Los demoníacos rostros del narcotráfico han vuelto a instalarse en el centro de la escena. Otra vez es el tema del debate entre los tres poderes del Estado y hasta en las mesas de café donde los tucumanos charlan sobre un problema que se puso al rojo vivo porque tuvo trascendencia nacional. La imagen de que Tucumán es tierra narco ya es un rótulo que será difícil de sacar. La bola de nieve se hizo más grande y se llevó puesto todo lo que encontró en su camino- Los incrédulos terminaron de convencerse. Y todo por un accidente.
Sabrina Pasarín tiene 21 años. No era conocida hasta el jueves 20, día en el que protagonizó una tragedia que le costó la vida a Rodrigo Carrizo. Hasta ahí todo parecía tratarse de uno de los tantos percances protagonizados por jóvenes que conducen después de haber tomado alcohol. Con el correr de los días fueron surgiendo más detalles que sorprendieron a varios. En setiembre de 2011, cuando apenas tenía 14 años, conducía una moto de alta cilindrada y tuvo una caída que provocó la muerte de Lucía Nieto, también de 14. Y se rumorea que hace menos de un año habría destruido una moto que estaba estacionada en otro siniestro ocurrido en avenida Belgrano al 3.800. La tercera fue la vencida para Sabrina. Recién ahora quedó procesada por la Justicia. Por los otros dos hechos no. La primera causa por la muerte de su amiga quedaron en la nada por procesos juidiciales irregulares. Ahora se sospecha que su padre Mario Pasarín, que actualmente se encuentra detenido por tráfico de droga, habría movido todas sus influencias para protegerlas.
Inés Nieto, hermana de la adolescente fallecida, tiró una frase que fue título de diarios, revistas y programas de televisión. “Antes en Tucumán los hijos del poder, eran los hijos de los políticos, pero ahora son los hijos de los narcos”, reflexionó para denunciar que toda una generación ha crecido protegida por un manto de impunidad.
Otros casos
A Omar “Maxi Toro” Martínez, el mimado de Margarita Toro, sospechada de dirigir una red de narcomenudeo en Villa 9 de Julio, se le pidió captura nacional e internacional luego de que hasta en el canal Utilísima se lo viera en un video disparando con una pistola ametralladora. Después de varios meses de búsqueda, lograron arrestarlo. Antes de ponerle las esposas, le encontraron un certificado de residencia emitido por la Policía cuando ya estaba prófugo.
Isaías “El Gordo” Reyna, hijo de Mario “Mono” Reyna que está detenido por comercializar drogas en el barrio Juan XXIII (”La Bombilla”), con apenas 18 años, ya fue acusado de cometer tres homicidios. Los tres “Garritas”, hijos de Daniel “Garra” Jalil (condenado a 10 años de prisión por dirigir un clan que comercializaba drogas en el sur de la ciudad) tuvieron problemas con la Ley. Dos están prófugos por venta de sustancias y un tercero, cuando era menor de edad, cometió un crimen. Lo mismo sucedió con el hijo de José Julio “Gastonero” Chávez, que con apenas 16 años ultimó a un chico en Concepción. Los investigadores más irónicos ya no hablan de milennials, sino de “narconnials”.
Marcada de cancha
El Gobierno de la Nación marcó la cancha preocupado por el crecimiento narco en la provincia. La ministra Patricia Bullrich cuestionó públicamente a los jueces federales Daniel Bejas y Fernando Poviña.
Después, Silvia Elías de Pérez, senadora y referente del PE nacional en la provincia, denunció al primero e hizo un pedido de auditoría en su juzgado. A los magistrados les cuestionan que se demoran en autorizar allanamientos antinarcos. Serían alrededor de 200 las medidas que aún no se otorgaron. Los magistrados se defendieron y, con razón, dijeron que no existen atrasos y aprovecharon la oportunidad para recalcar el rosario de limitaciones que tienen para avanzar con las pesquisas. Esa lista está integrada por la falta de recursos humanos, tecnológicos y no hay lugares de detención.
La Nación está en deuda con Tucumán. Por ejemplo, sigue sin devolver los efectivos de Gendarmería Nacional que se llevó de la frontera para realizar tareas de seguridad en Santa Fe, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejando aún más permeable el lugar de ingreso de cocaína y marihuana. La provincia siempre debe recurrir a otras para resolver cuestiones clave como una unidad de investigación financiera para golpear donde más les duele a los narcos: el aspecto económico.
En la provincia sí se está dialogando y crece la posibilidad para que la Justicia ordinaria se haga cargo del narcomenudeo. En otras palabras, se encargará de combatir a los quioscos de droga que funcionan en los diferentes barrios de la provincia y que, según las últimas investigaciones, uno de los principales motores de la inseguridad y de la violencia callejera.
Desde que asumió como secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Carlos Driollet recomendó dar este paso. Su planteo generó muchas dudas y problemas al funcionario porque no dejaba de insistir con su idea que finalmente fue escuchada. Ya no es secreto que se reflotó el proyecto congelado desde hace más de cuatro años.
El gobernador Juan Manzur preguntó qué se debería hacer para poner en vigencia la Ley aprobada en 2015, pero fue frenada por una medida cautelar interpuesta por el Ministerio Público Fiscal. Recibió una respuesta por parte del ministro fiscal Edmundo Jiménez y entre ambos acordaron que se elaborará un proyecto para ser presentado en la Legislatura y, entre los tres poderes se resolverá qué hacer. Y los tiempos apuran porque nadie quiere que Tucuman sea tierra narco.
