Los datos de la inseguridad hablan

Datos y más datos. Los problemas que se viven en la provincia se reflejan en las estadísticas. Cuando aún quedan por recorrer tres semanas para despedir el año, la cantidad de homicidios ya superó la de 2017. Según los casos publicados por LA GACETA, se cometieron al menos 117 crímenes, cuatro más que el año pasado. El incremento no es significativo y es muy probable que esté en la media nacional, pero al analizarlos, se puede descubrir que 45 tucumanos perdieron la vida en hechos producidos por la inseguridad.

El panorama es grave. En 2017, según los datos parciales, 17 personas perdieron la vida cuando sufrieron un asalto. En menos de 12 meses, ya son 24 los habitantes de esta provincia los que fallecieron. Y con esa cifra, que representa un aumento de más del 40 % en la tasa interanual, los rojos aparecen por todos lados. Los guarismos alimentan la preocupación. Con estos índices, la provincia pasaría a estar entre las más inseguras del país. Además, dejan al descubierto todas las fallas de los sistemas de prevención.

En Tucumán no sólo se incrementaron los homicidios en ocasión de robo, si no que se mantuvieron modalidades delictivas o reaparecieron otras que parecían controladas. A lo largo de este año, se incrementaron los “escruches”, los “rompevidrios” y no alcanzó el endurecimiento de la Ley para frenar los ataques de los “motochorros”. Los hechos cometidos por piratas del asfalto, el robo de autos y el accionar de bandas -como la que desvalijó una empresa en plena city bancaria o la que intento asaltar el molino de Lastenia y que estaría involucrada en otros atracos- son alertas que se encendieron. Sí hubo un cambio: finalmente se aceptó que los clanes que se dedicarían al narcomenudeo en los barrios son un problema; ahora se los persigue. A “Maxi” Toro, uno de los integrantes de ese grupo familiar de Villa 9 de Julio, no le dan respiro. Al menos un vez por semana realizan allanamientos para tratar de hallarlo. No lo encuentran, pero la presión tarde o temprano dará sus buenos resultados.

Malestar

En las fuerzas policiales existe cierto malestar por todo lo que está pasando. Sienten que están sobrepasados y que el poder político hace poco por ayudarlos. Entienden que la raíz del problema está en las fallas de prevención. Desde hace meses vienen insistiendo con la implementación de nuevas medidas para tratar de revertir la situación; pero nada de ello ocurre. Creen que están perdiendo la batalla por la cantidad de negativas que reciben desde el poder político.

A saber: no se ampliará el presupuesto para el área de Seguridad (ni siquiera se actualizó el del año pasado por la inflación). No se incorporarán más efectivos (se sumaron apenas 300 de los 900 anunciados). No habrá capacitación (se volvió al viejo y fracasado sistema de capacitaciones cortas para los agentes, y hasta muchos de ellos salen a cuidar las calles sin armas). No se solucionará el problema de la crisis carcelaria (actualmente hay unos 1.000 detenidos en las comisarías, y su personal dedica más tiempo a cuidar a los reclusos que a estar en las calles). No habrá, por el momento, entrega de móviles (sólo el servicio 911 estaría funcionando al 50 % de su potencial, y en las comisarías los móviles se amontonan porque no pueden ser arreglados). Y no hay un sistema claro sobre los servicios adicionales (los efectivos se quejan del manejo indiscriminado de algunos jefes).

Los “azules” eligieron la red social WahtsApp para expresar su disconformidad con lo que están viviendo. En un video se vio que un comisario -no un agente cualquiera- lo llevó a decir a uno de los asaltantes del molino que trabajaba como custodio para Darío Monteros, el intendente de Banda del Río Salí. La elección no fue casual: el funcionario bandeño fue uno de los que más “trabajó” para que las actuales autoridades de Seguridad estuvieran en el cargo que ocupan desde hace un año. La foto del colombiano Jorge Cantillo Rodríguez, que fue decapitado en Villa 9 de Julio, también se viralizó en cuestión de horas. Con esa imagen consiguieron que los tucumanos compararan ese crimen con los que cometen los narcos mexicanos.

Monteros no se equivocó cuando dijo que todas estas acusaciones tienen color político. Él, como la mayoría de los oficialistas y los mismos funcionarios, parecieran no entender que la inseguridad adelantó los tiempos electorales. Este es y será el tema que aparecerá en la agenda hasta los comicios del próximo año. Algunos ya lo vieron y están trabajando con los datos que le aportan los uniformados que están molestos. Claro está que, como viene sucediendo desde hace meses, no se están haciendo políticas de seguridad, sino política con la seguridad.

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