Errores eran los de antes

Simone de Beauvoir acertó en la diana cuando enunció que lo más indignante de la indignación era que, a fuerza de repetición y de superación, lo indignante ya no indignaba. Esa familia de palabras es una nota característica de “Trucumán”, geografía aparentemente inmunizada ante el escándalo donde toda exposición de la corrupción y el engaño resulta insuficiente para torcer la propensión a la decadencia. El retroceso avanza: en 2010 todavía regía la regla de que no podía entrar en la Justicia aquel que disimulaba o maquillaba sus antecedentes, o incurría en “errores” imperdonables en función de las circunstancias, que lo desacreditaban a los ojos de la sociedad.

La omisión de que había sido secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a fines de 2003, durante los 15 días que duró la intendencia interina de la oficialista Carolina Vargas Aignasse, obligó a Pablo Martín Mercado a abandonar su pretensión de ingresar al entonces incipiente y minúsculo Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Mercado no había declarado el cargo y Vargas Aignasse, que era vicepresidenta del CAM, intervino en la corrección de las pruebas de oposición y en la valoración de su currículum. La exposición del vínculo laboral entre evaluado y evaluadora puso a prueba al Consejo: en esa coyuntura crítica, Mercado, número uno del orden de mérito, admitió el error y retiró su postulación.

La renuncia era la opción lógica y más sana, según Regino Amado, entonces presidente subrogante de la Legislatura y consejero, y hoy ministro de Gobierno y Justicia del Gobierno de Juan Manzur. “Mercado incurrió en una omisión que nos sorprendió a todos. (...)

Tiene que hacerse cargo de ese yerro y, en mi opinión, eso implica dar un paso al costado. Ha demostrado tener los antecedentes y las aptitudes para aspirar a un cargo público y, si asume que se equivocó y renuncia, estará perfectamente habilitado para presentarse en futuros concursos”, expresó Amado a LA GACETA el 10 de mayo de 2010, en el fragor del affaire. Al día siguiente, el concursante tomó la salida que le había señalado el hoy colaborador de Manzur.

El gesto de Mercado se agranda con los años: es un “renunciamiento histórico” a la luz de lo que, por ejemplo, sucedió en 2014 en el propio CAM con las irregularidades que denunció la candidata Carmen Fontán en el concurso para la Dirección de la Escuela Judicial, cargo que, renovación mediante, desempeña interinamente el plurifuncionario Fernando Ganami y que vencería en diciembre.

¿Dictará la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo sentencia en este pleito añejo, pero tan actual en función de los acontecimientos? Son decisiones significativas en el plano de la institucionalidad desprestigiada de “Trucumán”, pero pequeñas en comparación con la que enfrenta la Legislatura como consecuencia de la designación precaria de Walter Ojeda Ávila.

Todo parece ir en contra del proyecto de Manzur de entregar “a prueba” al aspirante a juez un tercio del poder para filtrar las investigaciones penales y, en el futuro, para controlar también los resultados de los juicios orales. En silencio y con su característico perfil “servicial”, como lo define un príncipe del foro que lo conoce al dedillo, Ojeda Ávila trabajó para sí mismo mientras empujaba la reforma procesal penal bajo el ala del legislador oficialista y factótum judicial Marcelo Caponio. Fue ponente y asesor -¿de hecho?- de la comisión especial que elaboró la nueva arquitectura del sector más delicado de la Justicia, remodelación que incluyó la jerarquización y ampliación de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción que integrará como interino, si los legisladores le dan el acuerdo. Tan cerca estuvo de esa cocina que hasta se presentó como integrante del comité que sólo podían componer representantes de los órganos mencionados en la Resolución 33/2013 del Poder Legislativo. La inconsistencia luce menor al lado de la catarata de interrogantes que abrió su trayectoria, pero no lo es porque el título de miembro surge del “currículum válido” que Ojeda Ávila elaboró luego de reconocer que se había equivocado al entregar a la Legislatura una “versión antigua” en la que consignó que lo habían premiado por no reprobar materias en la universidad cuando su certificado analítico presenta 19 aplazos.

La construcción jurídica y de relaciones públicas de Ojeda Ávila, abogado de origen sencillo reconocido por su habilidad para acercarse al poder (incluido Raúl Zaffaroni), se despeña por el abismo menos esperado. Y todavía falta comprobar en qué consiste ese premio por no reprobar pruebas de Derecho Internacional Público que esgrimió para explicar el error del galardón contradicho por el analítico y cuyos términos conceptuales ya fueron desconocidos por docentes de la cátedra, quienes instaron a Ojeda Ávila a exhibir el diploma y obtuvieron como respuesta un silencio muy decidor. “Si oscurece cuando habla, mejor que se quede calladito”, interpretó un padrino.

Errores eran los de antes. La doctrina “Mercado” no vale para Ojeda Ávila, pese a que la vacante judicial en juego es inmensamente más delicada que la secretaría del CAM, sobre todo porque la designación tiene carácter pasajero. Si ya hay dudas razonables acerca de la capacidad para aplicar la ley con imparcialidad del juez que depende del oficialismo para permanecer en un cargo remunerado con al menos $ 150.000 mensuales, tanto mayores son las dudas si el interino seleccionado por el gobernador es dueño de una biografía resbaladiza, que se desmorona como las torres de arena. La “hazaña” de Washington Navarro Dávila, que logró ser ministro público de la Defensa pese a acumular 31 aplazos en 21 materias, se antojaba imbatible hasta que aparecieron los currículos de Ojeda Ávila. Como advertía Simone de Beauvoir, tal vez en “Trucumán” el acostumbramiento a la anomalía haya llegado hasta el punto de tolerar no sólo que al juez le falte un desempeño académico inmaculado, sino también apego a la verdad.