Las batallas invisibles

Antes de 1994 las comunidades indígenas eran prácticamente invisibles. No se las reconocía como tales y quienes se reivindicaban como aborígenes estaban fuera del sistema o apenas asomaban a la mirada ajena en fiestas como la de la Pachamama. Aparte de eso, nada. Estaban fuera de toda la estructura social montada en el país desde tiempos de la conquista. Sí eran visibles los individuos: eran campesinos, obreros, residentes u ocupantes tolerados en tierras que desde tiempos de Colón habían sido adjudicadas a otras personas. Con excepciones como la comunidad de Amaicha que tenía un predio (concesión otorgada, eso sí, por el rey de España) desde antes de la independencia argentina. Pero el resto seguía siendo invisible: de hecho, los habitantes de Quilmes fueron borrados de los Valles Calchaquíes por los españoles y trasladados a Quilmes (Buenos Aires).

Un avance y dos trabas

Invisibles hasta 1994, cuando la Constitución Nacional (art. 75) reconoció la preexistencia de los pueblos indígenas, la personería de sus comunidades “y la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”. Y ahí se visibilizó el conflicto. ¿Cómo determinar quiénes son aborígenes, sobre todo aquellos que, como los Quilmes, habían sido desarraigados y diseminados? y¿ cómo determinar la posesión de las tierras, si hace cientos de años fueron repartidas, tituladas y vendidas a personas que no eran de esas comunidades no reconocidas? Estos dos problemas abordó la ley 26.160, de 2006, que exige hacer el relevamiento de personas que se reconocen como aborígenes, enfrentar el problema de los conflictos por las propiedades ancestrales y luego afrontar la cuestión de la titulación. La primera parte ya se hizo: hay 1.596 comunidades aborígenes en el país, y hasta 2017 sólo faltaban relevar 828. En Tucumán el censo se ha completado: son 18 comunidades. Pese a que mucha gente reclama por la cierta arbitrariedad de este relevamiento basado a menudo en el autorreconocimiento, en Tucumán, al menos, el asunto parece superado. En los 12 años de vigencia de la ley 26.160 (ha sido prorrogada hasta 2021) los pueblos originarios han pasado de la invisibilidad a un cierto reconocimiento de palabra, ya que sus reclamos sean tolerados, con reticencias.

Pero todo es a costa de sudor y lágrimas, porque las otras dos cuestiones problemáticas –el relevamiento de la tierra y la titulación- son difíciles de hacer y por ellas afloran conflictos constantes, que a veces salen a luz. En casos extremos, de modo terrible, como fue el asesinato en 2009 del comunero chuschagasta Javier Chocobar (de Trancas). Por el crimen fueron condenados en octubre pasado Darío Amín (22 años de prisión), el ex policía y ex comando Atila Luis Humberto “Niño” Gómez (18 años) y el ex policía Eduardo Valdivieso (10 años). Tras la condena, la sobrina de Chocobar, Nancy, pidió “el reconocimiento de nuestros territorios ancestrales y la creación de la ley de propiedad comunitaria indígena”. Delfín Gerónimo, referente de la Unión Diaguita, describió que las comunidades “están sufriendo a causa de la falta de titulación de tierras”.

Pedradas y latigazos

Estas tragedias sacan a luz el problema, que es muy complejo y difícil de resolver, lleno de tensiones cotidianas. En noviembre pasado, el emprendedor Jerónimo Critto perdió una batalla invisible cuando trató de tomar posesión (con fallo de la Justicia de Paz) de un predio ocupado en La Costa (Tafí del Valle). Los ocupantes, de la Unión Diaguita, lo sacaron a pedradas y latigazos a él y a su abogado, Martín Terán. Este reclamó que los aborígenes deberían reclamar mediante la justicia y que no se respeta la ley. “Si no, hay dos Estados- dijo-; el de derecho, y el de hecho, que es el que usan ellos”. El cacique Santos Pastrana dio sus razones: dice que el Estado no está haciendo cumplir la ley 26.160 y que los aborígenes, que reclaman la titulación, temen perder la posesión de tierras que están siendo enajenadas por los que tienen títulos, y que estarían obligados por la ley a mantener el statu quo. De hecho, esta norma que exige enfrentar el problema también implica que no se pueden vender predios que se supone son ancestrales. Y no se sabe qué extensión abarcan: en el sitio online apaprensa.com de la comunidad de Tafí (publicación del 16 de noviembre), se informa que se han relevado 60.000 hectáreas en Tafí. El departamento Tafí del Valle (Tafí, Amaicha, Colalao del Valle y El Mollar) abarca 2.741 km2 (274.100 hectáreas). La responsabilidad de estos relevamientos está en la Defensoría del Pueblo y en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), pero las cuestiones no se resuelven: el abogado Terán, que además de defender a Critto también trabaja en la Defensoría del Pueblo, dice que no se ha convocado a los propietarios de tierras para discutir los relevamientos.

Nudo gordiano

El abogado Manuel Santillán, que patrocina a las comunidades de Tafí y de Quilmes en conflictos de tierras (hay unos 400 y muchos se han resuelto mediante negociaciones) dice que el Estado se lava las manos y deja a la Justicia la brasa candente. “La Corte dijo que les corresponde a las provincias realizar esto. Pero las provincias no lo van a hacer jamás. La alternativa es que los jueces complementen esa tarea, lo cual hay que hacer de forma particular y plantear cada caso. Yo intenté una megamedida que se denominó ‘acción de certeza’ para que la Corte establezca cuál es el valor jurídico del relevamiento. Lo pasó a Contencioso Administrativo. Pero esta cámara la lo pasó a Archivo”. O sea, un nudo gordiano. No es un problema judicial, sino político, que tiene que resolver la política, estableciendo los organismos gubernamentales que hagan cumplir la ley 26.160. Si no, se multiplicarán las batallas invisibles.