Bachelet denunció casi 7.000 asesinatos en Venezuela y Maduro liberó hoy a 22 presos políticos

La ex presidenta chilena había presentado ayer un lapidario documento ante la ONU sobre violaciones a los derechos humanos.

05 Jul 2019
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MIRADA HUMANITARIA. Bachelet alertó acerca del incremento del sufrimiento del pueblo venezolano. reuters

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela liberó hoy a 22 detenidos, según confirmó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

La ex presidenta chilena brindó una conferencia de prensa en Ginebra, donde ayer presentó un lapidario informe sobre el estado de Venezuela. El documento indica que desde 2018, cerca de 7.000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por "resistencia a la autoridad", según el gobierno, durante operaciones de seguridad. "Estos delitos "deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición", afirmó la alta comisionada.

Bachelet anunció que el gobierno de Venezuela liberó a un grupo de presos, entre ellos al periodista Braulio Jatar y la jueza Lourdes Afiuni, a la vez que informó que aceptaron la presencia de dos funcionarios de Derechos Humanos en el país.

En paralelo, los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de Senado, Julio Conos, y de Diputados, Cornelia Schmidt Liermann, condenaron hoy la "sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela" y rechazaron "enérgicamente" la muerte violenta del Capitán Acosta Arévalo, reconocido por su compromiso por defender la democracia.

"Condenamos enérgicamente la muerte violenta del Capitán Acosta Arévalo, reconocido por su compromiso por defender la democracia y la libertad en Venezuela y expresamos nuestra solidaridad y apoyo a su familia, al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional", sostuvieron en un comunicado conjunto.

Exigieron además "al régimen venezolano el esclarecimiento inmediato de los hechos que llevaron al crimen de Acosta Arévalo, el que fuera perpetrado luego de su detención el día 21 de junio, cometido por medio de tortura y apremios ilegales, que llevaron finalmente a su muerte".

Asimismo, reclamaron "una investigación nacional e internacional que sea realizada de manera imparcial e independiente, a fin de que la muerte del oficial venezolano no quede inconclusa y que lleve al enjuiciamiento y encarcelamiento de quienes planearon y llevaron a cabo el brutal asesinato".

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