. Esa es una traducción de los “compañeros” al principio de autoridad: el que tiene el poder ordena, el que tiene autoridad no tiene necesidad de ello. En otros términos, ¿quién le va a decir qué hacer al que tiene el respaldo de la mayoría? No queda otro camino más que el de la solicitud.

Pero la novela electoral de 2019 tiene que terminar de cerrarse (faltan aún los capítulos nacionales) para que haya claridad respecto del futuro constitucional. En términos políticos, porque aún resta definirse en las urnas si el próximo presidente será el “amigo” Alberto o el “poco afín” Mauricio. Y, a partir de ello, si el futuro inmediato de Manzur se desarrollará en la Casa de Gobierno o en el Gabinete nacional de la Casa Rosada.

A la par, la Constitución de Tucumán va a seguir desmoronándose. Ya cayeron la enmienda constitucional por vía de la Legislatura y la organización discrecional del CAM (fallo “Colegio de Abogados”, 2008 y 2015). Ya se estrelló la Junta Electoral con mayoría de miembros del poder político (fallo “Movimiento Popular Tres Banderas”, 2011). Y ya quedó nula la ampliación de la competencia originaria de la Corte para revisar los actos aprobados por el Tribunal de Cuentas (fallo “Batcon”, 2009). Ahora está orbitando el fallo Iriarte. En la causa que impulsan los constitucionalistas Luis Iriarte y Carmen Fontán, la Corte local ha declarado inconstitucional el régimen tucumano de decretos de necesidad y urgencia, mediante el cual estos instrumentos del gobernador quedan firmes si no hay pronunciamiento parlamentario a los 20 días. También ha fulminado la potestad del vicegobernador para fijar la remuneración de los legisladores (antes, a la dieta la fijaban los propios legisladores). Y ha anulado la mayoría legislativa agravada para destituir al gobernador (tres cuartos de los votos condenatorios) en comparación con el juicio político a la Corte (sólo dos tercios). El fallo “Iriarte” no está firme porque ha sido recurrido ante la Corte nacional. Pero cuando prospere será otro cimbronazo.

Si esa sentencia desemboca en una reforma de la Carta Magna, habrá más reelecciones. Claro que teóricamente una cosa no implica la otra, pero en el plano de la realidad, ningún gobernante enmienda la Ley Fundamental si no es para concretar cambios en el régimen electoral. El objeto de la política es el poder, puro y duro. Para todo lo demás existen las ONG.

Ejerciendo el poder

Con tanta agua por correr aún debajo del puente, Jaldo también ha puesto en segundo plano la cuestión de la reforma. Sabe, como todo “compañero”, que el peronismo no es bicéfalo. Siempre reconoció a Manzur como el número 1 del proyecto político y, por ello mismo, Manzur le ha dado la consideración pública, con la consecuente atribución de poder, como ningún otro gobernador de Tucumán le ha conferido antes a un presidente de la Legislatura. Por caso, ni siquiera se encuentran en un plano de igualdad presupuestaria: de los $ 96.500 millones de pesos del Presupuesto 2019, $ 4.500 millones corresponden a la Legislatura y $ 7.000 millones al Poder Judicial. Al Poder Ejecutivo, mediante organismos centralizados y descentralizados, le corresponde, prácticamente, todo el resto.

Pero Jaldo sí ha sacado número (y ha sacado el primero de ellos) para ser el próximo candidato a gobernador del peronismo tucumano. Es con esa expectativa que, en el conflicto del transporte, el tranqueño dio un giro copernicano y cuestionó con dureza a empresarios y gremialistas por la huelga. En el palco del desfile por el 9 de Julio, le transmitió a Manzur una impresión meridiana: la de que en esos dos sectores nadie le estaba haciendo un favor al Gobierno provincial, sino lo contrario. Al día siguiente trasladaría sus argumentos a la prensa: el día en que la provincia es capital del país, los habían dejado sin colectivos. “¿Qué amigos son esos?”, preguntó. Reedición de “¿Qué locura es esta?”. El paro no resistió otras 24 horas.

Jaldo, entonces, talla un perfil de político duro. Y con ello, pone en práctica una convicción: cuando se ejerce el poder, se generan disensos, pero también se encuentran consensos.

Precisamente, aunque en distintas frecuencias, el conflicto con el transporte puso en sintonía al oficialismo provincial con el oficialismo municipal por primera vez en cuatro largos años.

Sintonizando oficialismos

El intendente Germán Alfaro les acaba de notificar a los empresarios del transporte que ya se agotó la instancia de la amenaza y que pasará a la acción. Por eso presentó un proyecto de ordenanza que declara “servicio público esencial” el transporte urbano de pasajeros en colectivos. Si la norma prospera, las próximas huelgas que excedan las 48 horas serán penadas con multas millonarias (hasta 100.000 boletos de penalidad) y la caducidad de la concesión.

A la oposición debería inquietarle el inesperado entendimiento al que llegaron, en colectivo, la Provincia y la Capital. Sobre todo porque mientras el peronismo acaba de elegir un nuevo jefe a fuerza de liquidar a otro en las urnas, en Juntos por el Cambio han decidido que a los ganadores de las elecciones del 9 de junio sólo les cabe el castigo. Ayer, la Justicia Nacional Electoral de Tucumán validó la decisión del macrismo nacional de negarle a la lista de Manuel Courel, secretario de Gobierno de Yerba Buena, la adhesión a la boleta de la fórmula presidencial de Macri y de Pichetto. Una afrenta sin precedentes con la que “recompensan” el triunfo del intendente Mariano Campero en Yerba Buena. Antes ya se había desairado a Alfaro, el que “salvó la ropa” del macrismo en los últimos comicios (de los 200.000 votos que logró Vamos Tucumán, 130.000 son de la capital), cuando le dijeron que no avalarían la postulación de Walter Berarducci (también secretario de Gobierno) para una diputación.

No es que no quieren ungir un jefe: se trata limar todo liderazgo.

No hay obligación de profesar cariño alguno por el poder. Pero distinto es desarrollar una alergia a ser una alternativa. Cuando todo estalle, a no poner cara de sorpresa. Y cuando las urnas den un mensaje diferente al que se pretendía, hagan el favor de no culpar al pueblo.

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