30 Junio 2019 Seguir en 
Los patrimonios de los funcionarios públicos provinciales están protegidos por el secretismo. La Ley 3.981 no sólo impide conocer las declaraciones juradas que aquellos deben presentar, sino que tampoco existe un mecanismo para conocer el cumplimiento de esta obligación.
A ello contribuye que en Tucumán tampoco hay una norma de acceso a la información del Estado.
El candado que protege las declaraciones juradas de las autoridades locales cumplió 45 años el 27 de julio de 1973.
Ninguno de los proyectos de ley ni de las promesas ni de los pedidos formulados en ese plazo consiguieron eliminar el secretismo, y colocar a Tucumán en el mismo nivel de transparencia y de ética pública existente en la Nación, y en otras jurisdicciones provinciales.
Inmutable a los reclamos de entidades, organizaciones y ciudadanos en general, la Ley 3.981 sigue en pie impidiendo que los ojos de la ciudadanía se posen sobre los patrimonios de las autoridades locales, a diferencia de lo que sí sucede, por ejemplo, respecto de los tucumanos que se desempeñan en las diferentes agencias y organismos que dependen del Gobierno nacional (se informa por separado).
Penalización
Las declaraciones juradas de los funcionarios provinciales no sólo son secretas: su divulgación puede ser penalizada, también por disposición de la Ley 3.981. Esa norma colisiona con la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) que la Argentina ratificó y que dio lugar a que el Congreso de la Nación sancionara la Ley 25.188, de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (1999).
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