Crisis judicial, norma permanente

22 Abr 2019 Por Irene Benito

Así como las enfermedades no tratadas o mal curadas devienen patologías crónicas, así también el crac institucional carente de una terapia adecuada termina por alumbrar la naturalización del estado de decadencia. Ese clima de crisis estable parece instalado en el Poder Judicial de Tucumán. Tanto es así que los observadores de aquel deterioro coinciden en presentarlo como una (anti)política de Estado permanente, que atraviesa los gobiernos. El desprestigio y la falta de confianza vienen de más lejos, pero basta con mirar hacia finales de 2015 para advertir que los síntomas alarmantes existentes en el ocaso de la administración de José Alperovich empeoraron durante la gestión de Juan Manzur. No sólo continuaron los malestares de antaño, sino que a la Justicia le aparecieron nuevos achaques: vaya paradoja para el ciclo liderado por un médico.

La llegada de Manzur a la Casa de Gobierno coincidió con el pico de tensión que generó la salida -vía jubilación con el beneficio del 82% móvil- del ex fiscal Guillermo Herrera. Ese episodio acentuó la percepción de que el foco de las dolencias del Poder Judicial está en el fuero penal y, específicamente, en el ámbito de la investigación de los delitos. La costumbre de “jubilar con privilegios” a los funcionarios que ya no pueden ser sostenidos reconoce como antecedente la partida del ex fiscal del caso “Lebbos”, Carlos Albaca, en 2014. Los escándalos de Herrera y de Albaca fueron “arreglados” con placebos. Ninguno de los dos rindió cuentas aún respecto de imputaciones que exponen las zonas más enfermas de los Tribunales. Y, mientras tanto, surgen otras señales de degradación, como la montaña de anomalías y causas cajoneadas hallada este año en el Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº5 de la capital.

Si bien los poderes políticos en principio nada tienen que ver con las dificultades de la Justicia para investigarse a sí misma, y enjuiciar y sancionar a sus propios integrantes, el diseño y la composición de esta sí depende de aquellos. Aquí radica la responsabilidad de la mayoría afín a Manzur y al vicegobernador Osvaldo Jaldo, que es la que en definitiva elige a los jueces; establece el número de magistrados y su distribución por fueros; asigna los recursos presupuestarios y determina las reglas que rigen los procesos. El oficialismo también tiene en sus manos otra atribución decisiva para la salud de los Tribunales: la facultad de destituir a quienes incurren en mal desempeño. Esta potestad a menudo ha servido para asustar a díscolos y proteger a leales. En los últimos 13 años, el poder político sólo ha echado a dos jueces de Paz denunciados por la Corte. Huelgan las palabras cuando la estadística es tan elocuente.

El blindaje de los magistrados adictos y el disciplinamiento de los íntegros resultan, a esta altura, prácticas antiguas. A ese paisaje más o menos regular este Gobierno introdujo una novedad: la postergación indefinida de la cobertura de las vacantes tribunalicias. La decisión de adormecer las ternas surgidas de concursos públicos de antecedentes y de oposición agravó los déficits de una administración de justicia acorralada por la conflictividad social. El desinterés por la mayor parte de los nombramientos creó las condiciones de emergencia para el regreso de las designaciones interinas, que contrarían la estabilidad que exige la independencia judicial. Por cuerda separada, los gobernantes actuales rehabilitaron las designaciones a dedo -y secretas- de funcionarios que hacen las veces de fiscales y de defensores oficiales. El concurso arrancado a Alperovich retrocedió hasta el punto de que el Poder Ejecutivo tomó la decisión inédita de devolver tercetos para cubrir dos fiscalías penales al Consejo Asesor de la Magistratura, alternativa que excede la legislación vigente.

El Poder Judicial sufre el enanismo derivado de la falta de renovación. Este estrago propio de un califato carcome en especial a la Justicia de Paz: el Gobierno lleva casi seis años sin aliviar las acefalías de la institución llamada a atender las necesidades jurídicas de las localidades rurales. Y eso que en ese ámbito todavía rige la “dedocracia”. Esta parsimonia contrasta con la velocidad de correcaminos con la que el gobernador llenó la vocalía de Antonio Gandur en el alto tribunal. Veinte días después del fallecimiento del juez supremo y en plena feria estival, Manzur actualizó la tradición de sus antecesores y colocó en ese puesto estratégico a su ex fiscal de Estado, Daniel Leiva. Una urgencia similar registró la cobertura de la vacante que había dejado Salvador Ruiz en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Diez días después de recibir la terna, Manzur eligió a otro de sus funcionarios, Juan Ricardo Acosta. Tres meses más tarde, este y el ya jubilado Horacio Castellanos anularon las cláusulas de la Constitución que impedían al oficialismo adelantar los comicios.

Las dificultades estructurales del Poder Judicial “trucumano”, que son inocultables, han generado numerosas iniciativas de remodelación decididas sin base científica ni debate. Pero también han sido estropeadas propuestas nacidas de la discusión y del consenso, como la imprescindible reforma del proceso de persecución del delito, que hasta aquí ha servido sólo para aumentar los poderes descontrolados de los jefes de los ministerios públicos, cuya proximidad con el Gobierno es vox populi. Antes de empezar a ser aplicada al escenario convulsionado por la violencia callejera y los efectos del narcotráfico, aquella política ya luce deformada y coptada por los vicios que frenan, por ejemplo, la dilucidación de las denuncias de corrupción. En paralelo, en los últimos tres años subió la intolerancia de los gobernantes hacia los límites que pretenden imponer los Tribunales. Dos ejemplos ilustran esa resistencia antirrepublicana: a finales de 2016, la Legislatura rechazó la medida cautelar de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que buscaba asegurar la prueba de los recibos de los gastos sociales que nadie nunca vio, mientras que, en febrero, el Poder Ejecutivo dijo, palabras más, palabras menos, que ya era hora de terminar el proceso relativo a la debacle carcelaria. Lo más grave, según un príncipe del foro, es que ya a nadie extraña esta crisis sistemática, como si lo extravagante fuese una Justicia saludable.

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