Todos saben, nadie sabe

“La relación con la política se ha roto”. La frase de Santiago Villegas resuena en el Tucumán descentrado por la inseguridad. ¿Quién va a provocar el cambio después de la muerte de Valentín Villegas? El reclamo interpela a la sociedad cuyos funcionarios no han sabido responder. Esta semana hubo muchos planteos para hacer cambios: desde exigir que los policías dejen de hacer servicios adicionales en bancos y shoppings hasta que se envíen más policías en serio a Yerba Buena o que se cambie el secretario de Seguridad de la “ciudad jardín”.

También fue impresionante el reclamo del padre de Valentín al intendente Mariano Campero y a los concejales con respecto a la falta de vigilancia: “yo sé dónde están los delincuentes; vos sabés dónde están los delincuentes; todos los concejales saben dónde están los delincuentes. Y todos los concejales saben dónde se guarda la guardia urbana municipal cuando tiene que hacer prevención, y no la hacen”. La enumeración, casi surrealista (como el caligrama “Espantapájaros” de Oliverio Girondo), refleja las dificultades de una realidad con los valores distorsionados. Poner eso en carril no va a ser fácil.

Respuestas abstractas

Las autoridades, hasta ahora, han reaccionado con lo que tienen a mano. El vicegobernador, Osvaldo Jaldo, anunció que enviará 50 policías más a Yerba Buena; se ordenó que terminen algunas custodias, consignas y adscripciones que hacen policías y se buscará “adquirir nuevo equipamiento y tecnología para la fuerza”. El intendente Campero, que al crear la guardia municipal, hace meses, asumió el compromiso por la seguridad (como han hecho muchos intendentes) prometió ampliar un espacio con vecinos, concejales y la policía, y proyectos para ampliar las facultades de la guardia urbana y conseguir más equipamientos. Esos guardias ya tienen pistolas a gas. Ahora Campero quiere pistolas eléctricas y, si puede, látigos. Quiere que tengan fuerte reacción frente al delito. ¿Esa es la reacción que esperan la familia y los vecinos? “Recibimos respuestas abstractas”, dijo Luciano Villegas, tío de la víctima, después de la sesión del Concejo Deliberante del jueves, convocada para que se debatiese esta tragedia. Y es que las respuestas suenan huecas, después del reclamo de Villegas: “ustedes no entienden nada”, les dijo.

El primer problema es del Ejecutivo provincial, responsable directo del bienestar de la población. Está trabado por sus limitaciones presupuestarias, que hacen que la inmensa mayoría del dinero para la Policía y la seguridad se vaya a sueldos. Ni hablar de mantenimiento o de funcionamiento de cualquier actividad o programa. Ni edificios, ni vehículos, ni proyectos nuevos, ni cárcel. Y eso que hay muchos proyectos, según el informe que el ministro Claudio Maley envió a la Legislatura hace cuatro meses.

Diezmo para funcionamiento

Apenas volvió a estallar hace tres semanas el reclamo del Tribunal de Cuentas sobre el servicio adicional, se explicó -por enésima vez- que los comisarios usaban el diezmo que cobraban de ese dinero para emergencias cotidianas, como cambio de cubiertas y acaso nafta. es decir, para gastos de funcionamiento. Aunque no se habló de cuánta plata se trata, el TC advirtió que en 2017 habían sido $240 millones que no pasaron por ningún control estatal, como no fuera el de los comisarios, que no quieren hacerlo público y que son cuestionados por los agentes en las redes sociales, porque dicen que muchos los obligan a hacer fichas. Estas son una ilegalidad: los comisarios envían a agentes durante su horario de trabajo a cubrir vigilancia privada en negocios. Esa distorsión de la distorsión está siendo investigada por la fiscala Adriana Giannoni, después de denuncias en este sentido hechas por comerciantes de Yerba Buena, donde había más policías haciendo adicionales que vigilancia de las calles.

Para ser claros: hay un servicio adicional “legal”, que es el que hacen los agentes cuando están de licencia y supervisados por una oficina especial de la Policía; hay otro “ilegal”, que son las fichas, que hacen cuando están de guardia; y hay un tercer servicio adicional libre, que contratan algunos agentes por sí mismos, sin dar aviso a los comisarios. Es que la inseguridad lleva a comerciantes y empresarios a contratar a los empleados de la fuerza de seguridad, que son los únicos en la administración que pueden usar armas. Cuando se organizó este servicio que competía con las agencias de seguridad privada (que no pueden usar armas) se estableció lo que se llama “estado policial”, que obliga al agente a responder siempre en cualquier circunstancia o lugar, lúcido o cansado, de día o de noche. Con esto se trataba de aventar la idea de que no vaya a cumplir con su deber de cuidar a la sociedad aunque un particular le esté pagando por el servicio de custodia.

Dinero fácil

Por detrás del nombre del servicio hay una realidad de dinero fácil y accesible -gran parte se paga al contado y en el acto- que está distribuida por todas partes. Desde el quiosquito más pequeño hasta los boliches del interior, los bancos, las empresas, las entidades oficiales. Cada vez que hay fiestas en boliches en fines de semana habría que chequear dónde están los policías de las guardias urbanas, de infantería o de otros servicios. Sin hablar de irregularidades, sino sólo de distorsión laboral.

Pero es la traba presupuestaria básica de la Policía la que fomenta la existencia de esta distorsión. No se concibe que se vaya a poder sacar de un plumazo el servicio y se les vaya a dar un aumento de un 30% (como pretende un proyecto de ley) y mucho menos de un 50%. El agente Víctor Nacusse dijo que deben ser unos 6.500 policías los que hacen el servicio adicional, y que con eso juntan un 50% más del sueldo que perciben. ¿Cómo van a cambiar esta realidad trabada?

En cualquier caso, el debate ahora está urgido por la tragedia de una sociedad asediada por la inseguridad, que ya está superando el centenar de homicidios en lo que va del año. Y de las urgencias de las emergencias no han salido soluciones, que se sepa. Ni el endurecimiento de leyes, ni las normas de encarcelamientos masivos ni la brutalidad consentida han llevado a pacificar la sociedad y por eso la emergencia está en debate, por ley, desde hace tres años. El servicio adicional, que lleva décadas, es muestra de una sociedad compleja y su resolución tendrá que ser resultado de un arduo debate, como otros temas policiales, ya sea asuntos internos, ya sea contravenciones.

El problema de la cantidad

En realidad el servicio adicional responde al esquema de seguridad policial socialmente aceptado: un tipo parado en una esquina o en un negocio o en la puerta de una casa. Suena bien. Con esta idea, sólo con tener la cantidad suficiente de policías ayudaría a tener una sociedad segura. Uno cada 200 habitantes es la medida internacional. Pero como en toda la provincia, de los 8.800 agentes están trabajando sólo 1.946 en cada turno, resultaría que así estamos muy faltos de hombres de seguridad. Por ello es que la caída del servicio adicional no está en el pensamiento de los funcionarios. No hay cómo reemplazarlos en este esquema. Prefieren hombres cansados que hagan vigilancia extra antes que el vacío. Y encima esos hombres cobran unos pesos cada día.

Ahora bien, detrás del presupuesto y de la cantidad necesaria de agentes, ¿hay alguna respuesta que salga de lo que se hizo siempre? “Ustedes no entienden nada”, les dijo Villegas, que reclamó también por lo que sucede en otras partes de la provincia como la tragedia del fin de semana pasado en el barrio Echeverría. La Policía tiene sus respuestas. Detiene a mucha gente y por eso están las cárceles y las comisarías llenas. No sabemos si esas detenciones están bien hechas, pero para los agentes son la medida de su efectividad. Dicen que de eso saben. Acaso también saben de esclarecimiento de hechos, pero eso es post delito. Lo que verdaderamente no saben es cómo hacer prevención. La confunden con reacción. Dicen que los delincuentes y los violentos son impredecibles y por eso siempre los policías están yendo a los lugares después de que se produjeron los hechos. Parecen el caligrama de Girondo: “yo no sé nada, tú no sabes nada... nosotros no sabemos nada”. Pero esa respuesta ya no basta. Es efecto de un modelo de seguridad que está en crisis, y por el que están siendo interpelados policías y funcionarios. Villegas les reclamó en sentido inverso, les dijo que todos saben. El debate ahora es qué hacer con lo que se sabe, y lograr prevención de verdad.