Disparos contra los concursos

Tener el poder en “Trucumán” consiste en disponer del derecho a “llenar” el Estado de empleados y funcionarios. La facultad de entregar cargos sería la manifestación más contundente de autoridad política en esta jurisdicción donada a la empleomanía, donde el presupuesto está básicamente dirigido a pagar sueldos y gastos de funcionamiento de las estructuras que contienen a esos agentes. Si gobernar implica “nombrar” personal, entonces la amplitud del Gobierno está dada no sólo por el número de designaciones sino por la discrecionalidad con las que aquellas son consumadas. A mayor capacidad para dar empleo público sin controles de ninguna clase, mayor poder.

Para atenuar esa “dedocracia” privatizadora del Estado, el clientelismo y la fábrica de “ñoquis”, y procurar la igualdad ante la ley y el principio de idoneidad previstos en el artículo 16 de la Constitución Nacional surgieron los concursos. Este método minoritario sólo consiguió ser instaurado de modo más o menos estable en algunos ámbitos del Poder Judicial, a los fines de profesionalizarlos y fortalecer su credibilidad. Pero la “balacera” a la que están sometidos los concursos denota que su supervivencia corre riesgos: el poder nunca los quiso y los está atacando de frente en su bastión.

“Cada vez que un gobernante denuesta la meritocracia como un modelo clasista y elitista, lo que está haciendo es llevar agua para su molino. Para manejar el Estado como patrón de estancia, primero hay que destruir el mérito”, decía esta semana un príncipe del foro a propósito de la decisión del Gobierno que convirtió en primer ministro de la Defensa a un abogado que acumuló 31 aplazos en las 21 materias que rindió en la Universidad Nacional de Tucumán. La designación de Washington Navarro Dávila acaecida en octubre inauguró la última ráfaga de disparos contra el concurso porque no hubo ninguno: el oficialismo creó ese cargo y le otorgó al Poder Ejecutivo la potestad para cubrirlo en forma discrecional pese a que tal excepción no consta en el inciso 5 del artículo 101 de la Constitución provincial. Tanto no consta que en 2014 la propia Corte Suprema local en pleno impulsó la selección del jefe de los defensores por concurso, a instancias de un proyecto de los vocales Claudia Sbdar y Daniel Posse. En la Legislatura, en cambio, avalaron que Juan Manzur se tomara casi dos años para levantar el dedo índice hacia Navarro Dávila. La mora no sirvió para transparentar la elección sino para adosar a la defensa pública la función de organizar y controlar los comicios desde la Junta Electoral, suma estrafalaria de funciones “made in Trucumán”.

La arbitrariedad se expande también en el órgano dañado por el escándalo del aspirante a juez Walter Ojeda Ávila, un caso de simulación de honores digno de “El talentoso Sr. Ripley”, como sugirió un zorro de los Tribunales. En la última sesión, la mayoría de las autoridades del Consejo Asesor de la Magistratura resolvió aumentar su poder para evaluar a los postulantes con la disidencia de los abogados Marcelo Fajre y Diego Vals -ni el consejero por la minoría legislativa, Fernando Valdez, ni su suplente, Raúl Albarracín, asistieron a la sesión-. El presidente Antonio Estofán; los legisladores oficialistas Fernando Juri y Javier Pucharras, y los jueces Luis Cossio y Elena Grellet acordaron solicitar una reforma legal para elevar el puntaje de la entrevista de 10 a 15 unidades: los cinco puntitos extras serían restados a la calificación del currículum, que pasaría de 35 a 30 -la oposición conservaría 55 puntos-. Si ya en el Consejo de la Magistratura de la Nación abundan las críticas por las “muñequeadas” que perpetran sus integrantes para beneficiar concursantes pese a que la etapa oral del proceso no otorga porotos, es fácil advertir lo que este aumento tangible de la discrecionalidad generará en la institución equivalente de esta provincia, máxime cuando una centésima puede determinar la configuración de la terna. Entre los postulantes cunde el mensaje de que cada vez valen más las relaciones con los consejeros y pesa menos la capacitación: curiosa secuela de la saga “Navarro Dávila-Ojeda Ávila”.

La moraleja es que se pretende salir de la ignominia que generó la distorsión del sistema con nuevas dosis de la misma medicina. Si en el supuesto de Navarro Dávila no hubo concurso sino discrecionalidad pura y dura, el de Ojeda Ávila tuvo como telón de fondo una ley de interinatos judiciales -también nacida de esta gestión- que aumenta las atribuciones del Poder Ejecutivo. Bajan los límites, y suben la precariedad y las impugnaciones hacia la legitimidad y la independencia de los designados. Ello quedó a la vista el jueves, cuando en una audiencia a cara de perro en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción el juez Enrique Pedicone apartó a la funcionaria nombrada sin concurso, María Azucena Sierra de Peñalba, para reemplazar al fiscal titular Alejandro Noguera. Más allá de que la auxiliar no pudo identificar qué norma autorizaba la designación del ministro público fiscal Edmundo Jiménez -tan luego la Ley Orgánica de Tribunales-, su intervención en el acto llamó la atención porque ese nombramiento no había sido publicitado, al igual que decenas de incorporaciones concretadas “dedocráticamente” desde el año pasado en el órgano acusador.

Los concursos tienen un francotirador en el juez jujeño Isidoro Cruz, que verbalizó el pensamiento del poderoso prototípico del Norte argentino. Para ese magistrado, lo lógico es el nepotismo: lo demás es una pose. Cruz dejó tan mal parada a su provincia políticamente aliada a Cambiemos que el abogado del gobernador Gerardo Morales se vio obligado a ensayar una proeza retórica. Luis Conde replicó que el juez había justificado el nombramiento en su juzgado de una sobrina del mandatario, Lucía Fabiana Morales, para hacerle el juego al rival político de su cliente, el senador justicialista Guillermo Snopek (h). El sincericidio que quizá en otras jurisdicciones podría dar lugar a una destitución para Cruz sólo implicó una bajada de cartel: hoy no disertará sobre Bernabé Aráoz en Yerba Buena junto a los dirigentes radicales locales Silvia Elías de Pérez y Mariano Campero, como estaba programado.