Por Álvaro José Aurane
16 Febrero 2019
El conflicto con el transporte público se veía venir desde el momento mismo en que a fines de 2018 tanto la intendencia como el Concejo Deliberante rechazaron otorgar una suba del boleto. En todo caso, que Germán Alfaro supiera que en la pulseada los empresarios no soportarían la presión fue una sorpresa para quienes lo apodan “El Pícaro”, porque siguen subestimándolo.
Que la pelea entre Juan Manzur y Osvaldo Jaldo contra José Alperovich se profundizaría era lógico. En todo caso, que el gobernador se fuese conciliador a las vacaciones para volver revanchista tomó desprevenidos a los que lo llaman “Juancito” porque sólo lo han visto sonreír. De lo que “José” creyó “su” dirigencia ya no quedan saldos, solamente retazos…
Que en la gatera de Cambiemos se apostarían Domingo Amaya, José Cano, Silvia Elías de Pérez y Alfonso Prat-Gay era conocido. En todo caso, llama la atención que ninguno dé señales de que quiere ser el vice de la fórmula. Por un lado, la senadora y el intendente compartieron una cena para hablar mano a mano por primera desde que asumieron sus cargos. Por otro, el “Colorado” comunica en el interior y en Buenos Aires que va por la gobernación porque el espacio debería probar ir a la cabeza con la “pata peronista”.
Lo que no estaba en los radares de propios ni extraños es que el Gobierno tensara la cuerda con la Corte Suprema por la crisis carcelaria. La advertencia del Ejecutivo de que el superior tribunal podría incurrir en violación de la independencia de poderes, planteada el martes y secundada al día siguiente por la Legislatura, detonó en 48 horas la crisis menos pensada.
Saludo
Hasta el momento, la embestida de los poderes políticos contra el Poder Judicial no alcanza a ser una pelea. Es, más bien, un enfrentamiento de esgrima. Una compulsa en la cual los tiradores no se hieren entre sí, sino que sólo se marcan los toques.
La Casa de Gobierno eligió un estilo ascéptico. Reclamó la extinción de una medida judicial que busca mejorar las condiciones de detención en cárceles y comisarías. Alegó que ese hábeas corpus lleva tres años y cinco sentencias; y sostuvo que cumplió con cuanta obra, informe y audiencia se le requirió. Luego dio la estocada: mantener el proceso es generar una auditoría permanente de los jueces sobre los funcionarios, que excede las potestades de la Justicia.
El Poder Legislativo prefirió un estilo rudo. En tres páginas, adhirió al planteo del Ejecutivo y le recitó a la Corte el artículo 57 de la Constitución provincial: a los funcionarios sólo los interpela la Cámara. Aunque ese florete lleve dos décadas sin ser desenvainado.
Pero en la arremetida, el Gobierno cometió una infracción. Mientras reclamaba el final del hábeas corpus, la Secretaría de Derechos Humanos admitía por escrito el hacinamiento en comisarías. Punto en contra.
Esta “confesión de parte” deja en claro que las comisarías y las cárceles mantienen a los reclusos en condiciones infrahumanas. Tan claro como el hecho de que el reclamo de independencia de poderes por parte del peronismo tucumano es un hecho inédito: su historia gubernamental está escrita en sentido contrario. A lo que se suma que nadie puede estar por encima de la Justicia, ni decirle hasta cuándo mantener vigente un proceso ni hasta qué punto puede investigar.
Léase, las razones legales no asisten a los poderes políticos en toda la magnitud que quisieran. Pero el Gobierno no fue a la Justicia para obtener un triunfo legal, porque la Corte no viola facultades de nadie cuando vela por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ni cuando requiere que se le informe del cumplimiento de sus fallos.
Más bien, los poderes políticos acudieron a dejar un mensaje para el Poder Judicial. Específicamente, que la audiencia pública convocada para el martes próximo, con la finalidad de debatir la crisis carcelaria, y por ende para habilitar una discusión sobre seguridad, es considerada como un hecho político. Ese es para el oficialismo el verdadero avasallamiento.
Por cierto, como el llamado es para el año de los comicios (a punto de ser anticipados, además), el manzurismo fue a “esgrimir” que están al borde de hacer campaña en su contra.
En guardia
La advertencia planteada por el Gobierno se alimenta de otras dos razones. Una, propia del Ejecutivo, es presupuestaria. Cada sentencia del hábeas corpus correctivo representa para el Gobierno obligadas inversiones en los centros de detención. Para la Justicia es una inversión de estricta justicia. Para la gobernación, en cambio, es distraer recursos de áreas como salud, educación o infraestructura. No se trata de que unas sean más importantes que otras, sino de que las demandas sociales que recibe el oficialismo, incluso de parte de los ciudadanos que no lo votan, se refieren a hospitales, escuelas y rutas. Pero no hay clamor de mejores cárceles. La sociedad, en materia de seguridad, es un perro que persigue su propia cola…
La otra razón es de índole política, y sobre ella viene machacando el Poder Legislativo. Jaldo, durante los prolongados períodos en que quedó a cargo de la gobernación, devolvió las críticas sobre la inseguridad ciudadana reclamando a los jueces que no fueran indulgentes con la delincuencia. En vísperas de Navidad, la Legislatura le manifestó su unánime preocupación a la Corte por la tercera prórroga para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, en una resolución que promovió el radical Ariel García con el aval de los presidentes de bloque. Lo que interpreta el parlamento es que, colocándose en condición de auditora, la Justicia elude que también es responsable de la crisis penitenciaria. Marcelo Caponio explicitó esa cuestión, cuando responsabilizó a los Tribunales de llenar las cárceles de detenidos con prisión preventiva.
La metáfora de Thomas Hobbes, referida a que “el hombre es lobo del hombre”, en el plano del poder deriva en que uno se alimenta del prestigio de otro.
Traducido al planteo presentado en Tribunales, en su mensaje a la Corte el Ejecutivo y la Legislatura no se presentan como adláteres de la división de poderes (ya está claro que esa no es la cuestión), sino como dos instituciones que no han puesto en entredicho al Poder Judicial en el plano presupuestario, en el político ni en el electoral. Es decir, se pusieron “en guardia”.
Desplazamientos
La crisis carcerlaria, obviamente, aquí es secundaria. Hoy. Y siempre. Esos lugares colapsaron de capacidad y de inhumanidad hace mucho tiempo. En la “Constitución” comentada y concordada de Daniel Sabsay y Pablo Manili, el egregio Elías Neumann escribe una nota en la que advierte que las cárceles, en la Argentina, nunca fueron sanas ni limpias. Esos nunca fueron lugares para la reforma de los reos, que les permitiera reinsertarse, sino sólo para castigarlos.
El rezo cívico cotidiano, en estas tierras, dice bastante poco de esa realidad.
Hay una minoría involucrada en humanizar los centros de detención, a través de pastorales, ONG y observatorios ciudadanos. A la par, hay una porción importante de la sociedad que se mantiene indiferente, y que va y viene entre el horror y el desprecio. Y un sector, que pareciera mayoritario, que repugnará cualquier mejora sobre las cárceles. Y que repudiará que se destine dinero de los contribuyentes a mejorar la situación de los internos.
Sobre estas dos últimas miradas sociales, de entre muchas razones, resaltan tres. La primera, de corto plazo, es el revanchismo contra la inseguridad. La segunda, que se cocina a fuego lento al calor de un país en crisis sempiterna, es que si ya casi no hay políticas públicas para los libres, ¿por qué habría de haberlas para los presos? La tercera, de largo plazo, es que la sociedad tiene anemia de la aplicación de las leyes. Entonces, quiere que todo el peso de las normas caiga sobre los pocos que van presos, que en general son quienes no tienen poder.
La Argentina ha devenido tan impune que hay pena, pero no hay castigo. El ex presidente Carlos Menem fue declarado culpable por la Justicia de traficar armas y sigue siendo senador nacional.
En Tucumán, los “Cuadernos de la Corrupción” local fueron ignorados y luego extraviados. De las 400 causas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción ni siquiera una prosperó. Los expedientes fueron embolsados y arrumbados nadie sabe dónde.
Entonces, no se trata de que la sociedad no tiene noción de la república, y que sólo una élite de iluminados la defiende. Lo que demasiados tucumanos no tienen es experiencia de la calidad institucional.
Ya estábamos en el siglo XXI cuando a Esteban Jerez, mientras investigaba los delitos en perjuicio del Estado, la Corte llegó a iniciarle un trámite administrativo para que informara por qué, si era fiscal penal de la VI° Nominación, había acuñado un sello que decía “Fiscalía Anticorrupción”…
Hay que decir, por supuesto, que ese era otro tribunal. O si se prefiere, que la actual es una nueva Corte, porque su composición es reciente. La oportunidad de cambiar está servida.
Por lo mismo, ahora que el divorcio con el alperovichismo es sin beneficio de inventario, el Gobierno avisa a que su relación con la Justicia será diferente con respecto a los últimos 20 años.
Y esa es la postdata de su presentación judicial.
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