El salto final del fiscal sin concurso

La decisión de cubrir los cargos judiciales con una combinación de mérito y de afinidad política, y no sólo por la segunda, entró en crisis durante el gobierno de Juan Manzur y de Osvaldo Jaldo. Es el punto de inflexión que marcan los conocedores de la fórmula que hace libres e independientes a los Tribunales, y no meros validadores o cohonestadores de los deseos de los que mandan. Si bien desde 2006 la Constitución establece que jueces, fiscales y defensores oficiales deben ser escogidos a partir de la calificación del currículum, de una prueba y de una entrevista, los concursos activados hace 10 años no fueron una concesión graciable de la administración de José Alperovich: la propia Justicia se los arrancó por medio del proceso que promovió el Colegio de Abogados. Aunque el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), el órgano encargado de armar las ternas, existe -y hasta hace obra pública-, su base de sustentación está en jaque. En cuentas resumidas, ha vuelto la designación “a dedo”, otra expresión del constitucionalismo de fantasía “made in Trucumán”.

El reto de mayor porte lanzado contra el sistema que procuraba profesionalizar los Tribunales y oxigenar la república consta en la legislación de 2017 que consagró la autonomía del Ministerio Público Fiscal. Esta normativa dio superpoderes al jefe de ese organismo, Edmundo Jiménez, entre ellos la potestad de nombrar fiscales generales con atribuciones administrativas y fiscales auxiliares con facultades para asistir a los fiscales propiamente dichos en las investigaciones penales. La Legislatura dispuso que el Ministerio Público Fiscal designara a sus empleados y funcionarios por concurso (artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), pero el amiguismo y el nepotismo se impusieron con naturalidad en los puestos neurálgicos. Así, por ejemplo, Jiménez nombró fiscala general, especie de lugarteniente de la gestión, a su sobrina Eloísa Rodríguez Campos, que es hermana de la fiscala de Estado, Eleonora Rodríguez Campos; consorte de Facundo Maggio, juez de Instrucción en lo Penal, y cuñada de Lucas Maggio, mano derecha de la fiscala Adriana Giannoni.

Con la misma lógica del parentesco y de la amistad, el ministro público designó en forma discrecional a un batallón de fiscales auxiliares con capacidad en los hechos de sustituir al fiscal de la Constitución. El número de estos acusadores sin controles es impreciso porque el secretismo impera, pese a que la institución se llama “Ministerio Público”; a que la Ley Orgánica la obliga a “sujetar su actividad a pautas de transparencia” (inciso inciso 9 del artículo 92) y a que el jefe de los fiscales prometió la divulgación de sus resoluciones en ocasiones reiteradas. Sin ir más lejos, ayer cumplió dos años el propósito incumplido de publicitar las decisiones y dictámenes: en una entrevista con LA GACETA, Jiménez incluso guapeó con que su organismo iba a ser más cristalino que la Corte. El cóctel de discrecionalidad y oscuridad llega hasta el punto de que los propios Tribunales que deben controlar las investigaciones desconocen quiénes las impulsan. Un magistrado comenta que la instrucción de las denuncias penales es más opaca que nunca. Razona: “si cualquiera puede acusar y ya no importa la responsabilidad ante la sociedad, cualquiera puede ser acusado por cualquier motivo”.

Jiménez presenta a sus fiscales sin concurso como la solución para “la puerta giratoria” que beneficia a la delincuencia y como la “única manera” de poner en marcha el “nuevoviejo” Código Procesal Penal sancionado en 2016. Vaya paradoja: la precariedad avanza montada sobre el caballito de que cada vez son menos los fiscales de la Constitución, escasez que en parte obedece a que el propio Ministerio Público de Jiménez no pide los concursos, como comentaron el mes pasado los consejeros del CAM respecto del fiscal regional. Esta figura debería promover las causas contra funcionarios públicos en el régimen que se implementaría a partir de mayo en el sur y luego en el resto de la provincia, pero, como el jefe de los fiscales se abstuvo de solicitar la cobertura del cargo, eventualmente será él quien asuma la investigación de todas las autoridades del Estado.

Al menos cuatro jueces impugnaron al fiscal auxiliar dotado del mismo poder de fuego del fiscal de la Constitución, que pasó por los filtros (imperfectos, pero filtros al fin, como demostró la peripecia del simulador Walter Ojeda Ávila) del CAM, del Poder Ejecutivo y de la Legislatura. Primero fue Enrique Pedicone. Luego se sumaron Fabián Fradejas y Mario Velázquez. Días después de llegar al Juzgado Nº5 de la capital, Carolina Ballesteros declaró que el funcionario precario era inaplicable en el orden jurídico vigente. Según esa jueza, Jiménez se habría arrogado funciones legislativas al dar al auxiliar facultades plenas de acusación, como requerir detenciones y allanamientos. Dicha resolución está ligada a la audiencia de debate de una prisión preventiva a la que había sido convocada Giannoni quien, según trascendió, cuestionó el acto por considerarlo ajeno al régimen escrito en vigor: se trata de la misma fiscala que asistió a las experiencias de oralidad organizadas por el juez Maggio en 2018. Como Ballesteros mantuvo la audiencia, Giannoni terminó mandando al auxiliar quien, según parece, se retiró mal y pronto. Tras este revés, la fiscala se fue directamente a la Corte, vía “per saltum”.

El planteo busca un blindaje para el fiscal sin concurso, tal y como Jiménez lo ha diseñado. Esta cuestión sigilosa depende, en principio, de los vocales Estofán, Leiva y Posse (los Danieles). El desenlace de ese salto final importa por el destino del esquema anclado en el mérito que tanto costó conseguir. La expectativa es grande sobre todo porque en la Justicia Federal no sólo acaban de anular actuaciones de los fiscales “ad hoc” de Alejandra Gils Carbó, la ex procuradora general nombrada por el kirchnerismo, sino que también ordenaron su citación para que declare como imputada por la designación irregular de estos funcionarios y el supuesto abuso de autoridad.