Indiferencia por la inseguridad

En los 80, los tucumanos aspiraban a vivir en un departamento para escapar de la inseguridad. Cerraban las puertas y salían tranquilos. En los 90, cuando comenzaban crecer los robos en esos inmuebles y los arrebatos en las calles, empezaron a buscar lugares más tranquilos, como Yerba Buena. En los primeros años de 2000, al hacerse cada vez más comunes los escruches, optaron por encerrarse en los countries porque un ejército de vigilantes podrían protegerlos. Hoy hasta en esos lugares son víctimas del accionar de ladrones. No una vez, sino dos veces en menos de una semana, como le tocó vivir a los habitantes de uno de ellos.

La inseguridad se instaló para quedarse. No es culpa de uno de los poderes, sino de todos. Es el fruto del descontrol y el desinterés de los dirigentes en tratar de revertir la situación. Hoy pretenden reaccionar, pero es tarde. La desidia con la que se manejaron durante años hará muy difícil tratar de cambiar las cosas. Hace ya por lo menos cinco años que el presupuesto para seguridad no se actualiza ni siquiera con los índices de inflación. Hace más de cinco años los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila habían advertido sobre la crisis carcelaria: en esos días había casi 700 detenidos en las comisarías, hoy hay por lo menos 1.000. Hace más dos años que la provincia se encuentra en Emergencia de Seguridad, pero ni siquiera con esa herramienta el PE intentó cambiar el rumbo. Hace más de dos años que la Legislatura sancionó una Ley para que las mujeres víctimas de violencia de género sean protegidas, pero en 2018 se duplicaron los femicidios con respecto a 2017.

El ministro de Seguridad Claudio Maley sigue firme en el cargo, pese a las críticas que viene recibiendo en los últimos tiempo. Hasta el mismísimo vicegobernador Osvaldo Jaldo respaldó su gestión ante todos los jefes de la fuerza. Pero los márgenes de acción se reducen con el correr de los días. El funcionario presentó varios proyectos, pero ninguno de ellos se pudo concretar por falta de financiamiento. La única partida extra que logró conseguir llegó con retraso y una importante parte se licuó con la última escalada del dólar. Tampoco, por el momento, se sabe qué dinero recibirá por la venta de acciones del Banco del Tucumán. Todas estas situaciones sirven para entender por qué Miguel Gómez abandonó sorpresivamente su cargo de secretario de Seguridad al poco tiempo de haber asumido.

La muerte de Valentín Villegas, tal como pretenden sus familiares, visibilizó los problemas que se viven en la provincia. Dejó al descubierto que en Yerba Buena hay más policías haciendo servicios adicionales que cuidando las calles y que los cuerpos de vigías municipales pueden colaborar, pero no acabar con la inseguridad. Banda del Río Salí, que la mayor cantidad de guardias urbanos de la provincia, es la segunda ciudad donde más homicidios se registraron en lo que va del año. El combo droga-motochorros ponen en jaque a una ciudad que no sabe lo que es vivir en paz desde hace bastante tiempo.

Esas noticias golpean a los miembros de una fuerza que sabe que está sobrepasada por la realidad. Sin hombres suficientes, sin móviles y sin una línea clara sobre qué hacer, es difícil hacer prevención del delito. Por eso no sorprende el incremento de crímenes en situación de robo: son al menos 32 en lo que va del año, casi un tercio de todos los 98 que se registraron en 2018. Los policías se sienten que son el jamón del sándwich. Son el blanco de las críticas porque los que deben conducirlos no saben cómo hacerlo y que tampoco tienen respuestas a sus planteos. Nadie reconoce que hoy deben estar más preocupados en cuidar a los presos que en hacer prevención en las calles. También denuncian que están sobrepasados de tarea por la falta de hombres. La División Homicidios tiene cinco equipos de ocho hombres cada uno para investigar los casi 100 crímenes que se produjeron. Sin gente y sin tecnología, es muy difícil que una pesquisa llegue a un rápido esclarecimiento, como exige la sociedad.

Lo que sucede con la inseguridad es una cuestión política. El PE sigue sin tomar las decisiones necesarias para intentar cambiar la dura situación que se vive en la provincia. Los legisladores también mantienen un obsecuente silencio. Tienen todas las herramientas legales y pruebas necesarias para exigir un cambio en el área de Seguridad. Los oficialistas no lo hacen por temor a sufrir represalias. Los opositores tampoco lo hacen porque dicen que no son escuchados. En el medio, la sociedad observa perpleja lo que está sucediendo en las calles. No pueden creer que exista semejante indiferencia.