Por una usurpación, una firma dice que es víctima del Estado

La empresa El Tuyango SA pretende que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise el fallo que libró al Estado de pagarle una indemnización de $ 25,6 millones más intereses por un terreno que particulares usurparon en 2004. La compañía impugnó la sentencia emitida por la Sala II de la Cámara en lo Civil y Comercial Común de esta capital: el recurso de casación que presentó la abogada María Cecilia Salinas expresa que los jueces Benjamín Moisá (preopinante) y María Dolores Leone Cervera dictaron un fallo “que ruboriza el sentimiento de justicia y de independencia judicial”. “Lo realmente injusto y mortificante es que se haya tildado de mala fe y abusiva la conducta de El Tuyango SA pretendiendo hacerlo aparecer como urdidor de una maniobra reprochable, cuando fue la víctima que ha sufrido los embates, desmesuras y ataques de un Estado que se ha alejado de las normas éticas, y se ocupa (...), con el accionar funcional de algunos, de frustrar los derechos de los particulares y dilatar el cumplimiento de sus obligaciones”, dijo Salinas.

Según El Tuyango SA, empresa que pertenece a Ricardo Quintana, ex presidente de la Caja Popular de Ahorros durante el Gobierno de Ramón Bautista Ortega, la Sala II se extralimitó al rechazar la demanda de indemnización por la ocupación ilegal de alrededor de nueve hectáreas ubicadas sobre el Camino del Perú con el argumento de que era prematura y extemporánea. Salinas (el abogado que venía llevando el juicio de expropiación inversa e irregular era Roberto Toledo) manifestó que los camaristas se desviaron del debate propuesto por las partes y que, por ello, la sentencia atacada era nula. Moisá y Leone Cervera resolvieron el 5 de octubre que, antes de pleitear en Tribunales, la firma demandante debía concluir el proceso de avenimiento que había iniciado en el Poder Ejecutivo. La Sala II, además, cargó a la compañía las costas de la primera y la segunda instancia.

En el recurso articulado el 23 de octubre, El Tuyango SA manifestó que en el proceso estaba en juego la propiedad individual, que es la “columna del sistema filosófico y político de Occidente”. “Si no reparamos en que esto es lo esencial, y que mi parte se encuentra privada de su bien desde hace 13 años, podrá apreciarse claramente lo absurdo, arbitrario y direccionado del argumento del fallo”, afirmó Salinas. En el expediente consta que, según la escritura pública de 2005, El Tuyango SA pagó $ 227.000 o U$S 75.000 de la época por el terreno usurpado, y que su adquisición terminó de ser perfeccionada -con la inscripción registral- en 2014. Quintana, por su parte, manifestó que empezó a poseer el inmueble en 1999, cuando la cifra mencionada equivalía a U$S 227.000.

“El fallo (de Moisá y Leone Cervera) es la consumación, casi de modo paradigmático, de la confiscación patrimonial por vías de hecho, pues constituyen vías de hecho aquellos pretendidos actos procesales y jurisdiccionales que carecen de todo fundamento y densidad conceptual”, expresó la letrada Salinas. La profesional reiteró en numerosas oportunidades que El Tuyango SA intentó recuperar el predio ocupado, y que el Estado siempre se interpuso en su camino y postergó una solución.

El sector público se implicó por primera vez en la usurpación concretada “por particulares contra particulares” en mayo de 2004. En ese momento, el entonces fiscal de Estado, Antonio Estofán (hoy vocal de la Corte), y Santiago Omar Suárez, que en ese momento aparecía como propietario de la tierra, acordaron la postergación del lanzamiento de los usurpadores para evitar “un problema social” y “por razones humanitarias”. Salinas aseguró que El Tuyano SA planteó decenas de intimaciones hasta que en 2015 consiguió que, al filo del término de la gestión de José Alperovich, la Legislatura sancionara la ley que declara el terreno de utilidad propia y sujeto a expropiación. Salinas añadió: “la envergadura del asentamiento (donde hoy existe el barrio “11 de Enero”) y su consolidación a instancias de los poderes públicos lograron enervar cualquier orden de desalojo ante una exasperante pasividad del Poder Ejecutivo”.