Un hipotético “Big-Bang” judicial

15 Abr 2019 Por Irene Benito

El destino cósmico sirvió la comparación en bandeja. La humanidad contempló por primera vez “el rostro” del agujero negro que describió Einstein casi al mismo tiempo que la Justicia de Tucumán revelaba sus zonas más oscuras y perturbadoras. Es una analogía perfecta. Si es posible captar el umbral de sucesos a 55 millones de años luz de la Tierra, o sea, el punto donde desaparecen el espacio y el tiempo, y empiezan la nada y la eternidad, ¿cómo no ver el “agujero negro” que devora al fuero penal? Un príncipe del foro dice que para la observación intergaláctica y la observación al interior de las instituciones vale la misma respuesta: al final sólo es cuestión de querer mirar.

Tras la feria de enero, una sucesión de circunstancias ostensibles y ocultas llevó a la jueza Carolina Ballesteros a presentar la imagen de un Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº5 capaz de “tragarse” los procesos penales que recibía. El número final de casos cajoneados todavía es impreciso, pero entre los centenares identificados en aquel pozo está la causa de los 27 legisladores acusados de recibir coimas en 2002: el expediente permaneció nueve años en las tinieblas y fue rescatado el 8 de marzo, Día de la Mujer.

Quienes creían haberlo visto todo recordaron la provisoriedad de las certezas porque este proceso de máximo interés público apareció con una sentencia que obligaba a seguir investigando, pero que nunca había sido notificada a los imputados. En la práctica, resultó lo mismo que exista o que no exista la resolución de la ex jueza Mirta Lenis de Vera. Con su decisión de silenciar la sentencia, el Juzgado Nº5 se encargó de bloquear las consecuencias que esta debía generar. Forma parte del misterio, entonces, para qué la ex magistrada anuló el pedido de sobreseimientos. ¿Qué motivos llevaron a mantener abierto un proceso y luego a guardarlo? Sin duda tiene que ser más fácil resolver ese enigma que enunciar y confirmar la Teoría de la Relatividad.

¿Implicará la exposición de las irregularidades del Juzgado Nº5 un “Big-Bang” en el ámbito más sensible del Poder Judicial tucumano, ese fuero penal cuya desacreditación arrastra al resto de la institución, y, en su expansión venenosa perjudica a la política? La hipótesis ha quedado planteada. De vuelta, como razona el príncipe del foro, es cuestión de voluntad y de entender que la mejor garantía es la independencia judicial. Indignado, un ex legislador descargó esta semana su furia sobre quienes develaron el cajoneo y la “sentencia muda”: no se le ocurrió pensar que era “víctima” de la Justicia armada por los gobiernos en los que había participado, en especial por la que configuraron el actual ministro público fiscal, y antes ministro y secretario, Edmundo Jiménez, y el senador y candidato a gobernador José Alperovich.

Parecería que los Tribunales han normalizado demasiadas anomalías y que a ellas se les ha dado por estallar juntas, en la antesala de una competencia electoral incierta. En plena campaña, la dirigencia afronta una explosión que descoloca por igual a oficialistas y a opositores. Dicen que sólo el denunciante Ricardo Bussi festeja: la pregunta es cómo puede celebrar si quedó a la vista que abandonó la denuncia con connotaciones dramáticas -la presunta compraventa de votos para reformar la Constitución provincial- que formuló hace 17 años. Justo sería tomar este expediente como un modelo del fracaso colectivo y como la constatación de que en “Trucumán” es factible permanecer en el estado de sospecha durante décadas sin que ello sea óbice para, mientras tanto, saltar de un cargo público a otro. Un observador de ese fenómeno se preguntaba cómo creer a los candidatos que prometen que cuidarán a la sociedad si a fin de cuentas estos no son capaces de cuidarse a sí mismos, como acredita la subsistencia de la causa que ajó la gestión del ex gobernador Julio Miranda.

Los Tribunales tramitan, por estas horas, una decisión trascendental. La cúpula ha de definir qué destino da al “agujero negro” del Juzgado Nº5: si lo transforma en una oportunidad para torcer el curso de los acontecimientos y avanzar en el sendero de la transparencia, o si reincide en la inercia de tapar y postergar cualquier tipo de alumbramiento que implique una ruptura con el orden degradado. Son horas de hartos rumores, y de suposiciones teñidas de amenazas y extorsiones. Hay quienes conjeturan que la caída en desgracia de unos sería susceptible de arrastrar a otros, y que no es posible encapsular las responsabilidades en las zonas más débiles del sistema. Las miradas se elevan inevitablemente hacia el esquema de subrogancias rentadas que funcionó en el Juzgado Nº5 durante los últimos dos años y medio. Da la impresión de que algunos jueces sustitutos tienen más incentivos que nunca para marcharse con la jubilación con el beneficio del 82% móvil.

La respuesta hasta “las últimas consecuencias” que reclamó el Colegio de Abogados no sólo llevaría a investigar y sancionar a quienes detuvieron el proceso de los 27 legisladores de 2002, sino también a estudiar qué ocurre en el resto de los juzgados y fiscalías penales.

Es probable que haya más “agujeros negros”: algo de eso deslizó un funcionario en 2017 respecto del Juzgado Nº2, pero falló la reacción institucional. Por cuerda separada corre la suerte de la causa contra los representantes del pueblo que habilitaron a Miranda a convocar la Convención Constituyente, emprendimiento que al final no prosperó. Hasta hace una semana parecía que el expediente “renacido” iba a ser cerrado definitivamente, pero la realidad es que la acción penal sigue viva gracias a que un quinto de los imputados nunca dejó la función pública. Y la trayectoria política de unos afecta a los otros: el ejemplo de esa comunicación contaminante es la causa de los títulos públicos, donde el ex juez federal Felipe Terán “enganchó” a sus coimputados. De repente, todo encaja. La coparticipación de las penas luciría como el síntoma más obvio de que asoma en la Justicia un irrefrenable “Big-Bang”.

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