Los “inefectivos policiales”

27 Abr 2019 Por Roberto Delgado
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Un nuevo equipo policial motorizado, llamado GEAM (Grupo Especial de Apoyo Motorizado) se va a sumar a la lucha contra motochorros, “rompevidrios” y arrebatadores “piraña”, cuando el Gobierno tenga las motos, que aún no han sido provistas (o compradas). Según el informe del ministro de Seguridad, Claudio Maley, a la Comisión de Emergencia legislativa, se trata de combatir el delito callejero que más asusta y que ha crecido en la comparación con el primer cuatrimestre de 2018. El arrebato pasó de 227 en 2018 a 234 casos en el 2019 (+ 3,1%); y el motoarrebato de 216 a 229 (+ 11,2 %). Dos casos de esta semana corroboran el susto: la estudiante Nadia Chumba, que fue arrastrada por un motochorro el miércoles a la noche en Córdoba al 400; y la médica Noemí Peñalba, que fue atacada por “rompevidrios” en Alberdi y Las Piedras el martes a la mañana.

Aunque en el informe del ministro se menciona que hubo una suba mayor en otro delito (escruche, que pasó de 396 a 479 casos, un 21% más) y que hubo bajas en robos agravados y robos en banda, es el detalle sobre los arrebatos el que quedó grabado a fuego: es que se trata de una verdadera plaga urbana a la que las autoridades no le hallan la vuelta. Y tampoco la gente. ¿Cómo se defiende alguien de ese ataque sorpresivo en la vía pública? Por eso suele desatarse una ira colectiva en la multitud cada vez que la gente atrapa a un arrebatador, que no se salva de la paliza. Hasta la misma médica que protegió al arrebatador que la había atacado hace dos semanas sufrió esa ira colectiva de los comentaristas en LA GACETA.com, que no le perdonaron que lo haya protegido.

¿Surtirá efecto el grupo GEAM? Es el tercer equipo motorizado que se lanza en la última década, sin contar el sistema 911, concebido como “respuesta rápida” con autos, motos y camionetas frente a emergencias delictivas. Pero con respecto a los motoarrebatos, primero apareció la Patrulla Motorizada, destinada a perseguir arrebatadores, y a fines del gobierno de José Alperovich fue el GOMT (Grupo de Operaciones Motorizadas de Tucumán), que en 20 motos de gran cilindrada iban a ser implacables frente a los delincuentes. Su imagen seudomilitar, al estilo de las “tropas de élite” brasileñas, daban la idea de un equipo “altamente profesionalizado” en la lucha anticrimen. Pero el arrebato siguió extendiéndose… hasta el punto de que se dan casos en los sectores supuestamente más protegidos de la provincia, como 25 de Mayo y Córdoba.

La cuestión es: ¿hay relación entre las estrategias y la cruda realidad? La concepción militarista “acumulativa” es la que genera las mismas estrategias policiales desde hace años: más hombres, más armas, más vehículos y operativos de saturación. Ahora se dice que hacen falta 11.000 policías (un 35% más), porque hay menos agentes por habitante que en cualquier provincia del NOA. No está mal que se sume más agentes a los 8.100 actuales. Pero ¿qué harán? De hecho, ya se suman 1.900 vigiladores de empresas de seguridad privada, y también están los aproximadamente 1.550 vigilantes de los cuerpos municipales. Además de que los policías hacen servicios adicionales de vigilancia. Esta ya es una sociedad policializada en el aspecto cuantitativo. ¿Cuál es el número preciso de policías para alcanzar la pacificación cuando no se conocen las causas del crimen? Infinito.

En cuanto a los megaoperativos, se entiende que haya cuando hay emergencias, pero ¿qué pasa cuando la emergencia es permanente? Lo sucedido en estas dos semanas en la zona del Barrio Oeste II debería al menos generar alguna reflexión sobre la estrategia. El 13 de abril se hizo un megaoperativo con 400 hombres y 150 autos que durante 16 horas fueron una fuerza de ocupación en todo el barrio (200 hombres más estuvieron en un barrio de Las Talitas), “a la pesca” de delincuentes, en la consideración de que esos barrios ya han sido copados por el delito. Pero apenas se secuestraron unas pocas armas (contadas con los dedos de una mano) y se detuvo unas pocas personas (contadas con los dedos de la otra mano). ¿Cuánto fue el costo oculto de ese megaoperativo, en horas salariales policiales y uso de vehículos, comparado con el resultado? Eso, sin considerar los trastornos de la vida en el barrio. Y por sobre todo, si se considera que todo volvió a la densa “normalidad”. Pocas noches después fue asesinado el vigía peruano Sandro Reyes en el barrio Padilla.

Ese operativo ha sido una muestra de la nueva política del Ministerio Público Fiscal, que ha asumido rotundamente un rol de estratega en seguridad, por detrás del cual parecen ir los funcionarios del Poder Ejecutivo, que subordinan en este caso la Policía a las fiscalías. Pero la estrategia no se aleja demasiado del modelo del enfoque de operativo militar, donde la masividad y concentración, además del seguimiento de órdenes y planes preestablecidos, en horarios predeterminados, es lo que se considera importante. Esto sustituye al análisis profundo y no tiene en cuenta la necesidad de estudiar tácticas específicas para distintos tipos de hechos. Sin desmerecer, por cierto, que los fiscales especializados en delitos enfocan sus estrategias a partir de sus propias estadísticas. Pero esto no se incorpora al modelo de seguridad vigente, excepto en casos aislados.

No es fácil. La seguridad es un asunto complejo, en el que intervienen problemas sociales de fondo y que requiere enfoques multidisciplinarios. Todos lo dicen. Pero no se lo aplica. De hecho, en el informe del ministro Maley se da cuenta de programas incipientes -como el que se aplica en barrios vulnerables como Costanera, ATE o Villa Muñecas; o el convenio con el Conicet para investigación en barrios complejos-. Estos se suman a acciones de áreas dependientes de seguridad, como IPLA, Policía Vial ,Transporte o Control y Gestión, que en la reseña cuatrimestral apenas enumeran acciones realizadas y proyectos. Nadie los somete a un estudio de resultados o eficiencia. Lo mismo ocurre con la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico o la de Prevención y Asistencia de Adicciones, que sólo tiene una página, la 157 (la última) en el informe cuatrimestral. Ahí acaso debería aparecer la responsabilidad de la Comisión de Emergencia en seguridad, que en sus dos años de funcionamiento no ha llegado a la etapa de diagnóstico del problema. A ellos, como al Ejecutivo, les cabe el comentario de un lector a propósito del ataque a la estudiante en calle Córdoba, que llama a los agentes “los inefectivos policiales”.

Alguien debe medir el resultado de la estrategia en seguridad. Por ahora, lo mide la cruda realidad.

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