Un paro de campaña

¿Los colectivos habrían ido al paro si este año no fuera electoral? Posiblemente no y quizás allí radique el fondo del conflicto que dejó a 320.000 usuarios sin servicio y a 4.000 choferes sin cobrar sus salarios. En este pleito se entreveran cuestiones que van más allá de lo económico. Es real que el Gobierno nacional eliminó los subsidios al transporte, pero también que la Provincia firmó una adenda a través de la cual se envían recursos para cubrir una parte de esa quita. En ese intríngulis se halla uno de los puntos críticos y políticos del conflicto, que cada sector lo utiliza a su antojo. En la era de la “posverdad”, la Provincia le achaca culpas al achique macrista y los opositores a Juan Manzur, a la necesidad de quedarse con los recursos que envía la Nación que tiene la administración local. En el medio, los usuarios se quedan a pie o pagan hasta $ 600 por día para ir a trabajar en taxi.

Aquí aparece el otro foco no económico del problema. Gran parte de los empresarios y de los sindicalistas no velan por sus empleados ni por sus representados sino más bien por sus intereses políticos (y económicos) sectoriales. La connivencia entre dueños de empresas y gremialistas es innegable. Un dato: la noche previa al megaacto por el Día de la Lealtad, en la cena organizada por UTA Tucumán estaba el líder local del gremio, el líder nacional del sindicato, el empresario de transporte Jorge Berreta y Manzur (hay fotos, aunque Berreta buscó esquivar los flashes). Otro dato: la premura y oportunidad para armar y desarmar medidas de fuerzas son al menos sospechosas. Como la actitud de los sindicatos afines al Gobierno provincial -como el de Comercio- para defenestrar únicamente al municipio por el paro y no a todos los factores involucrados en tremendo lío que afecta a sus afiliados. Todos están de campaña. El problema es de credibilidad: ante la sociedad, ni unos ni otros cuentan ya con ese atributo.

En la amenaza del intendente Germán Alfaro con la quita de la concesión del servicio a las 14 líneas urbanas también pesó la política (y la campaña). Desde el municipio se entendió que había complicidad entre el manzurismo y un sector empresario para forzar una suba en el precio del boleto. Eso significaría, por un lado, que sea Alfaro quien pague el costo político de esa medida. Por otro, desde ese sector creen que existe algún tipo de pacto de apoyo empresarial para el oficialismo provincial en los comicios. No por nada algunos alfiles del intendente inundaron las redes sociales con recordatorios de la foto entre Berreta y Manzur cenando juntos. El propio jefe municipal recordó cómo pasean gratis los rostros de los hombres del gobernador por los chasis de los colectivos.

También se habla de cierta caja de varios cientos de millones que habría que garantizar para la campaña, pero nadie se atreve a poner la voz para hablar de eso.

Más se sufre, más se festeja

Otra muestra de que el paro habría, mínimamente, sido menos extenso si este 2019 no fuera electoral fue la resolución del conflicto. Tuvieron que pasar 48 horas para que el Gobierno provincial interviniera. Hasta ayer al mediodía, desde la Casa de Gobierno se repetía que el problema era de Alfaro, pese a que hay unas 70 líneas que prestan el servicio en el interior de Tucumán y que dependen de la Dirección de Transporte provincial. Ese organismo, por ejemplo, podría haber aumentado el boleto en el interior y garantizado el servicio por lo menos para todos los de tierra adentro. No lo hicieron.

Tampoco activaron antes lo que sí accionaron ayer: las gestiones con la Nación. Después de tener dos días en vilo a los tucumanos, el Gobierno provincial llamó a los funcionarios del Ministerio de Economía de Macri y se agilizó el envío de unos $ 45 millones en subsidios que se adeudaban del año pasado. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque el impacto del Gobierno salvador que destrabó el conflicto y defendió a los usuarios es mayor tras una agonía más extensa. Política y campaña.

Como la de Alfaro, que erigió como escudo para frenar el embate de la Casa de Gobierno la amenaza de quitar las concesiones a las empresas, algo que los vecinos piden en cuanto micrófono, foro o red social tienen disponible. Apenas un firulete tribunero.