Maquillando la caja negra policial

Con amplias críticas de voces opositoras y notorio silencio de las oficiales, se envió a la Legislatura el proyecto para reformar el servicio adicional de la Policía. La propuesta, que había sido anunciada en el primer cuatrimestre del año por el ministro de Seguridad, Claudio Maley, toma luz pública en medio de la emergencia de seguridad de este año violento, y fue detonada por la tragedia de Valentín Villegas, hace dos meses y medio. Cuando ocurrió el crimen del adolescente de Yerba Buena, se denunció que en la “ciudad jardín” había más policías en “adicionales” que en servicio activo. Eso puso en jaque al sistema y generó debate en la sociedad. Sin embargo, no parece que el proyecto del Gobierno, de apenas dos carillas, refleje ese debate ni, mucho menos, que vaya a cambiar de raíz este sistema deformado. Y la deformación obedece a varias causas:

¿Cuántos policías hacen falta?

El servicio adicional surgió con la Ley Orgánica (1970) cuando se estableció el número de agentes que necesitaba una provincia como Tucumán, que en ese entonces tenía 700.000 habitantes. Entonces se dijo que eran suficientes los 3.400 policías, o sea uno cada 200 habitantes, una medida similar al estándar internacional (Nueva York tiene 1 cada 235). Se pensaba que los “adicionales” eran para circunstancias excepcionales. Hoy la proporción en Tucumán es de uno cada 170 habitantes y, con la situación de violencia e inseguridad imperante, los funcionarios dicen que son pocos, que deberíamos acercarnos a los números de Salta o Catamarca, que se aproximan a la proporción de uno cada 100. El sistema de vigilancia adicional fue teniendo cada vez más importancia porque la sociedad misma requería vigilancia “personalizada”. A fines de los 90 la Policía empezó a competir con las agencias de seguridad privada, que no tenían la posibilidad de ofrecer vigías con armas, y en cambio la Policía sí. Y además las agencias tienen que pagar cargas sociales y previsionales que no hacen falta en el caso de los empleados policiales, que ya las tienen en su sueldo público. Eso se llama competencia desleal, aceptada por el Estado, que volcó la balanza hacia la fuerza de seguridad pública.

¿Qué deben hacer los policías?

Pero las cifras no acercan al nudo del problema, que es definir si la tarea que hacen –incluido el servicio adicional- realmente brinda seguridad a una sociedad colapsada. Las cifras dicen que no y lo sucedido en Yerba Buena ha puesto en la mira al sistema. Pero una vez que pasó la polvareda –sobre todo debido a que la investigación del crimen de Valentín y la prisión preventiva del acusado, Franco “Tuerto” Valdez, fueron rapidísimas- nada se cambió. Apenas se movieron hombres, con el envío de 50 agentes a Yerba Buena.

¿Hay corrupción con los adicionales?

Varias aristas de corrupción han saltado con la exposición del sistema de vigilancia adicional. La más conocida ha sido la de las llamadas “fichas”, que son las custodias privadas brindadas por agentes en horas de servicio estatal. “Este sistema funciona cuando los jefes envían al personal que debe estar en las dependencias cumpliendo con su deber a realizar trabajos de vigilancia privada”, dijo el agente Víctor Nacusse en octubre, quien hoy dice que no ve en ninguno de los proyectos, ni el oficial ni los opositores, que se aborde este tema, según lo que se ha publicado. Está claro que, pese al gran debate público que hubo desde fines de septiembre, no se dio ninguna reunión de funcionarios y legisladores por esta razón. Cada sector tenía un proyecto y el jueves próximo no se va a estudiar concienzudamente la problemática de los adicionales, sino que se debatirá para aprobar el proyecto oficial de dos carillas.

Fue la corrupción de los adicionales lo que estalló en Yerba Buena, cuando se denunció que en la sede policial decían que no había agentes para acudir en emergencias pero que los comerciantes que lo necesitaran podían gestionar servicio adicional: la fiscala Adriana Giannoni investiga desde entonces una denuncia de 2016 que involucraba a comisarios. Abarcaba “fichas”, robo de combustible para vehículos particulares y compra de armas para servicio privado.

Los debates éticos

Esta cuestión es fundamental: ¿es ético que los policías hagan seguridad privada con elementos del Estado? Esto no se hace en países europeos y, aunque está generalizado en Argentina, hay distritos como Santa Fe, la Capital Federal o San Luis que no lo tienen. Las preguntas éticas brotan: ¿un agente contratado por un comerciante puede abandonar la custodia para perseguir un ladrón? La ley que propone el Gobierno contempla esta salvaguarda (dice: “asegurando la preeminencia del servicio de seguridad pública por sobre el servicio policial adicionado”) pero no hay garantías. Otra cuestión: el servicio beneficia a quienes lo pagan y va en detrimento lógico de quienes no pueden pagarlo. El que paga exige y pone condiciones. El que no paga sólo pide por favor.

De esto se deriva que un servicio público debería tener implícito el imperativo de que esta tarea no es para lucrar y acumular sino para proteger a la sociedad.

Los agentes han reclamado que con los adicionales cubren mínimamente las necesidades de la familia. Un agente en agosto cobraba $ 21.000 de sueldo y $10.000 por trabajos adicionales. No es cuestionable que haya una salida laboral para asalariados con malos sueldos. Pero sí está mal como estrategia estatal. Hay 7.000 familias que viven de ese servicio, dijo Nacusse. O sea que el 80% de los empleados policiales están dedicados a eso.

Fuera de control

Ayer se difundió que el Tribunal de Cuentas volvió a reclamar que la División Servicios Adicionales no se ajusta a las normas de control, que los registros contables son todos informales, que los egresos están identificados de manera precaria y que nadie controla ese dinero, excepto el jefe o el subjefe. Según el TC, en 2017 se manejaron $ 240 millones en esa oficina. Pero no se sabe cómo se movió ese dinero y si hubo más plata circulando, así como no se sabe cómo lo manejaron los comisarios, que por el sistema jerárquico militarizado que tiene la Policía son mandamases absolutos. Por eso suena raro el proyecto oficial cuando dice que los agentes podrán hacer el servicio “voluntariamente”. Un agente que se niega a cumplir una orden de servicio, con la actual ley Orgánica policial, es pasible de castigo de prisión en la comisaría.

Si no hubo forma de que esta oficina diera informes y registrase el funcionamiento del sistema, ¿cómo lo hará esa misma oficina con la nueva ley? Cualquier objeción, en el breve proyecto, está planteada para resolver cuando la norma sea reglamentada. Hasta ahora no se sabe cuántos agentes están haciendo adicionales. Y en el proyecto se añaden cuestiones complejas: Se habla de “bienes y servicios”. ¿Implica que, además de armas y chalecos, se podrán usar motos y patrulleros para el servicio adicional?

El gran debate no se ha hecho todavía. ¿Cuál debería ser la labor del policía para dar seguridad a la sociedad? ¿Hace falta en esto el servicio adicional? ¿Qué opina la sociedad en general de esto? ¿Qué opinan los mismos policías? A esto hay que agregar que, en caso de bancarizar o blanquear los servicios, acaso alcanzaría a los agentes el impuesto a las Ganancias. ¿Estarán de acuerdo?

Está claro que el Gobierno, atorado con un presupuesto en el que el 95% del dinero se va a la planilla salarial, no se plantea un aumento del 30% (independientemente de la inflación) para compensar una eliminación del servicio adicional. Antes bien, propone “organizarlo” e incluso sacarle al agente más plata por comisiones que antes (pasa del 5% al 15%). El legislador opositor Eudoro Aráoz (UCR) dice que el proyecto “no está destinado a resolver el problema de la ‘caja negra’ que implica el manejo de los servicios adicionales”. Así parece. Más bien se asemeja a un urgido maquillaje sobre un sistema que ya lleva 40 años y que con esto espera continuar 40 más.