08 Abril 2019
Cuello de botella
Al término “cuello de botella” se lo emplea, por lo general, para señalar las vías de tránsito automotor, donde por razones de espacios estrechos se produce el congestionamiento vehicular. Término que hoy se puede aplicar a la delicada situación económica del país, convertido en insaciable recaudador a través de múltiples impuestos y/o gravámenes, tanto en el orden nacional como provincial; lo hacen afectando hasta un 50% en el costo de los artículos de cualquier orden. Con las tasas de recargo en las facturas de los servicios públicos, llámese naftas, electricidad, gas, agua, telefonía, etcétera, con la finalidad de recaudar dinero fresco para poder mantener el ejército de asalariados “made in” estatal, presión tributaria implacable que impide o ahuyenta a los potenciales inversionistas, al comprobar que el Estado se convierte en socio en las ganancias y sin riesgo alguno. Y como si esto fuera poco, el gasto político es oneroso por donde se lo mire y analice, por citar: $ 54 millones dispone cada legislador provincial. Se calcula (haciendo precio de oferta) que $ 200 millones costaría la campaña política del binomio Manzur/Jaldo; $ 212 millones sería el costo del funcionamiento de las próximas elecciones del mes de junio. Y ni qué hablar de las elecciones generales de octubre (sin contar el balotaje). No conforme con ello, hay quienes proyectan aumentar el número de los integrantes de los cuerpos legislativos: senadores, diputados, legisladores, concejos deliberantes, y también rentar el Parlamento del Mercosur, más el costo que significa mantener estas estructuras burocráticas. Se viven tiempos electorales y se advierte una fiebre electoral entre los candidatos de los distintos partidos y/o agrupaciones. Sería menester que aquellos que lleguen a ocupar el soñado sitial, pongan los pies sobre la tierra y vayan pensando cómo encontrar la salida de este “cuello de botella” económico/social en que estamos entrampados. Y también será necesario que se aclare si vivimos en tiempos de “vacas flacas”, porque los números señalados más arriba indican que vivimos en épocas de “vacas gordas”.
Ysmael Díaz
Mario Bravo 247 Banda del Río Salí
Bibliotecarios sin titularización
Se titularizaron horas cátedras y cargos. No a 8.000 y 10.000 docentes. La medida, paradójicamente, generó en la docencia una profunda incertidumbre. Lo que se presentaba como la “estabilidad laboral de por vida” fue dando lugar, a medida que se conocían los términos o condicionamientos del proyecto, a la cesantía en masa. Los requisitos, paralelamente, desataban una crisis. A quienes accedieron a la docencia, hace más de 10 años en carácter de interinos, se les cambiaban las reglas de juego. Rápidamente, como un fantasma que recorre las escuelas, esos sentimientos se transformaron en bronca, repudio y malestar. Para calmar las aguas, el Gobierno, daba marchas atrás, en una primera fase, sólo con algunos de ellos. La titularización puso en la superficie la tremenda precarización laboral existente. La Legislatura sólo intervino ante la presión y movilización docente. Un descontento intenso, en este cuadro, se apoderó de las escuelas. ¿Razones? El proyecto dejaba en la calle a docentes con una importante antigüedad laboral. Violentaba derechos adquiridos establecidos por la anterior Ley 8.214. La titularización conseguida fue una victoria parcial de la lucha docente. ¿Razones? En la redacción de la ley se produjeron errores y omisiones. Han sido omitidos, por ejemplo, cumpliendo los requisitos, los bibliotecarios de escuelas. Es perentoria una solución, a través de un nuevo dictamen, a semejante injusticia.
Pedro Pablo Verasaluse
¿Qué haremos con las Malvinas?
Llego al punto de imaginar que en algún momento, en una inolvidable decisión humana, se declare la entrega por el Reino Unido de las Islas Malvinas a nuestro país. ¿Cuál sería el plan? ¿Hay algún plan? ¿Iríamos a convivir con los isleños, a compartir su diferente cultura? ¿Les diríamos que se retiren? ¿Que dejen las islas? Su economía no tiene inflación. Tienen un índice per capita anual de U$S 70.000. Tienen franquicias pesqueras por cada habitante, no hay ni un papel o bolsa tirada en las calles y veredas o un pasto de más en sus jardines paradisíacos. No hay piquetes, no tienen motochorros. ¿Cuál sería en realidad nuestro plan? Y lo que más nos preguntaríamos es si ¿ellos nos quieren? Creo que no. Para ellos, nosotros somos los que invadimos las islas, pero tenemos como réplica de honor que gracias a ello son más reconocidos, porque antes de la guerra no figuraban en ningún mapa y eran tratados como ciudadanos de quinta. Hoy, sus hijos son becados para ir a estudiar en Cambridge.
Luis Coronel
Residuos solidarios urbanos
Por definición, los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son los que se originan en la actividad doméstica y comercial de ciudades y pueblos. La comuna de Rumi Punco y la ciudad de La Cocha (foto superior), producen RSU que se depositan a cielo abierto (vertederos incontrolados) y contaminan: aire, agua, suelo y el paisaje. Las aguas superficiales son contaminadas por la basura, las que son transportadas por el agua de lluvia y volcadas en los cursos de agua, impactando en la cuenca Salí-Dulce. Las subterráneas también son contaminadas por el lixiviado que se produce, que penetra en la tierra y llega a los acuíferos del subsuelo, dañándolos. El suelo es afectado por aceites, grasas, ácidos, detergentes, metales pesados diversos, etcétera, que contienen los residuos urbanos. Además, esta disposición favorece la proliferación de moscas, de otros insectos y de ratas, que son agentes transmisores y portadores de diversas enfermedades. En nuestra provincia rige la Ley 8.177, que regula la gestión integral de los RSU. El artículo 4, prohibe la práctica que actualmente realizan la comuna y el municipio mencionados, con los residuos que recogen de la población. El artículo 5, establece que es responsabilidad de las comunas y municipios la prestación correcta de este servicio público esencial. Rumi Punco es una comunidad rural, rodeada de un ambiente natural único e irrepetible que debe ser preservado. Por ello, solicito que la Secretaría de Medio Ambiente, como autoridad de aplicación de la ley, haga lo necesario para regularizar esta situación, que tiene que ver con la salud de la población. Debería, además, inspeccionar otras comunas y municipios, para verificar si cumplen con la ley (Ejemplo: Santa Lucía, Acheral, Monteros, etcétera) y dar a conocer los resultados, ya que se trata de información ambiental.
Juan Francisco Segura
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