“Hubo una situación desesperante y amedrentamiento cuando el Estado intentaba cumplir con su deber legal”

Rubinstein, secretario de Salud de la Nación, dijo que la interrupción del embarazo debió haber sucedido en forma privada y sin dilaciones.

01 Mar 2019 Por Irene Benito
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SECRETARIO DE SALUD DE LA NACIÓN. Rubinstein en una foto reciente.

La interrupción legal del embarazo es un derecho vigente y el Estado debe garantizarlo sin que la Justicia así se lo ordene, incluso mediante la incorporación de médicos en condiciones de suspender la gestación. La reflexión pertenece a Adolfo Rubinstein, secretario de Salud de la Nación, quien en una conversación telefónica lamentó el desenlace de la niña de 11 años que quedó embarazada como consecuencia de la violación atribuida a la pareja de su abuela. El funcionario evaluó que lo que debía ser una cuestión privada resuelta sin demoras se convirtió en una crisis pública, donde intervinieron actores que debían permanecer al margen del asunto. “Hubo una situación desesperante y amedrentamiento cuando el Estado intentaba cumplir con su deber legal”, comentó.

Rubinstein recordó que el conflicto fue escalando con repercusiones sociales y en la prensa, incluso en medios extranjeros, y que eso era muy preocupante. Y precisó: “en realidad, lo más preocupante es que, una vez que se obtiene el asentimiento de la chiquita y de la madre para la interrupción del embarazo, aparecen muchos otros actores que obstaculizan, complican y empastan la situación. Se presentan funcionarios de la Justicia cuando es algo que está expresamente vedado en el fallo ‘FAL’ (de la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Y a la vez sucede que los médicos y profesionales son objetores de conciencia, y que no hay nadie que pueda hacer la práctica cuando hacerla es cumplir con la ley”.

-El año pasado en el Congreso usted informó que Tucumán está entre las provincias que no tienen el protocolo para la interrupción legal del embarazo previsto en la sentencia “FAL”. ¿En qué medida esto complica el escenario?

-Esa herramienta da una serie de recomendaciones para los casos de aborto no punible previstos en el Código Penal, que es el supuesto de la niña tucumana. Esto es una guía práctica donde están los procedimientos, los tratamientos, etcétera. Casi todas las provincias del país han adoptado el protocolo nacional existente desde 2010 o sus propios protocolos. Tucumán carece de ese instrumento,  que sirve porque facilita la toma de decisiones. La idea es que no suceda todo esto que pasó aquí: cuando no está demasiado claro qué es lo que hay que hacer aparecen las complicaciones que hemos visto. Por lo tanto es absolutamente recomendable que Tucumán adopte el protocolo nacional o uno propio, que responda a las previsiones del Código Penal y a las consideraciones del fallo “FAL” que emitió el máximo tribunal del país en 2012.

-Jujuy sí tiene protocolo y en enero hubo un caso muy semejante al de Tucumán. ¿Existe una resistencia a aplicar la interrupción legal del embarazo?

-Sí, absolutamente. Este es un tema que tiene que estar en la agenda porque ha habido mucha resistencia. En Tucumán, fundamentalmente. Por un lado en el Norte el embarazo adolescente es más frecuente y, por el otro, están todas las particularidades del abuso sexual intrafamiliar. Obviamente una chiquita dilata la comunicación de lo que pasó porque con frecuencia los ataques provienen de sus parientes. Y eso demora el diagnóstico. Ahí comienza otro problema porque si se dilata la detección del embarazo, entonces la interrupción de la gestación ocurre a las 24 semanas en un contexto de gestación diferente al que existía a las 19 semanas.

-¿Qué cree que va a suceder con esta neonata de 600 gramos que fue extraída ayer y que está conectada a un respirador?

-La realidad es que la probabilidad de sobrevida de una recién nacida de entre 500 y 600 gramos es extremadamente baja. Y cuando esto ocurre, aun con sobrevida, la probabilidad de que tenga secuelas es muy grande. Hay riesgos enormes de hemorragia cerebral. Por eso no tenemos que llegar a estas circunstancias.

-¿Considera que es correcto mezclar este caso con la discusión sobre el aborto?

-El Código Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación sustentan la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias, como la violación o el riesgo para la vida, o para la salud mental y física. Esto es la ley. La legalización del aborto es otra cuestión. Yo siempre he dicho que este ha sido un debate muy enriquecedor para la sociedad porque antes  se guardaba bajo la alfombra. Pero más allá del rechazo al proyecto en el Senado (sucedido el año pasado), yo pensaba que esto iba de algún modo a consagrar la prevención del aborto en cuanto a la educación sexual integral y a la anticoncepción. Y lamentablemente no estoy viendo eso. Estoy viendo que hay más intolerancia y que ni siquiera la educación sexual integral, que pensé que todos íbamos a aceptar, se cumple. Y en Tucumán hay muchos obstáculos para esto.

-Entre las dificultades que su par tucumana Rossana Chahla mencionó está la actuación de oficio de la fiscala de homicidios, Adriana Giannoni...

-Yo hablé con la ministra (Chahla) anteayer, con quien comparto trabajos colaborativos desde hace mucho tiempo, y me comentó eso. Nadie puede acusar a nadie por cumplir con la ley. Aquí hubo un amedrentamiento. Luego está el hecho de que si bien los profesionales tienen derecho a la objeción de conciencia, también hay que reconocer que una institución pública está obligada a garantizar la interrupción del embarazo cuando existen causales legales. Entonces, tiene que haber profesionales que puedan cumplir con la práctica. Cuidado porque en este caso en particular, de acuerdo con lo que dicen los médicos que hicieron la interrupción, la chiquita tenía presión arterial de 170/120, y eso es una eclampsia grave que pone en riesgo la vida de la paciente. Existe un límite muchas veces muy difuso entre la objeción de conciencia y la responsabilidad médica.

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