El oficialismo justifica la entrega de los subsidios y embiste contra las denuncias

Los referentes cercanos a la Casa de Gobierno consideran que el aumento de las ayudas obedece a la situación socioeconómica actual.

08 May 2019 Por Luis María Ruiz
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En medio de los embates de la oposición, candidatos a intendente del interior que responden a la Casa de Gobierno justificaron la entrega de planes sociales de unos $ 3.000 mensuales por parte del Poder Ejecutivo (PE), según reveló esta semana LA GACETA.

El gobernador Juan Manzur dispuso una serie de modificaciones en el tope para las ayudas sociales creadas por decreto 125/1 -dictado hace casi dos décadas por el ex mandatario Julio Miranda-, se pasó de $ 800.000 por mes en enero pasado a $ 40 millones en marzo; es decir, la capacidad de aportes estatales a “personas e instituciones en situación de vulnerabilidad” creció un 5.000% en poco más de tres meses.

A la vez, ninguno de los aportes puede superar los $ 7.000 por destinatario. Así, el régimen permite la entrega de un mínimo de 5.700 “planes” al mes. El máximo depende de la cifra mínima de aportes, pero siendo $ 3.000 superaría los 13.000 ciudadanos asistidos por esta vía. En medios oficiales trascendió que las ayudas sociales son otorgadas a personas que no tienen la capacidad financiera para atender algunos gastos, como por ejemplo, los de alimentación, para que sus hijos inicien el ciclo lectivo o para pagar las boletas de servicios públicos privatizados. Todo esto, de acuerdo con los funcionarios del Palacio de Gobierno, se efectúa bajo estricto control del Tribunal de Cuentas.

“Hipocresía tremenda”

Las denuncias judiciales y mediáticas de los aliados a Vamos Tucumán-Cambiemos (ver notas aparte) motivaron la reacción de dos dirigentes del oficialismo con experiencia en encuentros electorales.

El ex intendente de Bella Vista y ex vicepresidente de la Legislatura, Manuel “Manolo” Fernández, y el ex secretario del Ente de Turismo y referente de Yerba Buena, Bernardo Racedo Aragón, apuntan a conducir el Ejecutivo de sus respectivos territorios. En medio de esa faena, según expresaron a este diario, también buscan alivar la situación de los bellavistenses y de los yerbabuenenses.

Fernández, candidato a intendente por el Frente Justicialista por Tucumán (FJT), afirma que le pareció una “hipocresía tremenda” que dirigentes de Vamos Tucumán, como el legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO), cuestionaran los “planes sociales” del decreto 125/1.

“A él le parece obsceno que demos subsidios. Acá, en Bella Vista, no hay nada más obsceno que el intendente Sebastián Salazar (UCR), que tiene $ 120.000 por día para gastos sociales sin rendir cuentas. Eso es una obscenidad. Y ni hablar de los aprietes que hace a los empleados municipales, llegando a usar las cámaras del municipio para hacer seguimientos”, afirmó Fernández.

Insistió en que “Salazar es el número uno en entrega de planes” en Bella Vista. A la vez, ante una pregunta de LA GACETA, relató que también cuenta con ese recurso. “Yo repartí planes del Gobierno también. Acá la necesidad es grande, en el interior no es fácil generar trabajo, la suba de la luz es un desastre”, ejemplificó la ex tercera autoridad de la Provincia entre 2009 y 2015.

Por su parte, el yerbabuenense Racedo Aragón también habló sobre su participación en este régimen de ayudas del Estado provincial. En una nota con LG Play, el postulante del acople oficialista Acción Regional, expresó que “a la gente, cuando tiene necesidades, se le otorga una ayuda mínima”. Aclaró que no cuenta con “recursos propios” para satisfacer esos requerimientos, y por ello hace de nexo con el régimen de subsidios del Poder Ejecutivo, a cargo de la Secretaría General de la Gobernación. “Nosotros hicimos gestiones en muchos casos, como otros dirigentes. Esto no está oculto, se entrega el subsidio en una entidad transparente”, añadió Racedo Aragón en LA GACETA Central. Sostuvo además que eso es “algo que ocurre todo el año”, al margen de que se trata de un período electoral. “No es algo que apareció mágicamente”, agregó.

El decreto 125/1, al cual accedió este diario, habilita a la Dirección de Administración de la Gobernación a “facilitar la atención adecuada de aquellas demandas de la comunidad, tanto del tipo particular como de índole colectiva, asegurando el apoyo estatal en el momento y el destino adecuado”. Hasta que comenzó 2019, el tope para los subsidios del decreto 125/1 pasó de $ 800.000 a $ 1 millón el 7 de febrero; se incrementó hasta $ 20 millones cinco días después y alcanzó los $ 40 millones “a partir de marzo”, según la última modificación dispuesta por el gobernador.

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Juan Manzur
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