La casa de los concursos para la Justicia de Tucumán cumplirá 10 años el 30 de octubre de 2019. Ese día tuvo lugar la primera sesión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Las autoridades ya se imaginan chocando copas y cortando cintas: Jorge Garber, empresario “especializado” en la obra pública judicial, prometió que en septiembre estará lista la sede del organismo. El Estado pagará al menos $ 47,4 millones por esta edificación. Si no hay contratiempos, la inauguración coincidirá con el aniversario. Pero a este plan redondo le falta algo que el dinero del contribuyente no puede comprar y que nostálgicamente podría ser llamado la mística del principio.
La preselección de jueces fundada en el mérito y con participación de un órgano con composición equilibrada fue el resultado de una judicialización épica. El juicio duró tres años durante los cuales no hubo nombramientos de magistrados. El conflicto se desató cuando los convencionales constituyentes oficialistas aprobaron un mecanismo de concurso con preeminencia del Poder Ejecutivo, que el ex gobernador José Alperovich podía manipular por decreto y según sus necesidades. Esa discrecionalidad “maquillada” estaba a la altura de un Gobierno que había debutado en 2003 con la supresión del Consejo de la Magistratura limitado instaurado en la época de Ramón Bautista Ortega. Volvió entonces la designación supeditada al dedo del gobernador mediante una decisión que, ironías de la vida, promovía la calidad institucional, la “energía moral” y el compromiso con los derechos humanos. En virtud de ese instrumento firmado por Alperovich, y su histórico ministro de Gobierno y Justicia, el hoy ministro público fiscal Edmundo Jiménez, el poder político gozó entre 2004 y 2006 de la potestad para colocar en los Tribunales a quien quisiese.
En ese período de máxima discrecionalidad ingresaron, entre otros, los fiscales Adriana Giannoni, Arnoldo Suasnábar y Guillermo Herrera -se jubiló en 2015 acorralado por las denuncias-, y los jueces penales Juan Francisco Pisa y Mirta Lenis de Vera (también pasó al sector pasivo). El Colegio de Abogados de la Capital advertía que en la selección de magistrados imperaban la amistad y el parentesco con los gobernantes, y que el alperovichismo estaba armando una Justicia adicta, sin garantías de independencia. Tales reclamos desembocaron en el juicio iniciado hace 12 años donde el Colegio incluso consiguió una sentencia favorable en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El diseño vigente del CAM de Tucumán partió del límite a la partidización del Poder Judicial que impusieron en primer término Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, vocales de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
La imposibilidad de nombrar jueces sumada a la incorporación de la jubilación con el beneficio del 82% móvil había estimulado las acefalías y la situación apremiaba hacia 2009. Esa coyuntura fue atendida sin sacrificar la calidad y transparencia de los primeros concursos exentos de la injerencia del Gobierno. El tiempo demostró la hazaña de la gestión fundacional del CAM: con sesiones en lugares prestados y recursos ínfimos, los consejeros comandados por el vocal Antonio Gandur elaboraron el reglamento y sustanciaron 64 procesos que permitieron la cobertura del 77% de las vacantes iniciales. Al término del mandato inaugural, el Consejo proyectaba la eliminación de las vacancias en el bienio siguiente. Ello nunca sucedió.
El ímpetu, el ritmo y los objetivos originales se relajaron. En las gestiones sucesivas desarrolladas a partir de 2011 el CAM se burocratizó y contrajo los vicios de las instituciones “viejas”. De tener una funcionaria escogida por concurso, como establece el reglamento, pasó a disponer de un plantel con 51 agentes, muchos de ellos elegidos en forma discrecional y por sus vínculos con los consejeros. En una década, el presupuesto de los preseleccionadores de jueces -medido en una moneda estable- creció 21 veces: empezó en U$S 100.000 ($ 400.000), en 2009, y terminó en los U$S 2,2 millones ($ 87 millones, donde una tercera parte está destinada a la obra de la sede), solicitados para 2019. Hasta la semana pasada, el CAM había elevado 134 ternas para la cobertura de vacantes judiciales y mantenía 41 concursos en trámite.
El órgano sufrió un primer golpe en 2010, cuando la Legislatura eliminó la posibilidad de llenar varios cargos iguales a partir de un solo proceso, esquema de concurso múltiple en vigor en numerosos consejos del país, incluida la Nación. El oficialismo quería una terna por despacho, aunque ello implicara mayores gastos y prolongar las vacancias con los consiguientes trastornos para la población. Luego el Consejo decidió dedicarse a la capacitación, actividad que también sustrajo energía y tiempo a la función primordial de preseleccionar jueces. Aparecieron las giras oficiales en grupo para firmar convenios con instituciones educativas: la polémica de los viajes -con sus viáticos- consumió sesiones enteras de la última gestión de Daniel Posse, hoy presidente del alto tribunal provincial.
La ley primigenia del CAM sufrió cuatro retoques que menguaron la llama del comienzo, pero ninguna remodelación fue tan peligrosa como la última, que incorporó la magistratura “a prueba” o provisoria. La facultad otorgada al Gobierno de nombrar jueces subrogantes a partir de listas -no ternas- confeccionadas por los consejeros derivó en el caso escandaloso de Ojeda Ávila, el aspirante a camarista provisorio cazado en engañifas varias. La función de confeccionar nóminas para la judicatura precaria fue incorporada al Consejo en 2017 con el aval de los colegios de abogados de la provincia. Esta concesión implicó, para algunos, el certificado de defunción de los postulados que hicieron nacer a la institución. Detrás de las subrogancias apareció la figura del “fiscal auxiliar” nombrado sin concurso y sin controles. A la vuelta de 10 años el contraciclo está a la vista, y abundan los síntomas de deterioro del espíritu original y de retorno al clima de discrecionalidad que determinó la creación del CAM.
