Con la nuestra, no

El tiempo electoral potencia los enfrentamientos políticos, agrieta, y si hay dinero de por medio, más todavía. Es normal, pese al reciente acuerdo institucional arribado entre la Nación y la Provincia, que le permite a Manzur gestionar préstamos por hasta $ 1.000 millones con la venia del Ministerio del Interior y del de Hacienda del poder central. Pero basta atender los dichos del secretario de la Vivienda de la Nación, Iván Kerr, para ver la pelea por los recursos. El funcionario pareció decir: “con la nuestra no”. Advirtió, básicamente, que desde Cambiemos no permitirán que el peronismo provincial haga política con los recursos del Estado nacional.

Se puede analizar a la luz de la proximidad de las elecciones, porque ya llegó el momento de sembrar dudas, sospechas y hasta de forzar acusaciones sobre el adversario para después cosechar las posibles adhesiones, supuestamente convertidas en votos. Hay que herir al contrincante, minar su credibilidad o su gestión, hay que reducir su espacio de influencia y de confort; incluso hasta imponer relatos a partir de sostener medias verdades.

Ese es el marco del último entredicho entre la Nación, o funcionarios de Cambiemos, y el Poder Ejecutivo provincial por la construcción de 400 viviendas enmarcadas en el programa federal “Techo digno”. Es una novela que se inscribe en este clima de encontronazos por recursos -principalmente- e intenciones políticas. Ambos lados aportan argumentos hasta razonables para sostener sus respectivas posturas: desde un lado apuntando a la necesidad de mayor transparencia de parte de la gestión local y del otro tratando de exponer que el otro no se quiere enviar dinero para ayudar a mejorar la calidad de vida de los tucumanos. De un lado dan a entender que se quieren usar sus recursos para beneficiar a extraños y del otro exponen que pese al aislamiento nacional están dispuestos a gastar lo propio. Es normal, a esperar más de estas conductas. De un lado acusan al otro de no hacer bien las cosas y del otro dicen que aquel las hace mal. ¿Quién tiene razón? Cada sector trata de convencer al espectador, al ciudadano-elector, que la verdad está de su parte. Es el juego.

La respuesta puede parecer extraña; pero ambos lados tienen parte de razón. La última palabra la tendrá Juan Pueblo. El tema es que no sólo hay que analizar la disputa bajo el farol de la legalidad sino, además, a la luz de los intereses políticos que esconden. Los comicios de 2019 han metido la cola y, seguro, van a frenar indefinidamente la construcción de esas 400 casas, porque entre la documentación exigida y las acusaciones y denuncias cruzadas, el trámite no va a avanzar como para que alguien saque réditos de un corte de cintas antes de la votación.

Lo lamentable del efecto egoísta es la secuela social, porque la demanda habitacional en Tucumán es grande. Baste mencionar que tal vez por la irresponsabilidad de los funcionarios nacionales y provinciales, por las mezquindades, desacuerdos o previsiones que sean, es que en la provincia no se ha entregado una vivienda nueva en estos tres últimos años. No se firmó un solo convenio entre Nación y Provincia para ese fin.

Vaya un dato que lo proporciona la Uocra, el gremio que nuclea a los trabajadores de la construcción: en 2005 había 18.000 obreros en actividad -y afiliados-; hoy ese número se ha reducido a la mitad, a 9.000. “No hay obra pública, y en el sector privado no hay una buena inversión, no toman la cantidad de obreros que se requiere, en vez de 25 hacen trabajar a 10, y van lo más despacio que pueden”, se queja el sindicalista David Acosta para graficar la crisis del sector. Apuesta a que aquellas 400 viviendas se inicien para dar ocupación a 1.000 o 1.500 trabajadores.

En los 12 años de kirchnerismo se habrían entregado 23.000 viviendas (hoy habría más de 3.000 en ejecución, producto de acuerdos de las gestiones anteriores); según consta en la página oficial del IPV; aunque cabe mencionar que por muchas de ellas sobrevuela el fantasma de la corrupción, juicios por enriquecimiento ilícito contra funcionarios del organismo y denuncias que alcanzan a dirigentes políticos por apañar la entrega irregular de viviendas a través de punteros territoriales. En su página web, Alperovich se adjudica como un logro de sus tres años de mandato como gobernador la construcción de 26.000 viviendas. Cifras similares.

Breve paréntesis: desde hace tiempo, por lo bajo -aunque el miércoles en LG Play lo dijo con todas las letras Antonio Guerrero, adversario del senador- se viene deslizando que algunas obras públicas realizadas en Tucumán durante el kirchnerismo podrían ser mencionadas en algunos expedientes de Comodoro Py. Se puede interpretar que el rumor intenta desacomodar e inquietar a Alperovich. O bien que es un mensaje para influenciar sobre el rol que debería jugar el ex gobernador en los próximos comicios. Cualquier interpretación es válida.

En fin, en 2016 la Nación adjudicó un cupo de 2.000 viviendas para Tucumán; de ese total se licitaron 840 para el interior y 1.085 para el Gran San Miguel de Tucumán. Las polémicas 400 iban a ser las primeras a encararse de ese total. Pero no se harán de inmediato. ¿Qué dicen las partes al respecto? Se culpan. Detrás de las explicaciones técnicas que brindan algunos funcionarios asoma la dirigencia con sus discursos políticos con tinte electoralista. No puede ser de otra manera.

Todo se potencia. Se mira y se presenta la realidad acomodada a los intereses particulares. Vale repetir: por la falta de acuerdo entre las partes, hay terceros sin techo que aguardan que las obras se inicien. Son los únicos damnificados, como los engañados por los falsos gestores del IPV.

Hilando fino respecto de la pelea entre Nación y Provincia por estas viviendas, todo esto es para determinar por cuál caja pasará la recaudación de las cuotas de las nuevas casas; y cómo y quién manejará esos dineros. Cambiemos pretende controlar el flujo de esos recursos, especialmente en el año electoral, para que no tengan un destino proselitista. Con toda razón sospechan de los peronistas y no quieren sorpresas. A la vez, siembran dudas razonables sobre sus contrincantes al acompañar la disputa por la falta de documentación para dar el visto bueno a la construcción de las 400 casas con denuncias sobre la ausencia de transparencia en la gestión local.

Kerr fue contundente: no queremos transferir dinero para que la Provincia haga la política que quiera. Más claro, imposible. Menos tampoco puede decir. Casi está obligado a dudar. ¿A dónde irá el dinero de la cuota? Es la pregunta básica. La Nación no quiere financiar obras que generen ingresos que termine percibiendo la Provincia sin ningún tipo de control. Suponiendo que se hicieran las casas, que se entregasen de inmediato, y que las cuotas fueran de $ 4.000 (un 20% de los ingresos de los adjudicatarios), se recaudaría $ 1,6 millón por mes.

El funcionario nacional explicó por qué está frenado el financiamiento, por lo menos por parte del Gobierno nacional, de las 400 viviendas en Tucumán. Indicó que no se llegó al convenio con el IPV porque si bien se superaron las objeciones técnicas no sucedió lo mismo con la objeción financiera debido a que el organismo provincial no habría acreditado factibilidades de servicio. De paso, deslizó que en la gestión “K” no se respetaban las exigencias y que era discrecional la distribución de las viviendas. Algo así como un viva la Pepa.

¿Qué dicen en el Ejecutivo al respecto? Aseguran que las 400 viviendas, que ya han sido adjudicadas (100 en Cebil Redondo, 100 en Villa Carmela, 100 en San José y 100 en Pacará Pintado), han superado las objeciones técnicas -en enero- y las financieras -en marzo último-, por lo que no habría inconvenientes para avanzar en la construcción. Entonces, ¿por qué no se avanza?

La respuesta va por el lado de la resolución 122 de 2017 del Ministerio del Interior de la Nación, que prioriza la entrega de viviendas a personas cuyos ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles ($ 22.600). Para el Gobierno nacional es un techo que no se puede superar para otorgar viviendas sociales, mientras que para la Provincia esa cifra es un inconveniente que impide la concreción de los acuerdos celebrados con sindicatos y mutuales, cuyos afiliados superan ese monto. Y por lo cual quedarían excluidos.

Fue Manzur el que zanjó el conflicto con la Nación al sostener que las viviendas se harán igual, pero con financiamiento propio en respeto a los convenios previos a la resolución 122 que tenía con organizaciones gremiales. Una salida política para escapar de la exigencia nacional y, obvio, para tratar de mostrar por dónde viene la sensibilidad social. Medida con contenido político detrás, sin dudas. Además, oh detalle, las cuotas por esas casas las percibiría la Provincia. Dinero que iría directo a las arcas locales; lejos de la fiscalización nacional.

En la Nación entienden que la Provincia pretende el financiamiento nacional sin poner un peso de sus arcas, y recaudar todo para sí. Jamás lo permitirán, menos a un año de la elección. Según el criterio de la Secretaría de Vivienda nacional, al priorizar a gremios y a personas con trabajo estable -por estar precisamente sindicalizados-, no se atendería a los más vulnerables con estas viviendas sociales. “Es válido que Manzur diga que tiene acuerdos previos con gremios, pero tiene que concretarlos con su dinero”, objeta Kerr. Rechaza la pretensión del PE de firmar con la modalidad anterior a la resolución 122 porque ya lo había acordado previamente con los sindicatos. Razonable, como la decisión de Manzur de avanzar con las obras. Pese a todo, el funcionario se muestra respetuoso del IPV y afirma que es su anhelo llevar adelante planes de vivienda. Aunque, las diferencias de criterios impedirían que surjan nuevos convenios el año entrante.

Lo político-electoral distancia, la proximidad del cronograma electoral potencia las diferencias, casi obliga a mostrarse diferente y a mostrar que son mejores que los otros, por lo menos desde los discursos.

Ahora bien, ¿con qué recursos afrontaría el IPV las 400 viviendas si la Nación no las financia? Con los recursos del Fonavi, por los que la Provincia recibe el 4,20% de lo recaudado por la Nación del impuesto a los combustibles, entre otros.

Uno apela a la legalidad y a las nuevas condiciones que impone la Nación para avanzar con la construcción de viviendas; el otro privilegia acuerdos previos y queda fuera de la operatoria nacional: la consecuencia de ambas decisiones determina que las obras no avancen. Los únicos afectados son los que necesitan un techo para vivir. Lamentablemente para ellos, el año electoral se les vino encima y terminará aplastando sus esperanzas; porque es tiempo de promesas y relatos más que de realidades.