“La inseguridad está ligada a la desigualdad” - LA GACETA Tucumán

“La inseguridad está ligada a la desigualdad”

Una antropóloga vaticina que el protocolo será “una fuente de mayor cantidad de muertes, no sólo de los que se consideran delincuentes, sino también de la policía, como pasa en Brasil y en México".

23 Dic 2018
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PERÍODOS. Según Frederic, las crisis potencian el flagelo de la inseguridad. LAVOZDELGRITO

“La inseguridad está ligada a la desigualdad”. De eso no tiene dudas Sabina Frederic, doctora en Antropología Social, profesora de la Universidad Nacional del Quilmes y coordinadora del Grupo de Estudio sobre Policías y Fuerzas de Seguridad (Gepyfs). En una entrevista telefónica con LA GACETA, la investigadora del Conicet no duda de que “hay un incremento de los delitos, pero también hay una precarización de la vida que genera inseguridad que se potencia en épocas de crisis como la que estamos viviendo, porque la gente no tiene horizonte de vida, porque no tiene trabajo, porque si lo tiene, tiene miedo de perderlo”. A su criterio, el crecimiento de la delincuencia “está muy asociado al régimen neoliberal y a las regulaciones del Estado que convierten en ilegales ciertas prácticas como la comercialización de drogas llamadas ilícitas que cuanto más se las prohibe más aumenta su rentabilidad y la violencia”.

-¿Existe una incidencia directa de la pobreza en la inseguridad?

-Tiene que ver con la sensación de fragilidad vinculada a la pobreza o con el temor de seguir empobreciéndose de la inmensa mayoría. La inseguridad está ligada a la desigualdad. Generaciones sin oportunidades de trabajo ni de educación entran al mundo delictivo, para no caer o para moverse en la escala social, acceder a bienes que están a la vista y a los que, sin trabajo o con trabajo precario, no pueden acceder. La inseguridad es un fenómeno muy complejo: cualquier experto podría decir también hay inseguridad en épocas en las que no hay crisis. En la Argentina tuvimos un período extenso de crecimiento y aun así el aumento del delito no disminuyó. Eso pasa en otros países de América latina. Lo que cuenta ahí es que ese crecimiento no está asociado a la disminución de la brecha de desigualdad. Hay otros aspectos que tienen que ver con cómo algunas economías como las nuestras, que tienen una porción importante de su actividad fuera del mercado formal, alimentan transacciones ilícitas. Entonces, hay crecimiento económico tanto de la economía formal y como de la informal que implica transacciones ilegales.

-¿Qué puede hacer el Estado para solucionar el problema de la inseguridad?

-Lo que pasa es que hay un problema estructural que no se resuelve. Es un fenómeno que el Estado mismo expande. Resolver ese problema en principio no se consigue habilitando las ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía. Eso es una idea que viene dando vueltas en el ámbito del gobierno nacional desde hace un año, desde la celebración de la conducta del policía Chocobar hasta el protocolo que se aprobó en el Ministerio de Seguridad de la Nación. El protocolo va a ser una fuente de mayor cantidad de muertes no sólo de los que se consideran delincuentes, sino también de la policía como ocurre en Brasil y en México. Es la abolición de la justicia prácticamente; ese no es el camino. El camino es mucho más complejo; implica modificar la situación económica. Muchos de los homicidios que se producen en la Argentina no son en circunstancias delictivas, sino que se producen por conflictos entre personas conocidas, venganzas o riñas. Conflictos que no se resuelven a través de la palabra, sino por medio de la violencia. Entonces la solución tiene varios caminos y algunos no son potestad del Ministerio de Seguridad, son potestad del Ministerio de Economía, de Trabajo, de Desarrollo Social, de Educación y del de Salud. Esos organismos del Estado ofrecen protección a los habitantes de este país. En las últimas décadas han dejado de ofrecerla, porque se ha terminado progresivamente con el Estado de Bienestar y la gente ha sido desprotegida; hay servicios a los que ya no pueden acceder. Todo eso es una fuente profunda de inseguridad entre quienes no están dispuestos a infringir la ley y aquellos que sí, que tratan de ganarse ese bien o servicio por medios que el Estado califica como crimen. Otro gran tema es el mundo del consumo, el valor que tienen los bienes de consumo por sobre la vida. Es un impulso que hace que la gente que trabaja, que se esfuerza para comprar un bien y es robada, termine viendo a ese bien como más valioso que la vida de la persona que lo roba.

-¿Tiene el discurso político de mano dura argentino alguna relación con el “efecto Bolsonaro”?

-El discurso de (Jair) Bolsonaro es lo que se conoce en el mundo occidental como “mano dura” o populismo punitivo, que supone que con más violencia se termina la delincuencia. Son simplificaciones muy grandes del problema que lo que hacen es desplazar el foco. La realidad brasilera es bastante distinta a la nuestra. El fenómeno de la violencia en Brasil es inconmensurable en relación con el nuestro. Es un país que tuvo 700.000 homicidios en los últimos 10 años con una tasa anual promedio de 28 homicidios cada 100.000 habitantes contra 7 en la Argentina. Muchos de estos homicidios responden a la lógica de la venganza, del “ajuste de cuentas”, que incluye a la policía. Por eso el nuevo protocolo de uso de armas letales aprobado por la Nación que alienta las ejecuciones extrajudiciales, y descree de la justicia, va a generar mucha más violencia. Una violencia que va a ir y va a volver sobre la propia policía, porque los delincuentes que sepan que la policía está autorizada a disparar también van a tirar a matar. Esto va a resultar en más policías muertos cuyos compañeros querrán vengar. Es una espiral imparable.

-¿Por qué la sociedad argentina no respeta las fuerzas de seguridad?

-Ese es un fenómeno todavía más difícil de explicar. Por un lado, tenemos en la Argentina en varias décadas de desprestigio de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas producto primero de su actuación durante el terrorismo de Estado; después hechos dramáticos de gatillo fácil como la matanza de Budge y, por último, de un periodismo que durante los años ’90 se encargó de demostrar la corrupción, impericia y negligencia de la policía. Pero hay también un fenómeno de pérdida de autoridad del Estado en general. Padres pegándole a los maestros, chicos desafiando la autoridad de estos. Hay un fenómeno de igualación y de devaluación de la autoridad pública que impacta sobre la policía, pero también sobre los maestros, sobre los profesores, los médicos, enfermeras, etc.

-¿Cómo se puede relacionar con las elecciones que se aproximan?

-Hay personas dentro del ámbito político partidario que tienen mucha más conciencia que la ministra (Patricia) Bullrich de la complejidad del problema. Lo que sí me parece urgente es contener a lo que se llama opinión pública, hay que ofrecer diagnósticos y explicar que más chicos presos o supuestos delincuentes muertos, no es una forma de resolver el problema. Una medida que debería aparecer en las propuestas partidarias es la de tender a reducir la cantidad de fuerzas policiales en las calles porque eso significa más delito en flagrancia. Hay que empezar a equilibrar, empezar a sustituir esa policía por policía de investigación que se dedique a encontrar los grandes negocios delictivos que implican un daño colectivo y una perdida para el Estado. Además hay que ofrecer garantías jurídicas, no solo seguridad policial, para que la gente pueda resolver sus problemas a través de la justicia sin el uso de la fuerza pública o ejercida personalmente. También hay que intentar compensar los problemas económicos que hay en la Argentina, la cantidad de niños pobres con hambre y sin futuro, tiene un costo. Hay que lograr urgentemente una sociedad menos desigual.

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