El Siprosa evalúa cómo detener el embarazo de la niña de 11 años

Cada hora que pasa complica más la situación delicada de la niña de 11 años que quedó embarazada como consecuencia del abuso sexual que perpetró la pareja de su abuela. Son momentos también difíciles para el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), que ayer informó que iba a interrumpir la gestación tal y como lo habían solicitado la víctima y su progenitora al amparo de la sentencia “FAL”. Pero hasta el momento no había precisiones sobre cómo y cuándo lo harían. Ocurre que la gestación ingresó en la semana 25, avance que complejiza su detención. Fuentes cercanas al caso opinaron que el tiempo apremiaba y que había que actuar cuanto antes.

Gustavo Vigliocco, secretario ejecutivo médico del Siprosa, se limitó a comunicar a la Justicia que iba a activar el procedimiento y que había formado una junta médica. Según trascendió, profesionales y autoridades mantuvieron un encuentro con la víctima y su madre donde abordaron las distintas posibilidades de interrupción del embarazo. Vigliocco no atendió las consultas que le formuló LA GACETA durante la tarde y el Gobierno tampoco emitió un parte para precisar qué pasos seguirá respecto de este caso con repercusión nacional. Pese al hermetismo, trascendió que hay dificultades para conformar el equipo médico que se hará cargo de ejecutar el procedimiento. Objeciones de conciencia, y los temores a posibles denuncias penales y a ataques de otra especie estarían demorando la intervención.

A los inconvenientes del caso concreto hay que sumar una circunstancia adicional y permanente: Tucumán no dispone de protocolo para la atención de las mujeres que quedaron embarazadas tras haber sido violadas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación encargó a los poderes ejecutivos locales la elaboración de ese manual de actuación al dictar el pronunciamiento “FAL”, sentencia que precisa las condiciones del aborto no punible. El portal Chequeado indica que el secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, consignó el año pasado que hay 10 provincias que adhieren al protocolo nacional; seis que cuentan con protocolos propios; cuatro jurisdicciones que no están adheridas, pero utilizan la regulación nacional; y otras cuatro que no tienen protocolo ni adhieren al nacional. Entre estas últimas está Tucumán.

El embarazo cuya interrupción depende del Siprosa fue detectado el 31 de enero en el centro de atención primaria de la salud de la localidad de 7 de Abril. La niña había acudido al establecimiento por un dolor de panza. Ante la constatación del estado de gravidez, la paciente admitió que había sido abusada por la pareja de su abuela, que por estos hechos enfrenta una causa penal en la Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter. La niña no vivía con su madre, puesto que el concubino de esta había abusado de sus dos hermanas mayores (fuentes judiciales informaron que el autor de esos delitos fue condenado y está preso). El 25 de febrero, la víctima y su progenitora peticionaron finalmente la interrupción legal del embarazo en el Hospital del Este “Eva Perón”.

La solicitud pasó por los Tribunales, pero el Siprosa acusó recibo de ella sin necesidad de orden judicial, tal y como establece el caso “FAL”. Esa sentencia de 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga a los Estados provinciales a proceder sin necesidad de judicializar el caso, justamente para evitar que las demoras procesales impidan el ejercicio del derecho a interrumpir el embarazo producido por una violación.