Por Gustavo Rodríguez
03 Marzo 2019
SOSPECHOSO I. César Soto, ex pareja de Paulina, será investigado.
1- El peligro de la prescripción
La causa Lebbos pende de un hilo. Los tiempos procesales se transformaron en su peor enemigo. Para que el caso no quede impune por prescripción, la Justicia tiene menos de dos años para juzgar a César Soto y a Sergio Kaleñuk, los nuevos sospechosos de la privación de la libertad y el posterior homicidio de Paulina, ya que no deben pasar 15 años (el plazo máximo que se tiene en cuenta para la prescripción) sin que sean juzgados por un tribunal.
En los delitos de encubrimiento, Virginia Mercado, Juan Cruzado, Gustavo “El Gordo” González (líder a La Inimitable, la barra de Atlético); Rubén Urueña (histórico directivo de Central Córdoba y organizador de espectáculos); Roberto Luis Gómez (fue absuelto por el crimen, pero se ordenó que sea investigado); Marcial Escobar, Luis Santana y Alfredo Jiménez podrían ser desafectados de la investigación, ya que pasaron más de seis años del hecho por el que fueron imputados. Esto sucedería siempre y cuando no tengan relación o vínculo con el accionar de algún funcionario público condenado.
En los casos del actual senador José Alperovich, la bioquímica Lilia Moyano (forense del Ministerio Público Fiscal), Fernando Vázquez Carranza (ex perito de la fuerza), Fernando Rodolfo Maruf (ex jefe de Inteligencia), Mario López Herrera (ex ministro de Seguridad), José Díaz (ex jefe de Policía) y Francisco Picón (ex subjefe de Policía), no corren los tiempos procesales porque son o fueron funcionarios, por lo que se suspenden las prescripciones.
Para los más de 20 acusados de falso testimonio no corre la prescripción, puesto que habrían cometido el ilícito del que se los acusa al declarar durante el juicio.
CAMBIO. Hugo Sánchez fue detenido durante la audiencia por amenazas.
2- Los tiempos de la Justicia
Según las normas procesales, después de que los jueces dictan un fallo, las partes (acusadores y defensores) tienen derecho a apelarlo. En la causa Lebbos, ya se anunció que harán uso de del derecho de casación.
Después de escuchar los fundamentos, que se leerán el 13 de marzo a las 12.30, tienen 10 días (por la extensión del documento es probable que se pida una prórroga) para hacer el planteo en la misma Sala que realizó el juicio. Ellos deben resolver los planteos y luego remitirlos a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que deberá pronunciarse sobre el tema.
Este proceso, según las estimaciones de los más optimistas, puede tardar entre un año y medio y dos. Después del fallo del máximo tribunal, las partes pueden llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
3- No está definido qué fiscal hará la pesquisa
El tribunal, integrado por Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Carlos Caramuti, en la sentencia decidió remitirle al fiscal Diego López Ávila para que comience unas 14 investigaciones por los indicios que surgieron durante las audiencias, que duraron más de un año.
La idea de los jueces es enviar cuanto antes las actuaciones que labraron para que se inicie la investigación y el fiscal defina si corresponde que sean citados a declarar como imputados. Ese sería el momento que tendrían los defensores para presentar un planteo de prescripción, incidente que deberá ser resuelto por un juez de instrucción.
Eso es en la teoría, puesto que hasta el momento no se confirmó si el fiscal López Ávila será el responsable de realizar la investigación. El Ministerio Público Fiscal es el que debe resolver quién llevará adelante las causas que solicitaron los jueces. Por el momento no se informó si aceptará o no el planteo realizado por los magistrados, pero Alberto Lebbos ya adelantó que debe ser el que pidieron los jueces. “Es el que más conoce la causa”, indicó.
Por la nueva estructura del MPF, el crimen de Paulina debería ser investigado por Adriana Giannoni, que conduce las dos fiscalías de homicidios. En tanto que los delitos de encubrimiento y falso testimonio podrían caer en manos de Mariana Rivadeneira, Claudio Bonari y Pedro Gallo.
PROBLEMA. Un careo terminó complicando aún más a Eduardo di Lella
4- Los sospechosos, los más beneficiados
Hay pocas chances de que César Soto, ex pareja de Paulina, y a Sergio Kaleñuk sean enjuiciados por el secuestro y el crimen de la joven. Para que ello ocurra, el fiscal que investigue debe superar dos obstáculos: primero encontrar las pruebas suficientes para imputarles el delito de homicidio agravado para que no prescriba la causa. Y, si lo consigue, tendría que elevar la causa a juicio en menos de dos años.
Pero la tarea no será sencilla, porque si de algo sirvió el juicio es para pensar que la red de encubrimiento es mucho más grande e intrincada de lo que se sospechaba, aunque no se descubrió a quién se buscaba proteger.
Las irregularidades que cometió la Policía, los errores cometidos en la recolección y preservación de las pruebas, el pacto de silencio y el paso de tiempo también son elementos que complicarán la pesquisa.
5- Mentir les costó caro
“Hubo muchos testimonios que fueron preparados por los encubridores para que no contaran la verdad y ahora pueden recibir penas más duras que los condenados, los que prepararon este escenario”, aseguró Alberto Lebbos al hablar de las más de 20 personas que deberán afrontar una investigación por falso testimonio.
Esa lista, entre otros, está integrada por Jorge Jiménez (el compadre de Soto); Ramón Fernández (empleado de Vialidad que habló sobre el lugar del hallazgo); Ernesto Fierro (agente de la Policía Vial): Daniel Díaz (perito de la fuerza que dijo tener imágenes inéditas del hallazgo), Raúl Lobo (ex jefe de Bomberos que intervino en el traslado del cuerpo); Raúl Ferreira (ex jefe de la Brigada de Investigaciones); Gustavo Herrera (un ex policía que hizo una investigación paralela del caso); Jesús Herrera (ex miembro de la Unidad Regional Norte); Arturo Polli (el ex chofer de l comdemado ex jefe de Policía Hugo Sánchez); Daniel Paz (ex chofer de Alperovich y dirigente de Atlético); Jimena Mercado (hermana de Virginia, la última persona que la vio con vida); Macarena Bordato (la mujer que habría comprado un celular a nombre de Magdalena Cruz y con el que se comunicaron varios de los mencionados en la causa) y Alejandro Aramayo (primo de Virginia)
Todos ellos, si el fiscal que intervenga encuentra pruebas, podrían ser enjuiciados por falso testimonio, delito con penas que van desde 3 a 10 años. Las penas más duras de este juicio fueron de seis, el máximo que se contempla para el encubrimiento.
6- La primera vez bajo sospecha
Después de 13 años del hecho, los jueces del tribunal fueron los primeros en pedir que Virgina Mercado sea investigada por el hecho. La estudiante universitaria fue la última persona que vio a la víctima con vida. Dijo que después de haber ido a bailar, abordaron a un remise que la dejó en su casa de La Rioja al 400 y que Paulina continuó viaje hacia la casa de su novio, César Soto.
Sin embargo, en el juicio repitió la misma versión, pero con algunas contradicciones y sin ninguna otra precisión. No pudo explicar por qué se comunicó con Soto en enero de 2006, ni con Magdalena Cruz, un pariente de Gómez, con Walter “Chichilo” Acevedo (otro de los referentes de “La Inimitable”) y con directivos de segunda línea de Atlético. Tampoco convencieron las razones que esgrimió sobre su imprevista partida de la provincia. No le creyeron que no haya recibido amenazas.
Los jueces le pidieron a López Ávila para que la investigara por encubrimiento o, en su defecto, por falso testimonio.
7- De testigo clave a investigado
Juan Cruzado apareció un día generando un revuelo en la causa. Dijo que él había sido el conductor de un remise Fiat Duna Bordó con vidrios polarizado que llevó a Mercado y a Paulina el amanecer del 26 de febrero. El chofer aclaró que dejó a Virginia en La Rioja al 400 y que a la víctima la trasladó hasta la zona cercana a parque 9 de Julio.
Durante las audiencias surgieron indicios que comenzaron a tirar por tierra su versión. Después de años de misterio, salió a la luz que Cruzado, antes de dar a conocer su testimonio se había presentado en la Dirección de Guardia Urbana donde trabajaba su cuñado y luego habría tenido contactos con personal de Inteligencia de la Fuerza, por lo que se sospecha que se trató de una maniobra para desviar la atención en la pesquisa. Tampoco pudo detallar qué ropa llevaban las jóvenes o brindar detalles del viaje que realizó.
Los magistrados solicitaron que se lo investigue por encubrimiento, o en su defecto, por falso testimonio.
8- Los especialistas complicados
A meses de haberse producido el crimen de la estudiante, el PE decidió contratar a los ex comisarios Marcial Escobar, Alfredo Jiménez y Luis Santana para que realizaran una investigación independiente y paralela que desarrollaba la Policía. Los pesquisas llegaron a una conclusión: el remisero Juan Cruzado era el principal sospechoso del crimen, desvirtuando las pistas de los “hijos del poder” y de Soto.
La creación de este equipo generó malestar en la fuerza. Los ex comisarios habían pasado recientemente a retiro y tenían una mala relación con el jefe Hugo Sánchez y el ex subjefe Nicolás Barrera, que fueron condenados por encubrimiento.
En las audiencias del juicio sólo declararon Escobar y Jiménez. Ambos explicaron quiénes y por qué fueron contratados y dieron detalles del trabajo que realizaron. Señalaron que presentaron sus informes al fiscal Carlos Albaca -en esos momentos estaba al frente de la investigación- pero que nunca los escuchó. “Me encontré con la terquedad de un funcionario. Como que la vida de Paulina Lebbos para él no valía nada”, sentenció Escobar.
Los jueces pidieron que los tres ex comisarios sean investigados por encubrimiento o por falso testimonio. También ordenaron que se haga lo mismo con todas las personas que tuvieron intervención en su contratación. Por ese motivo podrían ser imputados Mario López Herrera (ex ministro de Seguridad) por haberlos convocado, y José Alperovich, que en principio habría firmado el decreto.
9- Polémico ascenso
Enrique García era el comisario de Raco que fue condenado en otro juicio, por haber cometido varias irregularidades el día que se produjo el hallazgo del cuerpo de la joven. En el juicio se ventilaron los motivos por los que el oficial fue beneficiado por varios ascensos.
Según Lebbos, García fue beneficiado por tres juntas diferentes. En 2005 se inició el trámite para su reincorporación a la fuerza, trámite que fue terminado al año siguiente, cuando el comisario ya estaba complicado por su actuación en el caso.
Luego hubo otras dos juntas donde se lo ascendió dos veces. El tribunal pidió que se investigara a todas las personas que participaron en este proceso. Quedaron involucrados cuatro de los cinco condenados (no quedó en el medio Waldino Rodríguez), José Alperovich, Mario López Herrera, José Díaz (ex jefe de Policía), Néstor Juárez (director de Institutos Penales) y Heberto Cortés (ex jefe de Seguridad de Atlético y responsable de los custodios del intendente bandeño Darío Monteros). El actual secretario de Seguridad, en principio, no estaría mencionado.
10- Un fiscal dio un testimonio clave
Alejandro Noguera fue el primer fiscal en investigar el caso y fue separado de su cargo por haber participado de una reunión en la casa del ex gobernador José Alperovich. Fue clave para que el ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella haya sido condenado a seis años de prisión. El funcionario judicial dijo en declaración por escrito Di Lella había pretendido mover el cuerpo de Paulina sin su autorización y antes de que se realizaran todas las pericias correspondientes.
Gustavo Morales, defensor del imputado, pidió que se realizara un careo entre los dos para tratar de determinar cómo se produjo esa situación. El tribunal, después de resolver algunas cuestiones legales, decidió que la medida se realizara en el despacho de Noguera.
“Ese día llegué y vos pretendiste levantar el cuerpo. Yo lo impedí y te dije: ‘¿que sos pelotudo vos? El que decidirá cuándo se levantará el cuerpo seré yo’. Disculpame si te insulté ese día”, habría señalado Noguera. El ex funcionario se quedó en silencio, sorprendido y no pudo desmentirlo, por lo que su situación se complicó a raíz de esta medida.
SOSPECHOSO II. Sergio Kaleñuk también deberá ser investigado.
11- La amenaza maldita
El ex jefe Sánchez, en los primeros meses de la audiencia, fue el que más habló para jurar por su inocencia. Sin embargo, su estrategia defensiva se destruyó por un hecho insólito: amenazó a un testigo a través de su abogado.
En abril, el perito Fernando Vázquez Carranza señaló ante los jueces que Enrique Andrada Barone, defensor del ex jefe de Policía, le había enviado mensajes diciéndole lo que debía declarar e intimidándolo.
Los jueces acusaron Sánchez y a Andrada Barone de amenazas coactivas, instigación al falso testimonio y fraude procesal en grado de tentativa por cuatro mensajes de WhatsApp que envió el abogado defensor. Al profesional lo separaron del puesto y al ex jefe de Policía le dictaron la prisión preventiva y estuvo detenido en todo lo que restaba del juicio oral. Ese incidente le jugó en contra y terminó siendo condenado a seis años de prisión.
12- Relaciones peligrosas con un condenado
Barrera, ex subjefe de Policía, en los papeles parecía que iba a poder esquivar la condena. No había estado en la escena donde ocurrió el hallazgo, no dio instrucciones en el operativo que se realizó en Tapia y no participó en una reunión llevada a cabo en Raco. Pero quedó comprometido por los planteos que realizó para favorecer al comisario Enrique García.
Cuando el oficial estaba detenido, él fue el único de los imputados que lo visitó en su lugar de encierro. Además, fue quien redactó una nota recomendando su ascenso a la Junta de Clasificación, que no dudó en hacerlo, pese a que violaba varias normas vigentes. Esta fue una prueba contundente para que recibiera una condena de cinco años porque nunca pudo despegarse de haber realizado ese trámite.
13- No hubo obediencia debida
Héctor Brito, ex jefe de la Unidad Regional Norte, siempre estuvo complicado. A él lo acusaron de fraguar las actas que se hicieron en el hallazgo del cuerpo y de amenazar al personal de la comisaría de Raco para que informara que la Policía había sido la que encontró el cadáver de la estudiante. Por todas las pruebas y testimonios en su contra, todo indicaba que recibiría una condena fuerte.
Sin embargo, por sugerencia de sus defensores, Cergio Morfil y Silvia Furque, presentó una estrategia defensiva que le dio buenos resultados. Habló poco, pero fue categórico: siempre responsabilizó a sus superiores de haberle dado órdenes para que cometiera todas las irregularidades. Además respondió con silencio todas las acusaciones y chicanas que recibía de los otros imputados.
14- El silencio, el mejor aliado
“Hablará lo justo y necesario y cuando haga falta”, dijeron desde un primer momento Macario Santamarina y Guillermo Villalba sobre su defendido, Roberto Luis Gómez, el único que llegó al juicio imputado por el homicidio, pero que terminó siendo absuelto.
Gómez llegó a esta instancia porque se había determinado que él introdujo su chip en el celular de la joven el mismo día de su muerte. Los defensores, cada vez que pudieron hacerlo, trataron de desvirtuar la veracidad de esos informes, objetivo que cumplieron.
Además, cada vez que el electricista de San Andrés habló ante los jueces, acrecentó la imagen de haber sido un “perejil”, ya que no tenía el poder ni el dinero para que se tejiera una red de encubrimiento para protegerlo.
15- La sinceridad paga
Waldino Rodríguez fue, sin lugar a dudas, el personaje del juicio. Asesorado por su defensor, Carlos Posse, el ex policía de Raco reconoció todas las irregularidades que cometió en el hallazgo del cuerpo de la joven. Tampoco tuvo problemas en decir lo que hicieron todos los otros acusados.
El tribunal decidió aplicarle una condena condicional y que realice tareas comunitarias por el delito que cometió. Su abogado señaló que ante la Corte peleará para que se le dé por cumplida la sentencia.
16- Se viene otro juicio
Aún queda que se realice un tercer juicio por el caso Lebbos. En este año es muy probable que se desarrolle el juicio contra el ex fiscal Albaca, que está acusado por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado del crimen de la estudiante.
Las expectativas por la apertura de ese proceso son importantes. El primero de los debates fue el que se hizo en contra de Enrique García y los otros policías que cometieron irregularidades en la comisaría de Raco; en él se ventilaron detalles que luego fueron confirmados en el juicio por el crimen y el homicidio de la joven que terminó hace menos de una semana.
Incluso, en ese primer juicio que se realizó, el tribunal que lo condujo le envió al fiscal López Ávila algunos detalles que le podrían haber servido en la investigación del caso.
- 23 meses tiene la Justicia para elevar la causa por el secuestro y el crimen de la joven para que no prescriba
- 4 personas ya fueron condenadas por encubrimiento. Ahora serán investigadas unas 20 por el mismo delito
- 10 años deben pasar para que no prescriba el delito de falso testimonio, por el que fueron acusados más de 10 testigos
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